¿Le quieren quitar la casa? Organícese
Plataformas como Afectados por las hipotecas de Catalunya o la de El Palmar (Murcia) han conseguido frenar ejecuciones hipotecarias, al tiempo que plantean medidas contra el problema de la vivienda.
2010 ha terminado; no así ‘la crisis del ladrillo’ y los problemas derivados de la debacle hipotecaria. Desde 2007 hasta el primer semestre de 2010, se han iniciado un total de 229.923 ejecuciones hipotecarias en todo el Estado; cientos de miles de historias personales ocultas bajo el frío de los datos y los informes. Arrojar luz sobre esas historias es, precisamente, lo que pretenden las asociaciones de afectados, cada vez más combativas y que, en el último año, han logrado evitar que el banco desalojara de sus casas a varias familias. “Cada ejecución [hipotecaria] no afecta a un individuo, sino a una familia y su entorno; hablamos de millones de personas perjudicadas”, señala Ada Colau desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, creada en Cataluña en febrero de 2009 para coordinar a las víctimas del crac de la burbuja inmobiliaria y defender su derecho “a una vivienda en condiciones dignas y asequibles”.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, señalan a los bancos y a los poderes públicos como “auténticos responsables de la situación económica” que ha llevado a las familias a no poder sostener su deuda hipotecaria. Éstas, “nunca han negado su parte de responsabilidad” en el problema al firmar hipotecas que, en muchos casos, superaban su capacidad económica, pero “las consecuencias sólo las está pagando la parte más vulnerable e indefensa, mientras bancos y cajas reciben millones de euros en ayudas públicas sin ninguna contrapartida”, insiste Colau.
“Activos problemáticos”
En su último informe de estabilidad financiera, que analiza semestralmente la situación de las entidades de crédito, el Banco de España pide “mayores esfuerzos” de transparencia a los bancos y cifra en 181.000 millones de euros los activos inmobiliarios potencialmente problemáticos del sector bancario a finales de junio de 2010. Un aumento de casi el 9% respecto a diciembre de 2009. Así las cosas, las familias en riesgo de desahucio encuentran amparo en los movimientos vecinales y las plataformas de afectados. Colau señala que esta unión entre perjudicados y organizaciones sociales supone una nueva vía de acción frente a un pasado en el que “las familias, una vez subastada la casa, se autodesahuciaban sin necesidad de recibir ninguna notificación del juzgado. Habían asumido que no había nada que hacer”, aseguran.
La plataforma constituida en El Palmar (Murcia) –que agrupa a afectados por la hipoteca de toda la Comunidad murciana– constituye una punta de lanza frente a los desahucios por motivos económicos en España, en una autonomía que lidera el ránking de stock de vivienda desocupada, según un informe de Caixa Catalunya que calcula que Murcia tiene el 5,5% del total de viviendas sin ocupantes de todo el Estado español. Creada hace seis meses, actualmente la plataforma de afectados de El Palmar cuenta con un centenar de miembros y ha conseguido paralizar dos desalojos, el último de ellos el pasado 19 de enero. El método para frenar el embargo es sencillo, como relata María Jesús Martín, una de las portavoces de la asamblea, “nos juntamos todos los afectados y bloqueamos la escalera; después esperamos a que llegue el secretario judicial y gritamos consignas hasta conseguir que se marche”, detalla. Tras evitar el segundo desahucio, Martín señala que “ahora la gente ha cogido valor y fuerza” para enfrentar su situación, que ha atraído, por fin, al Defensor del Pueblo de Murcia y al consistorio de la capital de la Región.
“Cada vez se nos une más gente”, asegura Martín, quien se muestra optimista de cara a 2011. “Somos familias normales, con dos y tres hijos y pisos de 50 m2 y dos habitaciones... no tenemos chalés”, recalca Martín, quien acusa a los bancos y a los poderes públicos de “lavarse la cara” en todo este asunto.
Cifras de un sector en ruinas
Para este año, las asociaciones de afectados por las hipotecas manejan unas cifras que hablan de 84.000 ejecuciones hipotecarias en toda España, 5.000 de ellas en Murcia, donde la caída del sector de la construcción ha afectado sobremanera al empleo, hasta el punto de que se han perdido más de la mitad de los empleos en el sector de la construcción con respecto a las cifras de 2007. Ante este tipo de situaciones, los afectados alegan la existencia de un “estado de emergencia habitacional” para reclamar una mayor implicación de los ayuntamientos en el problema y solicitan que se dispongan normativas municipales para establecer una moratoria en los lanzamientos.
No es la única propuesta. La PAH y el Observatorio Observatorio Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), una entidad creada en 1998 para la defensa de los derechos fundamentales, reclaman la regulación de la dación en pago de forma que la entrega de la vivienda al banco salde la deuda hipotecaria, al contrario de lo que ocurre hasta ahora, ya que la entidad se queda con la vivienda por el 50% de su valor de tasación mientras que el resto permanece como deuda a liquidar por los hipotecados. Actualmente la proposición está bloqueada en la Comisión de Vivienda del Congreso. De ahí que la disputa se haya trasladado al Parlamento catalán con la esperanza de ejercer una presión sobre el Gobierno Central desde allí. Parece difícil que sea así; la ministra de Economía, Elena Salgado, considera que la dación en pago pondría en riesgo la estabilidad del sistema financiero y lamenta la falta de prudencia de las familias a la hora de pedir créditos; un argumento que los afectados consideran “perverso” pues supone plantear como una relación entre iguales los contratos hipotecarios.
Alquileres sociales
Una de las soluciones que aportan las organizaciones es la de crear un parque de viviendas de alquiler social mediante la adquisición –al mismo precio al que lo hacen los bancos– de las casas por parte del Estado. Ese stock permitiría, según considera Vanesa Valiño, directora del DESC, en un informe de septiembre de 2009, “evitar los desahucios y aumentar el parque público de vivienda en alquiler; inyectar la liquidez que reclama el sistema financiero; desvincular la política de vivienda de la promoción de la construcción; y redirigir la ayuda monetaria al conjunto de la sociedad y en particular a los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad”.
Mientras se dirime qué políticas llevar a cabo, continúa la campaña “STOP desahucios”. Uno de los últimos casos, la protesta organizada el 20 de enero frente a las oficinas de Caixa Penedés en Hospitalet (Barcelona) contra el desalojo de una familia que ha visto cómo, una vez más, el banco no acepta la entrega de la casa a cambio de la deuda. “Juntos, sí se puede”, afirman convencidos.
El CASO DE MARISA A., EXPULSADA DE SU CASA POR EL BANCO SANTANDER
Durante 33 años he estado trabajando, he sido enfermera hasta que en 2005 me emitieron una incapacidad permanente profesional. Mi salario, que me daba para pagar mi casa y mantener a mi familia, pasó a ser una pensión. Había contratado la hipoteca en 1998; al principio pagaba 900 euros. En 2005 me dieron la incapacidad, cuando ni siquiera estaba la crisis. Pasé a cobrar una pensión de 1.200 euros que no cubría la cuota de la hipoteca, que había subido a 1.500 euros por la subida del Euribor. Les pedí que alargaran en el tiempo la hipoteca (que hicieran una novación) por una hipoteca menor. El banco no quiso negociar y he estado pagando hasta 2008; he sacado dinero de debajo de las piedras para mantener esa casa, en la que viven mis dos hijos, que son discapacitados. Cuando me quedé sin nada, comenzaron las amenazas: cartas, llamadas… Me deprimí y estuve en tratamiento. Escribí al presidente del Santander, el señor Botín y nunca contestó. Hasta que el año pasado fui a Mediación, de la Generalitat, donde, por las circunstancias de mi caso, me atendieron con rapidez. Pero el director de zona del banco dijo que para hacer la novación tenía que pagar 35.000 euros en ese momento. Para ellos el negocio era echarme, no les interesaba negociar nada porque sabían que se podían quedar con el 100% de la casa. Yo ya no pude hacer nada, presentaron la demanda en marzo y el 20 de octubre se la quedaron por 218.000 euros; y yo les sigo debiendo dinero: como les debía 268.000 significa que les sigo debiendo 50.000 más otros 83.000 de costas de los intereses del proceso que abrieron para quitarme la casa. Me quedé asombrada, en la calle, sin casa y con una deuda de 133.000 euros. Si yo no lo puedo pagar van a por la nómina de la cotitular, que es mi hija. Por eso solicitamos que cambien la ley. Falta ahora que registren la propiedad, después de eso viene el desahucio y luego la reclamación de la deuda; he pedido 21.000 veces quedarme en régimen de alquiler en esa casa. Pero no les interesa, han hecho el negocio redondo. Mi parte la he pagado, me he quedado sin mi casa, pero que me dejen volver a empezar.
Juan Murillo – 14.02.2011 Diagonal nº143
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