“Los
hechos en los que se basa este dogma son: de una parte, los
asalariados no tienen derecho a interferir en el reparto de la
riqueza social entre medios de consumo para los no asalariados y
medios de producción. De otra, solo en casos excepcionales y
favorables tiene el asalariado el poder de ampliar el llamado “fondo
de trabajo” a expensas de los “ingresos” de los ricos”.
Karl
Marx, El Capital,
t. I, pág 701.
El nuevo
gobierno del Reino de España está dando ya señales de por dónde
van a ir algunos aspectos fundamentales de su política. De entrada,
pocos cambios, más allá de algunas posturas hacia el frente de
Cataluña, tensado con la visita del Borbón a Tarragona
recientemente, y anuncios de recuperación de derechos en materia de
libertades cívicas. Pero sobre la política económica, las primeras
declaraciones son completamente obedientes a las directrices de la UE
y a los presupuestos aprobados por el PP hasta finalizar el año,
como ha puesto de manifiesto la ministra de Economía Calviño en
su primera reunión del eurogrupo.
Es decir, casi nada. A ello ya se refería
la semana pasada un
artículo de Sin
Permiso con algún
detalle.
Queremos ahora
referirnos a un problema del que se habla de vez en cuando en la
prensa, se refieren algunos políticos, muchos congresos académicos,
algunas tesis doctorales, multitud de artículos periodísticos…
pero que se da por inevitable: las grandes y crecientes desigualdades
sociales. O, para ser algo más precisos, la acumulación creciente
de grandes riquezas en muy pocas manos. Creemos que se trata de una
realidad extremadamente importante para la libertad de la mayoría, y
que no prestarle la atención adecuada más allá de los mítines de
los domingos y fiestas de guardar, es una muestra más de las digamos
insuficiencias de las políticas de las izquierdas realmente
existentes.
Solamente por
citar uno de los informes publicados recientemente, el de Capgemini:
el número de ricos en el Reino de España creció más que en el
resto de Europa e incluso que en el resto del mundo. Lo que, más
allá de los factores estructurales de explotación del capitalismo
como sistema, ofrece algún indicio de los efectos de una gestión de
los mecanismos públicos durante la Gran Recesión especialmente
nociva para los intereses de las clases populares.
Según el
gráfico estamos hablando de 650.000 millones (o 650 billones de
EEUU) de dólares, al cambio actual unos 560.000 millones de euros,
que acumulan algo más de 224.000 personas. Aunque las diferencias
entre estas 224.000 personas son lógicamente muy grandes, la media
es de poco menos de 3.000.000 por persona. Algo para nada
despreciable. Téngase en cuenta que según el IRPF del Reino de
España, una persona que cobre más de 55.000 euros anuales brutos
forma parte del 5% más rico de la población. Una muestra
impresionante de la gran evasión y fraude fiscales de los muy ricos,
como se han referido distintos artículos publicados en Sin
Permiso. 224.000
personas es el 0,48% de la población del Reino de España. Para
hacernos una proporción: el gasto en pensiones es de 139.647
millones, y el pago por prestaciones al desempleo es de poco más de
17.400 millones, es decir, un 25% y un 3,1% respectivamente de lo que
acumula este 0,48% (menos de la mitad del “mítico” 1%) de la
población del Reino de España. Estamos hablando de cantidades y
proporciones de todo punto muy grandes.
En claro
contraste, las condiciones de buena parte de la población no rica
son mucho peores que al inicio de la crisis. Los ricos, o más
precisamente este 0,48% más rico de la población, han pasado de
acumular en el inicio de la misma (2008) unos 360.000 millones de
dólares a casi el doble, los mencionados 650.000. Hasta aquí las
cifras que cualquiera puede comprobar en el mencionado informe.
Ante estos datos
-que tampoco constituyen una gran novedad para aquellas personas que
vienen siguiendo los resultados de las políticas económicas de los
gobiernos de la UE y, más concretamente, las del Reino de España
desde al menos mayo de 2010 (con el giro del gobierno del PSOE
presidido por Zapatero) hasta hoy-, la primera consideración es
fáctica, por lo demás obvia: las desigualdades son grandes y
aceleradas. Algo que corroboran permanentemente otras fuentes
estadísticas. Pero la segunda consideración es normativa y no es
aceptada por la mayor parte de los liberalismos realmente existentes,
pero forma parte del ADN de la tradición de la libertad republicana
(republicano-democrática para ser más exactos): la gran amenaza a
la libertad para la gran mayoría que esta realidad de concentración
de la riqueza supone.
¿Qué propone
el gobierno del PSOE para atacar la inmensa riqueza de algunos que
suponen una amenaza a la libertad de la mayoría? Nada. La “razón”
más repetida es que habría fugas al exterior si se realiza
cualquier medida contra estas grandes fortunas. Medidas que podrían
ser desde un aumento impositivo a una renta
máxima.
Interesante, aunque se aparta de nuestras consideraciones en este
escrito, es que una buena parte de esos “capitales” ya están
fuera, en paraísos fiscales fundamentalmente, y que, en perversa
lógica, lo que habría que hacer para atraerlos es no ya rebajarles
los impuestos sino darles grandes subvenciones fiscales, como hizo en
su día Montoro con su amnistía. Y cada vez más, como toda
competición fiscal exige. Recuérdese que según el reciente
estudio de
Alstadsaeter, Johannesen y Zucman, aproximadamente el 12% del PIB del
Reino de España está en paraísos fiscales, es decir unos 140.000
millones de euros (curiosamente la misma cantidad que supone el gasto
en pensiones). El gobierno del PSOE no propone nada, por el momento,
contra esta situación.
¿Por qué
debería proponerlo? Quizás debamos decirlo de otra forma. Como el
PSOE está comprometido en lo fundamental con los
postulados mainstream de
la ortodoxia económica, en realidad está haciendo lo que debe hacer
al respecto: nada. Entonces la pregunta más precisa sería, ¿por
qué debería un partido que estuviera comprometido con la libertad
republicano-democrática intentar combatir esta situación?
Por lo
siguiente. La libertad republicana se compromete en combatir el
dominio y el imperio (dominium e imperium,
como más tradicionalmente eran recogidos estos conceptos en latín).
El dominio lo ejercen los ricos propietarios sobre las personas que
no tienen la existencia material garantizada y dependen del permiso
de los primeros para vivir. Dominio que ejercen
directamente en algunos casos e indirectamente en muchos otros. Lo
que equivale a decir que esta relación de dominación la viven la
mayor parte de las personas no ricas. Esta dominación es un
impedimento a la libertad. Los grandes ricos, debido a una
configuración política a su medida de los mercados que este dominio
les posibilita, inciden directamente en la degeneración despótica
de las instituciones públicas que podrían ser una contención de la
anterior dominación. En Sin
Permiso recientemente
se publicaba un
artículo en
el que se apuntaba: “el mundo moderno ha sido el resultado de
vastos procesos de expropiación de las bases materiales y simbólicas
para la existencia libre del grueso de las clases populares.”
Bien, si no se
propone nada “por arriba”, quizás el PSOE, lejos de estar
comprometido con la libertad republicana, al menos debería proponer
algo “por abajo”, es decir, para mejorar la situación de los que
lo están pasando peor. Y sí, efectivamente, algo se propone.
Propone algo tan pobre que resulta hasta curioso una falta de
imaginación tan extrema. O quizás no sea la imaginación sino su
concepción de la realidad social y política el problema. Veamos.
En su programa
está el “ingreso mínimo vital”. Unas palabras como otras
cualquiera para referirse a un subsidio para pobres. En sus
palabras:
“crear una prestación nueva dirigida a los hogares sin ingresos o
en situación de necesidad”. Lo de siempre. Es como la propuesta de
Podemos “de garantía de rentas”, aunque esta pretende ser más
generosa, pero tiene la misma lógica: subsidios condicionados para
pobres, para necesitados, para “fracasados”. Tanto la derecha
como la izquierda proponen medidas con la misma característica
fundamental: son subsidios condicionados. No hace falta aclarar, pero
lo vamos a hacer para evitar críticas fáciles, que no todas las
propuestas al respecto del PP, Ciudadanos, PSOE, Podemos… son
iguales. Unas son más generosas que otras, pero la concepción es sí
la misma: subsidios condicionados.
Si bien en Sin
Permiso se han
publicado muchos artículos sobre las diferencias técnicas de los
subsidios condicionados con la Renta Básica, no hemos insistido lo
suficiente sobre la diferente lógica de concepción de ambas
propuestas. Y republicanamente nos interesa establecerlas. La lógica
de los subsidios condicionados no es otra que la ayuda ex-post a
quienes han “fracasado”, después de haber caído. Han
“fracasado” debido a la permanencia en el desempleo durante
cierto tiempo, o porque incluso disponiendo de empleo se está
comprendido en este 15% de trabajadores asalariados que son pobres,
los working poor,
o por alguna otra razón. Innecesario es añadir que es mejor una
situación con subsidios condicionados ex-post que
sin ellos a cambio de nada, claro. Pero atiéndase a esta importante
realidad: cuando se cae, se “fracasa”, los subsidios
condicionados se ofrecen como tabla de salvación (tabla de salvación
que además tan solo llega a una parte muy pequeña de la población
que realmente la necesita: esta es otra cuestión de la ineficiencia,
la insuficiencia y la pobreza de los subsidios dedicados
supuestamente a combatir la pobreza). Y como se apuntaba en
un reciente
artículo de Sin
Permiso, cuando se cae
(y aún antes de la caída, en el propio mercado laboral, pero eso
ahora nos apartaría del hilo argumental) se debe actuar “como
sumisos suplicantes.” Suplicantes de un subsidio condicionado.
En
un texto dedicado
a la “gestión neoliberal de la pobreza” explicaba un buen
conocedor de los servicios sociales de Pamplona, uno de los lugares,
junto con la Comunidad Autónoma Vasca, con un subsidio condicionado
más generoso del Reino (fácil es imaginar cómo debe ser de
más grave esta situación en otras comunidades) que los pobres están
sujetos a “una especie de culpabilización colectiva [que] les
obliga a rendir cuentas por su propia pobreza. A ser investigados por
cobrar –los que cobran–, por percibir las ayudas que reciben:
paro, subsidios de todo tipo y rentas garantizadas o rentas de
inserción. A decir donde están, donde viven, con quién, donde
están empadronados, si viajan o no, si salen del país o no, si se
casan, se juntan o si les toca la lotería.” Aún así hay quien se
empecina en la condicionalidad porque cree que con imaginación se
puede mejorar. A pesar de toda la evidencia acumulada de decenas de
años.
La Renta Básica
obedece a otra concepción de la libertad, al menos para sus
partidarios republicanos. Al ser incondicional se establece ex-ante,
como derecho de ciudadanía (y residencia acreditada, como defiende
la Red
Renta Básica).
De manera que se garantiza la existencia material de entrada, “por
el mero hecho de ser moradores de un mundo cuya riqueza ha sido
producida socialmente y conviene repartir sin exclusiones”, como se
defendía en un artículo ya indicado. El carácter incondicional de
la Renta Básica supone otorgar un poder de negociación que implica
aumentar la libertad efectiva para la inmensa mayoría de la
población no rica. Una característica muy apreciada por sus
defensores republicanos.
Ni PSOE, ni
Podemos (IU menos aún, su apuesta por el trabajo garantizado ya ha
sido ampliamente comentada en distintos
artículos de Sin
Permiso, aunque
permítasenos de nuevo una referencia al capt.
XXV del t.I de El
Capital) apuestan
oficialmente por la Renta Básica. Significativo por otra parte es la
cantidad de militantes de Podemos que, como se muestra en cada
ocasión que se permite y se tercia, defienden esta propuesta. Estos
partidos al menos en eso (y ojalá solamente fuera en “eso”), no
dan muestras de querer transitar por algún camino nuevo. Quizás es
que no entra en su campo de visión y de proyecto. Y lo decimos con
pesar, no con ninguna autocomplacencia. Porque las grandes
desigualdades son un problema para la libertad de la mayoría y, si
no se quiere actuar por arriba, al menos incrementar la libertad
asegurando la existencia material de toda la población no sería una
mala apuesta. Quizás otros se adelantarán en la propuesta de la
Renta Básica. Y entonces veremos.
Daniel Raventós
Gustavo Buster
Fuente:
www.sinpermiso.info,
24-6-18
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