MÁS ALLÁ DE LA DACIÓN EN PAGO
Es necesaria una reforma de la Ley Hipotecaria que
permita al titular de una hipoteca ejercer el derecho de tanteo en la subasta
del inmueble cuando se va a subastar, incorporando el saldo ya pagado como
parte del precio de adquisición
Aunque la PAH siempre ha contado con mi simpatía y su portavoz, Ada
Colau, merece mi admiración por haberse convertido en una de las voces más
impactantes de la escena sociopolítica actual, confieso que su propuesta
estrella –concretada en la ILP por la dación en pago– me resultaba francamente
insuficiente ya cuando fue enunciada. Una vez desvirtuada por la mayoría
parlamentaria del PP, a esa sensación se unió la percepción en cuanto a la
necesidad de superarla. Y de eso trata este artículo.
Pongamos un caso típico: pareja a punto de entrar en la treintena que
compra un piso en el año 2002, asumiendo una hipoteca de 280.000 euros, de la
cual han pagado el 75% pero, debido a que ambos se han quedado sin trabajo, son
incapaces de afrontar el restante 25%. Carne de desahucio, desempleados y a las
puertas de los 40 años.
El banco o caja de turno realiza los trámites para recuperar el
inmueble y ponerlo a subasta, lo que finalmente consigue: el comprador paga
190.000 euros y se queda con la propiedad del piso. Veamos: el banco ha
ingresado 210.000 euros (el 75% de la hipoteca pagada por nuestra no tan
ficticia pareja), más 190.000 euros (precio en subasta), o sea... ¡400.000
euros por un inmueble que valoró en 280.000 y que probablemente no valía a
precios de mercado más de 240.000! Pero eso no es lo peor: quien ha pagado
210.000 euros se queda sin piso y sin dinero, mientras que otro se lo lleva por
un precio inferior, probablemente sin más intención que especular. ¿A alguien
puede parecerle esto justo?
Si la respuesta es negativa, ya estamos más cerca de la solución: una
reforma de la Ley Hipotecaria mediante la cual la(s) persona(s) titular(es) de
una hipoteca pueda(n) ejercer el derecho de tanteo en la subasta del respectivo
inmueble, incorporando el saldo ya pagado como parte del precio de adquisición.
Ello evitaría las dos detestables consecuencias expuestas más arriba: que el
banco se lucre dos veces con la venta de un mismo bien y que la propiedad de
ese bien recaiga en quien ha pagado menos por él.
Por supuesto, esta medida no solucionaría todos los problemas de
desahucios, pero sí una importante parte de ellos, al obligar a los bancos y
cajas a negociar caso por caso, para evitar la posibilidad de que sus ingresos
por ventas en subasta se viesen drásticamente reducidos –incluso a cero en no
pocos casos–.
Para los demás
supuestos, cualquier propuesta política mínimamente ética –no me atrevo a decirde izquierdas, ni siquiera progresista, pues pienso que este asunto es más de decencia que de ideología–
debería incorporar medidas como la creación de un parque público de viviendas
con alquileres que no superen el 40% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
o la obligatoriedad por parte de aquellas instituciones financieras que han
recibido dinero del FROB de renegociar las hipotecas y de donar una parte de su
cartera de viviendas al parque público.
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