EL
FALSO DILEMA
De
nuevo, la falsa polémica entre la ética y el comer, entre ser
fieles a los Derechos Humanos o a las necesidades del estómago. Me
estoy refiriendo, claro, a la reacción de los trabajadores de
Navantia (y a las rápidas y oportunistas declaraciones, colmadas de
populismo electoralista, de doña Susana, del alcalde de Cádiz y de
otros polític@s) ante la posible suspensión del contrato para la
construcción de barcos de guerra para Arabia Saudí que parecía
garantizar sus empleos durante varios años. El que miles de
trabajadores se crean en la encrucijada de elegir entre aceptar ser
fabricantes de muerte, cerrando los ojos al uso criminal de lo que
producen, o verse abocados al desempleo
con todo lo que ello supone en un país, como Andalucía, y una
provincia, la de Cádiz, con altísimas tasas de paro, es una
realidad dramática que no debería ser excusa para demagogias,
oportunismos y simplificaciones.
Pienso
que no se trata de condenar, sin más, a esos trabajadores -abocados
a una elección diabólica- pero tampoco, o menos aún, de defender
que los puestos de trabajo puedan justificar cualquier cosa incluso
la violación de los más elementales derechos humanos, empezando por
el derecho a la vida.
Está
fuera de toda duda que el régimen cuasi medieval, corrupto y
sanguinario de Arabia Saudí (con cuyos
jerarcas tan buena relación tienen nuestros borbones) utiliza las
armas que les vendemos (no sólo el Reino de España sino también
USA, Reino Unido o Francia) para masacrar niños, bombardear
mercados, centros médicos y hasta celebraciones de bodas y funerales
en esa guerra casi silenciada de Yemen.
Y habría que recordar que la
vigente legalidad española señala la prohibición de autorizar las
exportaciones "cuando existan indicios racionales" de que
las armas puedan "ser empleadas en acciones que perturben la
paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial
o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan
ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad
inherente al ser humano, con fines de represión interna o en
situaciones de violación de derechos humanos o tengan como destino
países con evidencia de desvíos de materiales transferidos".
La ley es bien clara: el gobierno tiene la obligación legal de
prohibir la exportación de cualquier tipo de armamento a países
como Arabia Saudí. A pesar de ello, el gobierno que presidía Rajoy,
despreciando la ley, autorizó el año pasado ventas por valor de
unos 300 millones de euros. Y en la actualidad se siguen vendiendo y
fabricando para el país saudita.
Desde
una perspectiva legal, el que esa prohibición (que es obligatoria)
ponga en riesgo puestos de trabajo en la industria militar (en la
industria de la muerte) no afecta a su obligatoriedad. Ahora bien,
como el cumplimiento de la ley afectaría , a nivel inmediato, a
miles de familias de la Bahía de Cádiz y de otros lugares del
estado (Ferrol, Cartagena...), las Administraciones públicas (el
gobierno y la Junta de Andalucía, en nuestro caso) están obligadas,
política y moralmente, a garantizar que las posibles consecuencias
de su cumplimiento no afecten negativamente a su situación económica
y social. Cómo lograr esto, qué medidas tomar a corto y medio plazo
(dentro del proceso, tan cacareado como vacío de contenidos hasta
ahora, del "cambio del modelo productivo") es lo que
tendrían que estar planteando y debatiendo "nuestros"
políticos, y exigiéndolo los sindicatos, en lugar de dedicarse
irresponsablemente a echar leña al fuego y a hacer demagogia barata
para aprovecharse
electoralmente de la angustia de tantos trabajadores.
Difícilmente
estaríamos en esta situación, ni tantos miles de andaluces se
verían abocados hoy a ese (falso) dilema, si Andalucía no sufriera
de dependencia económica, subalternidad política y alienación
cultural. Si tantos andaluces no hubieran sido convencidos,
anestesiando sus mentes, de que no hay alternativas a lo que existe y
que cualquier cambio sería a peor (que es el mensaje implícito en
toda la propaganda del régimen psoísta que sufrimos en los casi
cuarenta últimos años).
Claro
que hay soluciones para romper el (falso) dilema: desde una
reconversión y pluralización productiva a medio plazo a la
implantación a corto de una Renta Básica Universal e Incondicional
que no haga depender al cien por cien la supervivencia a tener un
empleo (cualquier empleo, sin poder analizar sus condiciones,
contenido y consecuencias).
Es
este un tema que nadie que se considere andalucista o se piense de
izquierda puede soslayar, estén cerca o lejos las convocatorias
electorales. Analizar cómo hemos llegado a esta aparentemente
insoluble contradicción entre ética y derechos humanos, por una
parte, y necesidad de supervivencia, por otra, es algo imprescindible
si no queremos seguir caminando hacia un futuro terrorífico en el
que desaparecerían, incluso, los mejores valores culturales de
nuestra propia cultura y
hasta podríamos desaparecer como pueblo, disueltos en la alienación
más total. Y tras analizar, intervenir, evidentemente, ejerciendo el
derecho a decidir qué queremos ser en el futuro.
Isidoro
Moreno
Catedrático
emerito de Antropología de la Universidad de Sevilla. Miembro de
Asamblea de Andalucía.
URL
de origen: http://www.sinpermiso.info/textos/el-falso-dilema
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