LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN SIEMPRE OFENDE A ALGUIEN
Hemos
conseguido una sociedad en la que todo el mundo pretende que la
policía o los jueces castiguen cualquier expresión. Eso no nos
protege, sino que nos fragiliza y pone en manos del poder un arma
represiva, además de conculcar un derecho básico
Como
han denunciado diversos organismos, entre ellos la Plataforma en
Defensa de la Libertad de Información, vivimos en una situación
excepcional, por lo antidemocrática, en lo que se refiere a la
situación de la libertad de expresión en España. Raperos en la
cárcel, activistas pacíficos juzgados por enaltecimiento del
terrorismo, gente en la Audiencia Nacional por un tuit o por hacer la
parodia de una procesión y gente juzgada por determinadas opiniones
políticas que el Ministerio del Interior califica de “odio”.
La
aprobación de la Ley Mordaza supuso consagrar una espiral represiva
y sancionadora de la libertad de expresión que llevaba tiempo
gestándose con sucesivas reformas del Código Penal que han ido,
poco a poco, acotando y restringiendo este derecho. España se ha
convertido en un país en el que la libertad de expresión está
seriamente amenazada. Es una anomalía que nos sitúa al lado de
países con democracias frágiles y muy lejos de democracias
consolidadas en las que la libertad de expresión sigue siendo
considerada un pilar fundamental de la libertad y en las que se
pueden decir/escribir cosas que aquí, hoy, serían inimaginables. El
retroceso es muy evidente si nos comparamos con nosotros mismos hace
unos años. Y lo peor es que no se percibe resistencia social y
política al vaciamiento de este derecho.
Soy
de la opinión de que no hay resistencia porque se ha conseguido
hegemonizar una idea del delito del odio como la prohibición
absoluta de ofender, especialmente al poder, pero en realidad a
cualquiera, con lo que en lugar de defender la libertad de expresión,
cada persona o grupo social piensa que puede usar la ley en su
beneficio, para restringir la libertad de expresión de los otros/as.
De
cualquiera que nos ofenda, en realidad. Es un engaño, naturalmente.
Lo cierto es que en lugar de entender y defender una libertad de
expresión amplia que nos ampare a todas las personas, especialmente
a quienes queremos expresar opiniones radicales desde los márgenes
del sentido común general (que es donde la libertad de expresión
tiene valor), lo que hemos conseguido es una sociedad en la que todo
el mundo pretende que la policía o los jueces castiguen o acallen
cualquier expresión que nos ofenda a cada una de nosotras o a los
grupos sociales o de identidad a los que pertenecemos. Al final,
naturalmente, eso no nos protege sino que nos fragiliza y pone en
manos del poder un arma represiva muy poderosa, además de conculcar
un derecho básico.
Unos
denuncian al autobús de la transfobia y poco después Hazte Oír
denuncia a los que le denuncian por ofensa de los sentimientos
religiosos. Las feministas piden que la fiscalía intervenga ante los
tuits que nos llaman feminazis, y unas feministas acaban en los
tribunales por sacar un coño en procesión. Un grupo feminista
quiere demandar a El País porque incluye los reportajes de feminismo
en la sección de Moda, lo cual indicaría odio al feminismo y los
machistas acusan a las feministas de odio a los hombres. Una canción
sobre el capitalismo y sus miserias puede costarte una multa, lo
mismo que un insulto a un político.
He
leído una noticia de que un nazi ha demandado a una persona por
delito de odio; por odiar a los nazis. Hace unos días un cantante
dijo en un escenario que “había poca diversión y mucha policía”
y eso le costó una multa. Lo último que he visto es que El
Ministerio del Interior
afirma que la celebración de las diadas catalanas buscaban fomentar
el odio al estado español. Cualquier día, pretender que los ricos
paguen más impuestos nos va a costar una demanda por odio de clase.
Se
ha producido una expansión incontrolada de lo que se llaman delitos
de odio que ni siquiera deberían llamarse así. El odio es un
sentimiento y, como tal es subjetivo, y depende desde donde se mire y
desde dónde se odie para que reciba una u otra calificación moral,
que nunca debería ser penal. En todo caso, más que delitos de odio
deberían llamarse delitos de discriminación y utilizarse cuando
ésta se produzca o, como mucho, utilizarse como agravantes de otros
delitos motivados por prejuicios contra colectivos vulnerables, nunca
contra la policía o personas concretas pero, sobre todo, nunca
contra opiniones en contra de algo o alguien, aunque sean opiniones
injustas, discriminatorias u ofensivas, que para eso ya
estaban los delitos de injurias, calumnias o amenazas.
Pretender,
como se está haciendo, equiparar ideas discriminatorias con odio, es
una deriva profundamente lesiva de la libertad de expresión. Casi
todas las iglesias están basadas en
ideologías
discriminatorias contra las mujeres, muchos partidos o grupos
sociales defienden lo que otros consideramos discriminaciones basadas
en la clase, el nacimiento, el origen etc.; la mayoría de la
población es machista, las instituciones son racistas y clasistas...
La intervención policial o judicial contra la opinión o la
expresión no puede ser el garante de una convivencia armónica y
justa. Para eso está la lucha social, no la policía. Estamos, entre
todas y todos, acostumbrándonos a una sociedad basada en un fascismo
de baja intensidad que consiste en la permanente delación y denuncia
policial de quienes pensamos que molestan o que sostienen ideas
equivocadas, así como en el convencimiento de que las penas
de cárcel solucionan problemas sociales.
Las
sucesivas reformas del Código Penal han ido incorporando cada vez
más delitos de esos que se pueden usar para castigar cualquier
opinión que no nos guste. Desde el delito de humillación a las
víctimas (¿qué víctimas?, ¿qué es humillación y qué no?), al
de ofensa a los sentimientos religiosos (¿Por qué religiosos y no
ateos? ¿qué es la ofensa a un sentimiento? ¿Todos los sentimientos
valen lo mismo?) ¿Pensar y decir que sólo las niñas tienen vulva
es un delito de odio? ¿Escribir que las mujeres tendemos a la
histeria más que los hombres? ¿Qué la homosexualidad es una
enfermedad…?
A
mi juicio esas opiniones no son delito, sino opiniones que deben ser
derrotadas como se ha hecho siempre, con lucha social y política.
¿Expresar
que la intervención policial en Cataluña fue brutal es delito de
odio? ¿Hacer un chiste sobre la virginidad de María es un delito?
¿Y sacar un autobús con el lema “Dios no existe”? Tampoco. La
lucha de las mujeres, de las personas racializadas o de las personas
LGBIT no han necesitado del Código Penal para conseguir cambiar el
sentido común a su favor y, al contrario, se han beneficiado de la
libertad de expresión cuando el sentido común no estaba de su lado.
Pretender penalizar cualquier opinión que nos parezca ofensiva
colisiona de manera evidente con un derecho que a todas nos conviene
que sea lo más ancho posible.
La
petición de que se penalicen expresiones susceptibles de ser
consideradas homófobas, machistas, racistas, etc, son, en realidad,
perfectamente funcionales al poder, que aprovecha dicho estado de
opinión como coartada para reprimir cualquier cosa que ese mismo
poder considere ofensiva, que considere subversiva, en realidad. No
es posible suponer que al poder le interese verdaderamente castigar
el machismo o el racismo, cuando las propias estructuras sociales son
racistas y machistas; simplemente utiliza la categorización de los delitos
de odio para castigar opiniones políticas y para, al mismo tiempo,
ir conformando una opinión pública partidaria de castigar cualquier
opinión malsonante o radical, o radicalmente malsonante, con lo que
la represión pasa más inadvertida.
Las
opiniones discriminatorias o los insultos con intención de herir, de
discriminar o de expresar una opinión machista, homófoba o racista,
deben ser denunciados y combatidos socialmente, no estoy apoyando la
inacción o la indiferencia. Si hoy día es casi imposible manifestar
públicamente que es justo discriminar a gente de otra raza o las
mujeres porque son menos inteligentes, por ejemplo, no es porque en
todos estos años haya habido ninguna persecución a las personas que
expresaban estas opiniones, sino porque ha habido una lucha social
que se ha ganado.
La
libertad de expresión es un derecho básico que protege la opinión
discordante y no la hegemónica; ésta se llama sentido común y no
necesita protección. Aunque nos pueda parecer lo contrario, esa
espiral de llamados al estado para que reprima al otro que nos ofende
es un espejismo en el que, en todo caso, los más débiles siempre
llevaremos las de perder. El poder tenía la fuerza y nosotros y
nosotras la palabra; pero ahora estamos entregando la libertad de
palabra casi sin darnos cuenta, y lo vamos a pagar muy caro.
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Beatriz
Gimeno
Diputada
de Podemos en la Asamblea de Madrid.
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