El
artículo 47 de la Constitución Española dice: “Todos los
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada...”. Lo que se le olvidó a la clase política fue
especificar que sólo tendrán ese derecho las personas que puedan
pagar las abusivas cuotas que bancos y demás usureros impongan por
prestarles el dinero suficiente para poder acceder a esas viviendas.
Una
de las mayores vulneraciones a ese derecho como consecuencia de la
crisis-estafa son los desahucios. Al drama de ser desalojadas de sus
hogares, en numerosas ocasiones con violencia por las fuerzas
represoras del Estado, se añade que miles de familias tienen que
seguir haciendo frente a las deudas adquiridas más los elevados
intereses de demora por el impago de las mensualidades.
Ni
siquiera los llamados "Ayuntamientos del cambio", a pesar
de sus promesas electorales, han dejado de ejecutar desahucios ni han
forzado alternativas al gran drama que supone dejar en la calle a
familias numerosas, monoparentales, a menores, a personas ancianas,
mujeres embarazadas, discapacitadas..., incluso en pleno invierno y/o
durante el curso escolar, supuestos todos ellos de casos de especial
vulnerabilidad que estarían protegidos contra los desahucios.
El
88% de las personas desahuciadas presentan cuadros de ansiedad y 9 de
cada 10 sufren depresión. No garantizar el derecho a la vivienda se
ha cobrado la vida de numerosas personas que en un momento de
desesperación optaron por quitarse la vida de forma violenta.
Para
agravar la problemática de los desahucios se aprobó el llamado
Desahucio Exprés por Precario.