EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS
La “solución” de los contenedores con tarjeta
Vivimos en una sociedad plenamente consumista que para vivir genera ingentes cantidades de residuos de todo tipo. El “progreso” y la vida urbana han dejado atrás, entre muchas cosas, los pequeños comercios de venta a granel, los envases retornables y por el contrario ha favorecido las grandes superficies, Amazon y todo tipo de plataformas de venta online.
A través de estos canales los productos que se venden precisan ser
plastificados, encapsulados, enlatados, embotellados, empaquetados, etc. Este
tipo de negocio sustentado en el usar y tirar genera astronómicos beneficios,
pero al mismo tiempo está acabando con las materias primas y destruyendo el
planeta.
Cada día se generan millones de residuos de todo tipo de envases; para hacernos una idea en 2023 los europeos generamos más de 2.200 millones de toneladas de basura doméstica. Según la Comisión Europea, más del 60% de estos residuos fueron a parar a vertederos, mientras que una parte aún muy residual se recicló.
Otra parte la “exportamos” a países pobres, con gobiernos corruptos y que, con menos medios que nosotros, se quedan con la basura del mundo “civilizado”, lo que acaba provocando un sinfín de problemas de salud en las personas, cuando no multitud de desplazados como consecuencia de problemas ambientales.En España, desde hace años el sistema de gestión de residuos
de envases, en concreto del contenedor amarillo y del azul, está controlado
por Ecoembes, una entidad que se presenta como “una organización sin ánimo
de lucro que cuida del medioambiente a través del reciclaje” cuando en realidad
es una empresa privada: Ecoembes, Ecoembalajes España S.A., con accionistas tan
poderosos como Bimbo, Pascual, Campofrío, Capsa, Cerveceros de España,
Codorniu, Colgate-Palmolive, Danone, Freixenet, Gallina Blanca, Henkel Ibérica,
L'Oreal, Nestlé, Pescanova, Alcampo, Carrefour, Dia, Coca-Cola, El Corte
Inglés, Lidl, Mercadona, entre otros. Entre sus miembros también están los
fabricantes de envases de plástico: Tetra Pak Hispania, Ciclopast, Ecoacero.
Como nos explica Manuel Rico en
Investigate Europa, Ecoembes es la compañía que montaron las principales
empresas del sector consumo para cumplir con lo que la ley denomina
“responsabilidad ampliada del productor” (RAP), que es una manifestación del
principio “quien contamina, paga”. La idea de la RAP es que quien hace
negocio vendiendo un producto es responsable de lo que le ocurra hasta que
lo compra el consumidor y esa responsabilidad se amplía hasta la fase en que se
convierte en residuo. Por eso, los fabricantes tienen la obligación de hacerse
cargo de la gestión de los residuos de envases que ponen en el mercado.
El poder de Ecoembes no deriva solo de quiénes son sus
accionistas, sino de la posición dominante que tiene en las diferentes etapas
de la cadena de reciclaje, lo que convierte esta empresa en un extenso
monopolio, con falta de transparencia y con mucho dinero en juego.
Para conocer más detalles de esta “asociación sin ánimo de
lucro” nos ha parecido interesante el artículo publicado
en Okdiario.com en el que se informa, según la memoria de 2019, que
los diez altos cargos que conformaban la alta dirección cobraron en conjunto la
escandalosa cantidad de 2,29 millones de euros, un 40% más de los 1,61 millones
que percibieron en 2015.
De acuerdo a la ley, los fabricantes de envases han de
cumplir con la obligación de pagar por la responsabilidad ampliada del
productor (RAP), pero debido a la condición de monopolio que se da y la no
existencia de un organismo público regulador son los propios fabricantes los
que acaban fijando las tarifas del Punto Verde (logotipo que llevan los envases
con un círculo y una fecha). Por consiguiente, son ellos mismos los que deciden
cuánto van a pagar por reciclar los envases que fabrican. Este dinero es el que
gestiona Ecoembes con el objetivo de sufragar los costes de la recogida selectiva
de los envases.
Según la ONG Rethinking, el Observatorio de Residuos y
Greenpeace, de todos los envases que los fabricantes ponen en circulación solo
se hacen cargo de los que se depositan en el contenedor. Como Ecoembes recibe
dinero por todos los envases que llevan el logotipo del Punto Verde, lo que
acaba ocurriendo es que los que se han tirado a otro contenedor o al medio
ambiente los acaban pagando nuestros ayuntamientos con nuestro dinero. Según el
observatorio, esta perversión del sistema en 2021 supuso para estas
corporaciones un ahorro total de 1.700
millones, por lo que es fácil concluir que cuantos más envases de usar y
tirar se produzcan y más queden fuera del contenedor más aumenta su negocio.
Ya en el año 2020 una investigación internacional
publicada en El Salto señaló a Ecoembes como un lobo con piel de
cordero del reciclaje en España. El trabajo demostraba que las grandes empresas
de bebidas, alimentación, supermercados, petroleras o petroquímicas que
conforman Ecoembes aprovechan su condición de monopolio para actuar como lobby
de presión para eludir su responsabilidad directa en la contaminación que estas
corporaciones producen, convirtiéndose con ello en el principal problema para
que se pueda instaurar el uso de envases retornables o la eliminación de
plásticos de un solo uso.
Las prácticas monopolísticas de Ecoembes en las subastas de
material de residuos la han llevado ante la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC). La CNMC investiga si al menos desde 2004 Ecoembes “ha
procedido de forma arbitraria en las citadas subastas, no garantizando la
transparencia ni la trazabilidad e integridad de las ofertas presentadas”. Y
también si ha establecido ”barreras de acceso para participar y resultar
adjudicataria en dichas subastas, que no estarían justificadas por razones técnicas,
medioambientales o económicas.”
Ante tal lodazal por resolver que arrastramos de años,
España ya ha empezado a instalar contenedores con apertura con tarjeta de
usuario como “solución” al anonimato, que comprensiblemente genera inquietud
sobre el derecho a la protección de datos y a la intimidad de la ciudadanía.
Un ejemplo son los ya instalados en Premià de Mar
(Barcelona), los cuales cuentan con la oposición de un buen número de vecinos.
El ayuntamiento de este municipio ha adjudicado el servicio de limpieza viaria,
recogida de residuos y mantenimiento de playas por importe de 18,1 millones de
euros a Acciona, una empresa con 30.000 empleados y presencia en más de 30
países de los cinco continentes. A la cabeza encontramos a José Manuel Entrecanales
que, según información
obtenida en www.elsiglodeuropa.es , en 2020 destacó por ser el mejor
pagado del Ibex. En este año el empresario consiguió ganar la friolera de 35
millones de euros, frente a los 3,4 millones de un año anterior, lo que le
supuso en aquel momento multiplicar por ocho su sueldo.
Viendo el poder de las empresas que forman Ecoembes y las
que gestionan la recogida, nos podemos hacer una idea de cómo de importante es
para las mismas que el negocio de usar y tirar y la consiguiente generación de
residuos se mantenga. Del mismo modo que lo es que para algunos de nuestros “servidores
públicos”, llegar a obtener un sillón en alguno de sus consejos de
administración.
Esto explica que las medidas que toma la administración se
presenten usando argumentos de sostenibilidad y solidaridad social difíciles de
objetar, apoyándose en cifras que no podemos contrastar debido a la situación
de monopolio que acabamos de comentar. Lamentablemente trasladan su propia
responsabilidad y la de las grandes empresas fabricantes al ciudadano,
culpabilizándolo, cuando en realidad este consume lo que está permitido
comprar; si determinados productos desaparecieran el consumidor no podría
acceder a ellos.
Todo ello acaba dificultándole su vida diaria, cuando no le
aumentan sus cargas con nuevas tasas; es el caso discriminatorio del doble
impuesto de residuos que se está aplicando en varios municipios de la comarca
del Vallés Occidental. En último término se expone a que lo multen si por
cualquier motivo se desvía de la norma, sin tener en cuenta los inconvenientes
que puedan reportarle ni los sesgos sociales, de edad, discapacidad y género
que la nueva gestión implica.
Estos contenedores no evitarán que se generen residuos, que
es el principal problema que habría que atajar, ni que queden fuera del
contenedor o se tiren al monte. Tampoco que sigamos alimentando un modelo de
negocio que está destrozando el planeta. Pero sí serán un paso más en la deriva
de control social en la que nos hallamos debido a la aplicación de los
objetivos supuestamente “positivos y para el bien común” de la Agenda 2030. Una
vuelta de tuerca más en crear una sociedad sumisa que vaya asimilando y
aceptando todo tipo de controles por parte de la máquina del estado, de los
mandamases de las comunidades autónomas y de sus delegaciones en los
ayuntamientos.
Una estrategia que no es más que el progresivo
desmantelamiento de nuestros derechos y libertades que ya empezó bajo supuestos
argumentos de salud, seguridad y solidaridad durante la etapa Covid y que
causalmente tanto benefició a las grandes corporaciones (farmacéuticas,
alimentación, telecomunicaciones, transportes… y también fabricantes de
envases), por no entrar en la opacidad y los graves escándalos en torno a toda
la gestión.
Nuestro apoyo y felicitación a los vecinos de Premià de Mar
y de los municipios afectados del Vallés Occidental que no se han creído la
propaganda y el maquillaje “ecológico” con el que se venden las medidas
implantadas, y por atreverse a mostrar su discrepancia.
https://diario16plus.com/opinion/problema-residuos-solucion-contenedores-con-tarjeta_500041_102.html
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