Con la ayuda de los gobiernos y los bancos centrales, los
grandes fondos de inversión se han lanzado a la conquista del mundo. Hoy, los
megafondos controlan casi todos los sectores de la economía: desde la vivienda
a la sanidad privada, desde la banca a la gran industria, desde las
tecnológicas al negocio de la deuda. El inicio de la era de los megafondos
obliga a revisar todo lo que creíamos saber sobre el poder corporativo y cómo
se lucha contra él.
La crisis del 29 arruinó a cientos de miles de campesinos en
Estados Unidos. Los bancos se quedaban con sus tierras. Los desahuciados,
cuenta John Steinbeck en Las uvas de la ira, increpaban y tiraban
piedras al tractor que aplastaba sus casas. “No somos nosotros, es el
monstruo”, les decía el vecino que conducía el tractor. “El banco es algo más
que hombres, créeme. Es el monstruo. Los hombres lo crearon, pero no lo pueden
controlar”.
Ya entonces era difícil saber dónde encontrar y, más aún, cómo luchar contra ese monstruo que “respira beneficios y se alimenta de los intereses del dinero”. 80 años después de la publicación de este libro, resulta aún más complicado saber a quién culpar, hacia dónde tirar la piedra. A golpe de crisis económica, el monstruo ha cambiado de cara y de forma. Y ha conseguido multiplicar su poder, aunque no ha variado su esencia, al menos según la definición de Steinbeck: el alimento del monstruo son los beneficios y si no se le alimenta, muere.
El control del sistema financiero y, desde hace unos años,
de buena parte de la economía real ya no lo tienen los bancos, sino una
compleja red interconectada de distintos fondos de inversión y gestoras de
activos. Son los nuevos dueños del planeta.
El investigador de la Universidad de las Islas Baleares Iván
Murray define lo que ha pasado en la última década como una “auténtica
revolución” en las dinámicas del capitalismo global. “Ya nada es lo que era”.
No solo ha cambiado el accionariado de las empresas y de los
bancos. La era de los fondos de inversión ha trastocado la forma de hacer
negocios, ha cambiado las relaciones laborales, la independencia de los Estados
y hasta el concepto mismo de democracia. También ha cambiado la forma de luchar
contra este renovado poder corporativo. El primer paso para enfrentarse a él es
conocerlo.
Conozca a los amos
BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, Blackstone,
Capital Group o Cerberus son algunos de los nombres de estos fondos de
inversión. Captan capitales de las pensiones privadas, de inversores
particulares, de otros fondos o bancos de inversión, de fondos dependientes de
los Estados, incluso de dinero negro del narcotráfico, el comercio de armas y
otras actividades ilegales, e invierten en todo el mundo sin apenas límites ni
controles. Hay muchos tipos y a los más voraces se los conoce popularmente como
fondos buitre. Pero todos se rigen por una misma regla, simple y antigua:
comprar barato y vender caro. Para recuperar la inversión y asegurar las tasas
de beneficio prometidas a sus inversores harán lo que sea.
No dependen de los bancos centrales ni de los Estados, ni se
someten a ninguna legislación internacional bancaria. Suelen operar desde
paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos, garantizar el anonimato de
sus inversores y eludir cualquier tipo de supervisión pública. Son la banca en
la sombra.
Tras la crisis de 2008, el crecimiento de estos fondos ha
sido espectacular. BlackRock es hoy el fondo de inversión más grande del mundo
y tiene nueve billones de dólares en activos, equivalente a siete veces el PIB
español, el 10% del PIB mundial, el doble que el banco más grande del mundo. Si
BlackRock fuese un país, sería la tercera potencia mundial, después de Estados
Unidos y China.
Y eso solo contando con sus propios activos. BlackRock
dispone de un software propio de análisis de riesgos llamado
Aladdin basado en el big data y la inteligencia artificial. La
empresa fundada en 1988 por Larry Fink no se ha quedado para sí misma el
invento, y lo ha compartido con las entidades financieras dispuestas a pagar
por él. Los activos de empresas gestionadas a través de Aladdin superan los
21,6 billones de dólares, el equivalente al PIB de toda la Unión Europea o de
Estados Unidos. Las empresas y países —Japón entre ellos— que utilizan Aladdin
preguntan al genio de la lámpara dónde invertir y BlackRock responde.
La caída de Lehman Brothers en 2008 arrastró a bolsas y
bancos de medio mundo. Sus activos no representaban ni una décima parte de los
de BlackRock. La frase “demasiado grande para caer” se inventó cuando nada
parecido a esto podía siquiera imaginarse.
BlackRock comparte el altar de los megafondos con Vanguard
Group, que tiene activos por el valor del PIB español, y con State Street. Se
las conoce como “las tres grandes”. Poseen cerca del 20% de las mayores
empresas del Dow Jones y un porcentaje parecido en buena parte de las grandes
bolsas del mundo. Su cercanía con el poder político les ha permitido saltarse
todas las leyes antimonopolio y los controles que limitan la voracidad y la
solvencia de otros instrumentos de inversión mucho más modestos.
La supremacía de los fondos de inversión en esta nueva era
económica se sustenta en una gran paradoja: nunca el mundo de las finanzas
había sido tan complejo y enrevesado y, a la vez, nunca había estado en tan
pocas manos
La era de los grandes fondos de inversión ha trastocado
todo, también la forma de hacer negocios, explica Erika González, investigadora
del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL): “La
financiarización supone una vuelta de tuerca más: los fondos exigen
rentabilidad en el menor plazo de tiempo y han hecho saltar por los aires
cualquier tipo de límite y exprimen aún más las condiciones laborales,
ambientales o sociales para obtener los beneficios”.
La era de los fondos
Desde hace años, BlackRock es el principal accionista del
Ibex35. No hay una sola gran empresa española en bolsa que no cuente con
financiación de esta gestora. Controla entre el 3% y el 5% de 19 de
ellas.
No hay sector estratégico que no haya sido copado por los
fondos de inversión. Que gire la rueda. Hablemos de vacunas. Los tres grandes
fondos controlan el 20% de Pfizer, que ha conseguido triplicar su cotización
gracias a la vacuna contra el covid-19. En Johnson&Johnson, las ‘tres
grandes’ tienen el 21%. En AstraZeneca, BlackRock es el principal accionista
con un 7%. En Moderna, cinco fondos controlan el 29%.
Que vuelva a girar la rueda. Toca hablar de la banca. Los
tres grandes fondos de inversión controlan el 19% del accionariado de Goldman
Sachs y una cifra equivalente de JPMorgan. Lo mismo ocurre con las entidades
españolas: los bancos figuran como grandes accionistas de muchas
multinacionales españolas, pero, a su vez, están controlados por estos mismos
fondos de inversión.
Probemos una última vez. La deuda. BlackRock vuelve a
aparecer como uno de los principales acreedores de los países del Sur. En 2020
fue uno de los interlocutores más duros en la renegociación de la deuda
argentina. Poco a poco, los fondos de inversión han ido desplazando a los
tradicionales dueños de la deuda, los grandes bancos de inversión, y hoy se han
convertido en el principal actor de este negocio especulativo tanto en el Sur
como en Norte.
No importa dónde se mire o hacia dónde gire la rueda: ya sea
la sanidad privada o las residencias de mayores, la vivienda o las grandes
tecnológicas, las energéticas o la industria química, las llamadas economías de
plataforma o los medios de comunicación. No se puede escapar del poder de los
fondos de inversión.
Cómo hemos llegado hasta aquí
La metamorfosis del sistema financiero fue impulsada por los
gobiernos y bancos centrales de ambos lados del océano. Décadas de políticas
neoliberales —explica Gónzález—, de liberalización, de privatizaciones y
desregulación de la economía financiera, de eliminación de mecanismos de
control, crearon las condiciones óptimas para la financiarización de la
economía y el crecimiento del poder de los fondos.
Pero fue la política económica de EE UU para salir de la
crisis de 2008 la que terminó de abrir las puertas a la era de los megafondos.
El Departamento del Tesoro realizó compras de bonos y acciones “que se estaban
devaluando o que se devaluarían si no lo hacía”, explica Murray, por valor de
más de tres billones de dólares hasta 2014. La política de expansión monetaria
de la Reserva Federal se convirtió en una transferencia de dinero público y
fresco hacia los fondos de inversión y las corporaciones “para que el casino
financiero no se pare”, señala Murray. La estrategia fue copiada por el Banco
Central Europeo (BCE): en marzo de 2015, lanzó su propio programa de expansión
monetaria con la compra masiva de deuda pública y privada a razón de 60.000
millones de euros al mes.
La política de la Reserva Federal y el BCE aumentó “de forma
espectacular” la capacidad de compra de esos fondos, argumenta Murray, una
situación que aprovecharon para hacerse con acciones devaluadas en miles de
empresas, gigantescos paquetes de vivienda de los bancos en bancarrota o con el
control de la deuda de los países del Norte y del Sur.
“Si la década de los 2000 fue la de los ejecutivos del banco
de inversión como JPMorgan o Goldman Sachs, la siguiente década fue la de los
ejecutivos de los fondos de inversión”, apunta Murray. Había empezado la era de
los megafondos.
La alfombra roja
En España, la entrada en la era de los megafondos no hubiera
sido posible sin los esfuerzos de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero
y Mariano Rajoy. Para salir de la crisis, hicieron todo lo posible por
resucitar el negocio de la vivienda con el flujo de capital de los fondos de
inversión. Según cuenta Manuel Gabarre, autor del libro Tocando fondo (Traficantes
de Sueños, 2019), España se convirtió en los años posteriores a las quiebras
bancarias en un paraíso para la especulación. “A los fondos de inversión se les
puso la alfombra roja”, señala.
En 2009, el Gobierno del PSOE introdujo las socimis,
sociedades anónimas de inversión en el mercado inmobiliario, una figura que,
tras la reforma del PP en 2013, ahorraba a los fondos de inversión el pago del
impuesto de sociedades y el 95% del impuesto de transmisiones. El PP también
reformó la ley de alquileres para que los propietarios pudieran subir los
precios y echar a los inquilinos a discreción cada tres años. Con estos regalos
y unas rentabilidades difíciles de encontrar en otros lugares del mundo, las
socimis se hicieron con una parte importante del mercado de la vivienda: las 90
socimis que hay actualmente en España controlan un patrimonio de 46.000
millones de euros, según el Banco de España. Entre sus principales accionistas
tienen a los grandes fondos de inversión —BlackRock, Blackstone, Cerberus— y a
bancos de inversión como Goldman Sachs, que se aprovecharon de la venta a
precio de saldo de cientos de miles de viviendas por parte de bancos, cajas e
instituciones públicas. No importó nada al “monstruo que se alimenta de
beneficios” que en las viviendas que compraban hubiera gente dentro, familias
que no podían pagar la hipoteca o afrontar en plena crisis aumentos de hasta el
300% en su alquiler.
Tras el estallido de la crisis, la demanda de viviendas en
alquiler se multiplicó y los fondos coparon el mercado. Actualmente conforman
la primera línea de los lobbies inmobiliarios que se enfrentan
a la regulación de los alquileres.
La sombra de los megafondos
Los fondos de inversión han conseguido una mayoría
accionarial en buena parte de las compañías y comienzan a ser el principal
tenedor de deuda alrededor del mundo. ¿Esto supone que mueven los hilos
políticos de esas empresas y de la política económica de los Gobiernos y el
mundo? ¿Actúan con una sola voz?
Existen muchos tipos de fondos de inversión. Sin ir más
lejos, BlackRock y BlackStone tienen un origen compartido, significan
prácticamente lo mismo —piedra negra—, pero tienen modelos de negocio
diferentes. Blackstone es oportunista, cortoplacista, agresivo, una “plaga para
las ciudades”, tal como lo definió el teórico marxista David Harvey, un fondo
buitre que compra bienes devaluados y está dispuesto a cualquier cosa para que
el retorno de la inversión sea el esperado. Tan rápido como llegan se van.
BlackRock, en cambio, trabaja a largo plazo. Sus fondos
provienen sobre todo de las pensiones privadas de EE UU y, al igual que
Vanguard, “tiene proyectos políticos de mayor calado, su vocación es llevar la
batuta del capitalismo global”, explica Murray. No tiene grandes
participaciones en empresas, dice este investigador, pero está presente en
prácticamente todas las grandes compañías del mundo. “Eso es algo novedoso en
la historia del capitalismo”, subraya. A partir de ahí, continúa Murray, “han
dado el salto y han pasado a pilotar las políticas públicas y económicas”. Son
tan estrechas las relaciones entre los fondos de inversión y los Estados que
cada vez resulta más difícil saber dónde empieza uno y termina otro. Hasta hace
unos meses la persona con más poder económico del planeta, el secretario del
Departamento del Tesoro de EE UU, era Steven Mnuchin, un millonario afín a
Donald Trump que había hecho una fortuna en Goldman Sachs y, luego, en diversos
fondos de inversión. El secretario del Tesoro entre 2003 y 2006, John W. Snow,
es actualmente presidente de Cerberus que tiene 23.000 viviendas en venta en
España.
No solo los republicanos dan la llave del tesoro a los
megafondos. La trayectoria del demócrata Brian Deese es un buen ejemplo de
puertas giratorias en ambos sentidos: sirvió a Barack Obama como asesor,
BlackRock vio algo en él y lo contrató como ejecutivo de inversiones. Ahora,
con la llegada de Biden, preside el Consejo Económico Nacional.
Las puertas giratorias entre las más altas instituciones
financieras y los negocios especulativos son la regla. Pero no son la única
forma que tienen los megafondos de influir en la política. Uno de los secretos
del éxito de BlackRock es, según analiza Investigate Europe, su talento para
“usar varios sombreros” sin acabar en los tribunales. Este megafondo ha
conseguido ser el mayor inversor del mundo y, a la vez, aconsejar a gobiernos y
bancos centrales dónde invertir a través de sus servicios de consultoría.
Una de las primeras medidas del Gobierno de Trump frente a
la crisis del covid-19, a finales de marzo de 2020, fue contratar a BlackRock
para que comprara miles de millones de euros de deuda corporativa, un conflicto
de intereses en toda regla, ya que el propio fondo controla buena parte del
mercado al que iban dirigidas las compras. No era la primera vez que la Reserva
Federal recurría a los servicios de consultoría del megafondo: en la crisis
iniciada en 2007, la Reserva encargó la gestión de los activos de Bear Stearns
y AIG. “El potencial de un conflicto de intereses es grande y es muy difícil de
controlar”, dijo entonces el senador republicano Chuck Grassley, que ya
señalaba la importancia que tenía en la estrategia de la empresa la información
privilegiada y sensible que obtenía de su relación con las
administraciones.
En agosto de 2014, pasaba lo mismo del otro lado del océano:
el BCE —en manos de Mario Draghi, otro hombre de Goldman Sachs— designaba a
BlackRock como gestor de su programa de compras de activos. Dos años antes, el
Banco de España seleccionó al megafondo para que le asesorara en la creación
del banco malo. Las protestas de la banca española al final lo impidieron. ¿Qué
pasaría ahora si volviera a pasar algo así, cuando BlackRock ya es de lejos el
primer accionista de todos los bancos españoles?
Y no es necesario irse tan lejos. En abril de 2020, la
Comisión Europea elegía a BlackRock como asesor principal para incorporar
criterios verdes y sociales en las finanzas, una concesión que supone para la
defensora del pueblo europea, Emily O’Reilly, un “conflicto de intereses” que
puede “afectar negativamente a la ejecución del contrato”. Erika González
señala el peligro de que la crisis generada por el coronavirus se convierta en
una nueva plataforma para el crecimiento de este poder financiero global. No
solo serán los principales beneficiados de los 750.000 millones de los fondos
Next Generation, dice, sino también quienes se lucrarán en primera instancia
cuando los Estados endeudados tengan que devolver el dinero invertido para
sortear la crisis del covid-19.
Los fondos nutren de altos ejecutivos a las más grandes
autoridades económicas y los fondos se nutren de ellas, los asesoran y
desarrollan parte de sus decisiones. Pero el poder de estos megafondos va más
allá. Para Murray, el principal poder de estos gestores de activos es la
amenaza siempre latente de una retirada masiva de inversiones. “Te dicen que
están aquí para asegurar el retorno de esas inversiones. Si no lo consiguen, se
van. Ahí es donde ejercen la fuerza y van articulando su proyecto político”,
sostiene. A través de una “estructura de tipo oligopolística”, explica Murray,
están poniendo en jaque el posible desmontaje de la reforma laboral: “Los
inversores o los fondos que representan quieren unos retornos rápidos y altos,
no quieren los costos que podría suponer una mayor estabilidad y unas mejores
condiciones de trabajo. Si cambian las cosas, amenazan con largarse y, con su
huida, provocar un colapso de las cotizaciones bursátiles que arrastraría a la
economía real”.
En 2018, el primer Gobierno de Pedro Sánchez retiró de su
reforma de los alquileres la regulación de los precios después de que
Blackstone y otros fondos amenazaran con irse de España. Esta medida sigue sin
incluirse en la ley de vivienda, a pesar de que el PSOE se comprometió a ello
dos veces por escrito con sus aliados. Las presiones no vienen solo de
Blackstone o Cerberus, que en 2018 compró el 80% de la inmobiliaria del BBVA.
BlackRock tiene intereses en cuatro de las seis principales inmobiliarias
españolas. Los principales fondos de inversión con intereses inmobiliarios
tienen hasta su propia patronal, ASVAL, presidida por el exministro y alcalde
socialista de Barcelona Joan Clos.
El trabajo de Investigate Europe negaba ese supuesto carácter
“pasivo” y no intervencionista del que alardea BlackRock. Según este estudio,
el megafondo tiene claros sus objetivos: contrarrestar cualquier tipo de
regulación financiera que pueda poner límite o control a su actividad y liberar
para la inversión el mayor tesoro al que todavía no ha podido meter mano: los
sistemas de pensiones públicas.
Qué pasa con la democracia
Da igual el partido que esté en el Gobierno, da igual lo que
decida la población en las urnas, sostiene Erika González, cuando las mejores
intenciones chocan con la “constitución económica global”. No ha sido aprobada
ni consensuada, pero es la más sagrada de las constituciones, continúa esta
investigadora. Son miles de normas que blindan los intereses de las
transnacionales y el capital financiero, ambos dominados desde hace años por
fondos de inversión. Frente a esta constitución del capital, poco queda del
concepto antiguo de democracia: “Grecia es un ejemplo de lo que supone esa
constitución económica global y cómo esa garantía de rentabilidad prevalece por
encima de los derechos fundamentales de las mayorías sociales”. La complejidad
del sistema financiero no es casual, sostiene González: “Hay un relato oficial
que ha facilitado verlo como algo muy complejo e inaccesible, técnico, fuera del
debate político y social. Como es tan complejo, es una materia que corresponde
solo a determinados economistas o especialistas”.
Pero no es tan complicado como parece, sostiene. Se puede
luchar contra este poder. La mejor forma de hacerlo es poner “diques a su
expansión”: “Si evitamos la privatización y mercantilización de bienes y
servicios, estamos evitando su expansión y su capacidad de decisión sobre cómo
se gestionan esos bienes y servicios que son fundamentales para nuestra vida”.
Una vez que han entrado, sacarlos es más difícil. La constitución económica
global siempre les dará la razón. La aprobación de leyes que limiten el poder
de estos fondos o la desprivatización de sectores estratégicos como la
educación, la sanidad o las residencias de mayores, deben ser otros objetivos
irrenunciables, añade, aunque dependen de la correlación de fuerzas que haya en
cada momento.
Ante la inacción de los gobiernos, han sido las
organizaciones de base, sobre todo los movimientos por las pensiones, la
sanidad pública y el derecho a la vivienda y los sindicatos de inquilinos,
quienes han hecho frente a este nuevo poder corporativo, indica Gabarre. Además
de impedir privatizaciones de hospitales públicos y detener, al menos hasta
ahora, la agenda de degradación y privatización de las pensiones, el movimiento
por la vivienda ha conseguido paralizar miles de desahucios y negociar miles de
alquileres sociales, ocupar decenas de bloques de estos fondos y poner en la
agenda política y mediática la necesidad de regular el alquiler y controlar a
los grandes tenedores.
Una de las principales victorias de estos movimientos, dice
González, ha sido poner cara y nombre a estos fondos de inversión, que creían
que podían pasar desapercibidos, ocultos detrás del enrevesado funcionamiento
del sistema financiero internacional.
En un famoso vídeo, decenas de activistas de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca (PAH) se dirigían en un inglés de barrio,
desafiantes y con música épica, al fondo buitre que había especulado con sus vidas:
“Este es un mensaje para Blackstone desde España, de parte de los arrendatarios
de vuestras nuevas casas, casas que solían ser nuestros hogares. Quizá no nos
conozcáis pero lo haréis. ¡Claro que lo haréis! We are the PAH. Quizá os creáis
intocables escondidos en vuestras oficinas de Manhattan, pero no lo sois. No
sabéis de lo que somos capaces. Nos encargaremos de que todo el mundo sepa
quiénes sois y qué hacéis. Preparaos. Nosotros lo estamos”.
Residencias de mayores
La multinacional DomusVi tiene en España 138 residencias y
20.000 camas. El accionista mayoritario es el fondo de inversión Intermediate
Capital Group (ICG), que ha creado una red de ingeniería fiscal para desviar
sus beneficios al paraíso fiscal de Jersey, según una investigación de Infolibre.
Sus residencias han recibido una gran cantidad de denuncias por abandono y una
falta crónica de recursos y personal. Desde Marea de Residencias hablan de
“geronticidio” y apuntan a un modelo que busca maximizar beneficios y elude
cualquier tipo de responsabilidad.
Sanidad privada
El negocio de la sanidad privada en España está en manos de
unos pocos fondos de inversión que desembarcaron a partir de 2012 y se
embolsaron miles de millones. Según la Plataforma Contra los Fondos Buitres, de
los siete hospitales público-privados existentes en la Comunidad de Madrid,
seis ya pertenecen a estos actores. El fondo DIF, LBEIP BV —del grupo Lloyd’s
Bank—, Quaero Capital y Brookfield tienen el 100% de las acciones de los
hospitales Puerta de Hierro, Hospital del Tajo, de Arganda, de Coslada, de
Parla y el Infanta Leonor de Vallecas.
Medios de comunicación
El panorama mediático español no es una excepción. A la
tradicional participación de la banca se le han sumado estos instrumentos
financieros. El fondo de inversión Amber Active es el principal accionista de
Prisa con un 29%. Además, en noviembre de 2020, los fondos BlackRock y CVC se
hicieron con la mitad de la deuda de Prisa, unos 500 millones de euros. En
Mediaset y A3Media, Blackrock cuenta con participaciones entre el 2% y el 5%.
Vivienda pública
Uno de los casos donde se ha visto de forma más clara el
poder de los fondos y su vínculo con el poder político ha sido en la venta de
2.935 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid al fondo de inversión Encasa
Cibeles, participado por Azora y Goldman Sachs. Han sido necesarios años de
lucha de los afectados e incontables resoluciones judiciales para que la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aceptara la
recuperación de estas viviendas vendidas ilegalmente.
¿Quién está detrás de Airbnb?
El escaparate de la “economía de plataforma” es una buena
muestra de la red interconectada y cruzada que financia las compañías de todo
el planeta. En su accionariado tiene a fondos de inversión de capital de riesgo
—Sequoia Capital, Greylock Partners, DST Global, Andreessen Horowitz y General
Catalyst—, a los grandes bancos y a los megafondos —JP Morgan, Citigroup,
Morgan Stanley, Fidelity Asset Management, Apollo Global Management, T.Rowe
Price, Oaktree Capital, Blackstone y BlackRock— y a los fondos soberanos de
China, Australia y Singapur. También figuran entre sus principales accionistas
el actor estadounidense Ashton Kutcher y el fundador de Amazon, Jeff Bezos.
El gran negocio de la deuda
Gran parte del endeudamiento de los países de Norte para
salir de la crisis de 2008 ha terminado beneficiando también a los grandes fondos.
Las altas rentabilidades de la deuda del Sur también los ha lanzado a captar
bonos de países empobrecidos. Los fondos buitre se hacen con grandes paquetes
de deuda devaluada de países en problemas en los mercados secundarios (reventa)
y luego exigen en los tribunales el pago íntegro de la deuda. En Argentina, el
fondo NML Capital compró un 7% de un paquete de deuda por 80 millones y
consiguió que el Estado argentino pague 2.000 millones después de que un
tribunal de Nueva York le diera la razón.
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