TRATADO COMERCIAL EEUU - EUROPA
Con el TTIP no habrá freno a la privatización de
los servicios públicos
Entrevista a José
Ramón Mariño miembro de
ATTAC-Bizkaia
José Ramón Mariño es
economista y miembro de ATTAC, una organización civil independiente trata de influir
democráticamente con sus aportaciones en los movimientos sociales, partidos
políticos y sindicatos. El colectivo presentará a partir de septiembre en los
ayuntamientos mociones para lograr la paralización de las negociaciones entre
EEUU y Europa sobre el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión y
declarar los municipios insumisos y opuestos al TTIP.
El economista considera
que de aprobarse esa alianza serán muchos los perjuicios para los ciudadanos.
“Lo que plantea es una verdadera amenaza a la democracia”, advierte. Mariño
cree que la aplicación de este convenio desembocará en “la privatización de los
servicios públicos como el agua, la sanidad o la educación” además de desempleo
. Desde el movimiento ATTAC pretenden trasladar a la ciudadanía los peligros de
este tratado a través de la información, difusión y la movilización. “Será uno
de los primeros pasos para poder influir en los decisores de los Estados de la
Unión Europea y paralizar este proceso de negociación”.
¿Por qué se hace un
tratado de libre comercio si se supone que las barreras arancelarias entre EEUU
y Europa no son elevadas?
Los grupos
empresariales de ambos lados del océano llevan años soñando con un acuerdo
entre ambos y han defendido de forma sistemática una idea de acuerdo de amplio
alcance. Desde el Dialogo Empresarial Transatlántico del año 1995, la creación
del Consejo Económico Transatlántico de 2007 al TTIP actual, es todo un proceso
y en palabras del Jefe negociador de la UE el momento del acuerdo es el
adecuado por las condiciones económicas y políticas. Y efectivamente los
aranceles son tan bajos que apenas pueden reducirse ya, pero los funcionarios
negociadores de ambos lados reconocen que el verdadero y principal objetivo es
eliminar las barreras reglamentarias que limitan los beneficios potenciales de
las corporaciones trasnacionales en ambos mercados. Y ellos llaman “barreras” a
algunas de nuestras normas sociales y regulaciones ambientales más preciadas,
como los derechos laborales, los reglamentos de sustancias químicas tóxicas, la
seguridad alimentaria, etc
¿A qué niveles puede
llegar a afectar? ¿Lo va a notar el ciudadano de a pie?
El ciudadano lo
acabará notando en infinidad de facetas de su vida cotidiana. Por ejemplo, en
Europa funciona el principio de cautela, es decir hay que demostrar que una
sustancia química es segura antes de usarla, mientras que en EEUU este
principio no se aplica. Las normas de seguridad alimentaria en Europa son más
estrictas y frenan las importaciones de alimentos transgénicos, alimentos
tratados con pesticidas, hormonas, cloro, etc que los EEUU sí permiten. Europa
ve con recelo el fracking y EEUU no. Inmersos en la crisis derivada de la
economía financiera, se pretende rebajar las regulaciones al efecto. No habrá
frenos a la privatización de los servicios públicos: agua, sanidad, educación,
etc Y muchos aspectos más. Nos afectará notablemente en el día a día.
Los reacios a este
convenio afirman que peligra el empleo, ¿en qué se basan para asegurarlo?
La propia Comisión
Europea ha admitido que es probable que el tratado provoque perjuicios
prolongados y considerables para los trabajadores europeos, pues el incremento
comercial con EEUU tendrá un shock inicial en los sectores industriales más
afectados que obligará a una reestructuración. Hablamos de productores de
carne, fertilizantes, azúcar, metal, madera, papel, etc. Los ajustes que
serán necesarios llevan asociados unos costes que deberán afrontar. Y aunque
algunos sectores aumenten la empleabilidad, la transferencia no es automática,
se precisará formación y ello implica de nuevo costes y medidas preventivas,
que de entrada no se contemplan en el tratado. La experiencia del tratado EEUU,
Méjico y Canadá no es nada halagüeña al respecto. Por no citar la posible
pérdida de derechos laborales, no debemos olvidar que EEUU no ratifica
convenciones de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con
libertad sindical, negociación colectiva, etc.
Pero según la
Comisión Europea, el acuerdo supondría unos beneficios anuales de 119.000
millones de euros, es decir 545 euros por hogar y nuestro país sería el cuarto
beneficiado en creación de empleo y riqueza. Desde Attac insisten en rebatir
estas afirmaciones, ¿por qué?
Estos datos son los
de un estudio encargado por la Comisión Europea que suscita muchas dudas sobre
su metodología, y sobre el modelo econométrico utilizado por introducir
hipótesis poco realistas y no ajustarse a la realidad global económica. Además
el trasvase de las ganancias empresariales a las ganancias familiares no se
sigue de manera lógica. En España las grandes empresas aumentan sus beneficios,
mientras que las rentas familiares menguan. La propia CEE concluye que el
crecimiento esperado sería del 0,1% y el ritmo de crecimiento del 0,01%, que
realmente es trivial si lo comparamos con los riesgos socioeconómicos y
medioambientales que supone. De todas formas sería muy conveniente un debate
abierto sobre la fiabilidad de las predicciones, sobre si los supuestos
beneficios recaerán sobre la población, sobre los impactos territoriales y
familiares de la implantación del TTIP.
Entre las
consecuencias que pronostican señalan que las grandes empresas se van a situar
por encima de los estados. Eso, a ciertos niveles, ya sucede ¿Se podría
agudizar de entrar en vigor el tratado?
Efectivamente las
grandes empresas tienen una gran capacidad de lobby y su influencia es
evidente. Pero lo que el tratado plantea es una verdadera amenaza a la
democracia, pues establece la posibilidad de que las corporaciones
transnacionales demanden directamente a los países por pérdidas en sus áreas de
competencia, derivadas de decisiones de política pública, es decir se
otorga a las corporaciones el poder de cuestionar las decisiones democráticas
tomadas por los estados soberanos y de pedir indemnizaciones cuando estas
decisiones afecten a sus beneficios. Y esta disposición para la resolución de
disputas entre inversores y estados (ISDS) se articula a través de tribunales
de arbitraje que no dejan de ser tribunales irregulares, pues no son jueces con
autoridad pública. Como si no hubiese confianza en los sistemas de justicia
nacionales.
“La
capacidad de acción ciudadana existe. Y quizás sea una ilusión, pero sentimos
que el éxito cada vez mayor de los movimientos de oposición al TTIP está
surtiendo efectos”
El ciudadano que vive
ajeno a estas negociaciones. ¿Por qué un asunto de esta índole no trasciende
cuando, según apuntan, afectará en la vida cotidiana de todos?
Todo el proceso está
siendo opaco, por voluntad de los negociadores. Las negociaciones se están
haciendo a puerta cerrada, sin una consulta pública efectiva. Los
parlamentarios nacionales no son informados sobre los detalles de los textos de
negociación de la comisión. Y los pocos fragmentos que han sido publicados o
filtrados han generado considerable inquietud. Se está tratando con mucho
celo el acceso a la información, hasta el punto de que hace unos meses se citó
a los representantes de los estados miembros para enseñarles cómo controlar y
coordinar la comunicación referente al TTIP. Una reciente sentencia del
tribunal de justicia de la Unión Europea del 3 de Julio sobre la obligación de
permitir el acceso a la documentación de una negociación internacional es un
atisbo de esperanza respecto a que podamos conocer todo lo que se negocia.
Veremos.
Entonces, a parte del
derecho a la protesta, ¿qué alternativa le queda al ciudadano para frenar las
negociaciones que se llevan al margen incluso de las cámaras parlamentarias?
Bueno, el esfuerzo
que hacemos de información, difusión, etc desde algunos movimientos
como ATTAC Bizkaia pretende el conocimiento de la
ciudadanía y que esta invite a los políticos, diputados europeos y gobiernos a
manifestar su voluntad al respecto y se opongan al proyecto. En principio el
Tratado debe validarse por los estados miembros, luego por el Parlamento
europeo y posteriormente por los parlamentos nacionales. Y en todas esas
instancias la capacidad de acción ciudadana existe. Y quizás sea una ilusión,
pero sentimos que el éxito cada vez mayor de los movimientos de oposición al
TTIP está surtiendo efectos.
Las plataformas
contrarias a la alianza preparan mociones en Ayuntamientos pero estas
desaprobaciones no harán temblar a los poderosos EEUU. ¿Qué esperan conseguir?
Efectivamente tenemos
en marcha iniciativas de carácter municipal y la constitución de una plataforma
de Noalttip que presentaremos en septiembre, y también está en marcha una
Iniciativa Ciudadana Europea que apoyamos. Nuestra pretensión en simple, y es
la de trasladar al conjunto de la ciudadanía los peligros de este tratado, con
todo lo que conlleva. Y a través de la información, difusión y la movilización
influir en los decisores de los Estados de la Unión Europea y paralizar este
proceso de negociación.
¿Cuál es el
posicionamiento del actual Gobierno de España?
El Gobierno de España
está totalmente a favor del tratado, como no podía ser de otra forma conociendo
su programa económico, social y medioambiental, que representa claramente los
intereses de la economía capitalista neoliberal.
¿Y el resto de la UE?
En general parecen
bastante favorables al acuerdo, con muchos matices y dudas concretas según de
que país se trate, con contestación social creciente y conocimiento ciudadano
cada vez mayor. Iremos viendo a futuro si hay o no cambios de criterio.
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