CARTA POR LA DEMOCRACIA... ECONÓMICA
Recientemente el Movimiento por la Democracia ha
hecho pública la Carta
por la Democracia. Un documento que supone "las
líneas generales de la propuesta política y social" de este Movimiento que
está dando sus primero pasos. Hemos decidido publicar el extracto del
texto referido a la propuesta de democratización económica como un medio
más para favorecer su divulgación y discusión.
DEMOCRACIA ECONÓMICA
No se puede concebir una sociedad democrática sin la
garantía del sustento material necesario para el desarrollo de una vida digna y
políticamente activa. No se puede concebir una sociedad democrática sin un
acceso igualitario a la riqueza.
La actual democracia, así como las garantías
constitucionales en las que se sustenta, han sido por completo ineficaces a la
hora evitar esta situación. Ninguno de los mecanismos recogidos en la
Constitución de 1978 —derechos sociales, derechos laborales, iniciativa pública
en el ámbito económico o la subordinación de la riqueza al interés social,
entre otros— han sido capaces de proteger a la sociedad de los intereses
económicos y financieros. Las políticas neoliberales han acabado por imponerse
por encima de cualquier otro criterio, incluido el bien común. Ahora, en plena
crisis, es cuando esta situación de expolio se hace más patente.
Esta Carta se propone recuperar los recursos
sociales privatizados y concentrados en pocas manos con el fin de ponerlos a disposición
de un proceso democrático real. No se acepta, por lo tanto, el marco propuesto
por las políticas de austeridad. Antes al contrario, nunca antes ha existido
tanta riqueza, pero pocas veces ésta se ha repartido tan mal y con criterios
tan antidemocráticos e injustos. Es por ello que se requiere una completa
reconsideración de las funciones de las políticas económicas, a fin de
implantar el principio de bienestar de las poblaciones por encima del beneficio
privado, financiero y corporativo. Se trata del reconocimiento real y no solo
formal de que las leyes del mercado han de quedar supeditadas a la función
social de la economía.
Con el objetivo de promover la democracia económica,
esta Carta considera cinco pilares básicos:
1. Democracia financiera
La riqueza financiera será considerada como un
recurso común, sobre el que la ciudadanía ha de tener la capacidad y
posibilidad de intervenir. «Quien regula es la población, no el mercado», tal
es la máxima que inspira este punto. Para ello, se establecerán procedimientos
de decisión democrática sobre la deuda contraída durante los años pasados, así
como sobre los activos financieros e inmobiliarios en manos públicas derivados
de la reestructuración de los mercados financieros y del sector bancario. A este
fin se proponen las siguientes medidas:
Auditoría Ciudadana de la Deuda. Esta propuesta
permite discernir entre aquellas deudas legítimas y aquellas que no lo son.
Esta Auditoría se articulará como un proceso social de pedagogía democrática y
financiera por el que la ciudadanía pueda adquirir mayor capacidad de decisión
y control sobre la economía financiera.
Creación de instituciones de utilidad pública, formadas con los activos financieros e inmobiliarios resultantes de las sucesivas reestructuraciones operadas. Estas instituciones, bajo estricto control democrático, servirán a la promoción de la igualdad económica y del desarrollo social.
Creación de instituciones de utilidad pública, formadas con los activos financieros e inmobiliarios resultantes de las sucesivas reestructuraciones operadas. Estas instituciones, bajo estricto control democrático, servirán a la promoción de la igualdad económica y del desarrollo social.
2. Reforma fiscal
El objetivo de la reforma consistirá en promover una
amplia redistribución de cargas y beneficios a fin de que a la igualdad formal
le corresponda una igualdad material y real garantizada por el acceso a los
bienes públicos y comunes.
Principales propuestas: la restauración de los
principios de proporcionalidad y progresividad tanto para las rentas del
trabajo como para los beneficios empresariales; la aplicación de nuevas tasas a
la circulación financiera y de los tipos más altos a las rentas de capital y de
patrimonio; la disminución de los impuestos indirectos y al consumo de los
bienes básicos y la persecución del fraude fiscal. La reforma fiscal vendrá
acompañada de criterios de igualdad y equiparación fiscal, así como de
solidaridad territorial.
3. Bienes públicos-comunes
Los procesos privatizadores han demostrado que las
Administraciones Públicas no han protegido los recursos públicos frente a los
intentos de apropiación por parte de intereses privados. La recuperación social
de estos bienes así como la democratización de su gestión deberá garantizar el
acceso a los mismos por parte del conjunto de la población.
Tendrán el estatuto de público-común todos aquellos
bienes e infraestructuras de interés general necesarios para la reproducción de
la vida, la participación política y el normal funcionamiento de la economía.
Así, son bienes público-comunes la educación, la sanidad, la vivienda, la
seguridad, los transportes, la información, la justicia así como los
principales bienes naturales (agua, atmósfera, suelo, mares, costas, ríos y
riberas, bosques y espacios naturales de importancia ecológica y estética), las
vías y nodos de comunicación (carreteras, vias de tren, puertos etc.
Los recursos y sectores estratégicos de la economía,
como las telecomunicaciones, la energía, la riqueza mineral, serán devueltos
también a la condición de bienes públicos comunes. La administración de estos
recursos deberá ser sometida a un fuerte control público democrático. Se
revierte así la tendencia a la privatización que se ha impulsado en las últimas
décadas.
Los bienes públicos-comunes no podrán ser alienados
o vendidos por las Administraciones Públicas. Su propiedad es pública-común y
por lo tanto pertenece al conjunto de las personas que residen en el Estado
español.
Los bienes público-comunes serán administrados de
forma democrática, siendo regulados y regidos tanto por mecanismos de
participación ciudadana como por las comunidades expertas que se requieran para
cada caso.
4. Promoción de la economía social y de la
democracia en las relaciones económicas
Esta Carta se propone promover la participación de
las personas en la toma de decisiones en el ámbito empresarial, especialmente
cuando esto pueda considerarse crucial para el interés común. Asimismo, su
actividad económica tenderá a estar subordinada a criterios de rentabilidad
integral, es decir, social, medioambiental y económica.
Se favorecerá el desarrollo de un nuevo modelo de
empresarialidad basado en los principios de la economía social, el
cooperativismo y el respeto al medio ambiente
Todas las empresas deberán organizarse progresivamente sobre los siguientes principios: equidad, respeto al medio ambiente, transparencia y desarrollo sostenible. Del mismo modo se propone controles sobre la relación salarial dentro de las empresas, impidiendo los actuales modelos de acumulación especulativa con salarios desorbitados, al tiempo que se pondrán vetos precisos a la creciente precariedad laboral.
Todas las empresas deberán organizarse progresivamente sobre los siguientes principios: equidad, respeto al medio ambiente, transparencia y desarrollo sostenible. Del mismo modo se propone controles sobre la relación salarial dentro de las empresas, impidiendo los actuales modelos de acumulación especulativa con salarios desorbitados, al tiempo que se pondrán vetos precisos a la creciente precariedad laboral.
Serán recogidos los principios fundamentales del
derecho laboral: el derecho a realizar una prestación de forma libre o a cambio
de una contraprestación justa, la protección del trabajador en situación de
dependencia, el derecho al descanso y la jubilación así como el derecho a la
autonomía y a la vida digna con independencia del trabajo asalariado; y del
mismo modo, el derecho de huelga, de sindicación, asociación y reunión.
5.- Ampliación de la protección social,
reconocimiento de la riqueza común y derecho a una existencia digna
Nuestro actual sistema de Seguridad Social se
sostiene principalmente sobre las contribuciones de la prestaciones laborales y
se cierra a partir de un criterio de pertenencia nacional. En un contexto
globalizado, en el que el empleo se ha vuelto escaso, el trabajo no remunerado
se reconoce como una fuente esencial de la producción de riqueza; del mismo
modo la migración se ha convertido en una necesidad elemental para las
poblaciones empobrecidas. Las viejas bases de nuestro sistema de protección
social se han mostrado así cada vez más ineficaces y menos incluyentes.
Es necesaria una ampliación del sistema de pensiones
hasta niveles dignos y suficientes, así como ampliar los mecanismos e
infraestructuras de apoyo al cuidado colectivo que ahora recae casi
exclusivamente sobre las familias (y específicamente sobre las mujeres) Las
tareas de crianza son una responsabilidad colectiva y requieren del necesario
desarrollo presupuestario, así como de la creación de las infraestructuras
comunes que sean necesarias.
Se debe reconocer igualmente la producción de
riqueza que no se contabiliza en el PIB (en tareas tales como investigación,
estudio, producción cultural, información o comunicativa) a través de
mecanismos (como podría ser la Renta Básica) que reconozcan en forma de renta
toda esa riqueza no pagada. Así como todas a dichos trabajos de las
infraestructuras necesarias para su pleno desarrollo.
La financiación del nuevo sistema de garantías será
sostenida a cargo de las medidas de reforma fiscal propuesta, especialmente los
impuestos sobre el beneficio y la circulación financiera, y cada vez menos
sobre las prestaciones del trabajo.
FUENTE: Blog Idearia
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