EL CAMI DE LA VIDA: Más allá de palabras y buenas intenciones, exigimos justicia

1/2/12

Más allá de palabras y buenas intenciones, exigimos justicia

El caso de Banca (In)Cívica: El abuso de una legislación criminal

SUBASTAS EXTRAJUDICIALES

Parece que las entidades financieras no tienen bastante con un procedimiento de ejecución hipotecaria que permite la adjudicación de las viviendas por un 60% del valor de tasación y el desalojo sin contemplaciones de las personas afectadas. Su avaricia no tiene límite, y algunas entidades han decidido recurrir a la subasta extrajudicial, un procedimiento aún más perverso, si cabe, que el de la ejecución judicial: más rápido (se puede resolver en tres meses), con indefensión absoluta por parte de la persona afectada (al no ser judicial, sino notarial, no se tiene derecho a la justicia gratuita) y, el colmo de los colmos, se resuelve en 3 subastas, permitiendo que si las dos primeras quedan desiertas, en la tercera la entidad se lo puede adjudicar por cualquier valor, es decir, a partir de 1 euro, quedando a la persona o familia afectada la totalidad de la deuda de por vida.

A la PAH han empezado a acudir personas afectadas por este tipo de procedimiento. Concretamente tenemos ya varios casos de Banca Cívica, a quien no hemos dudado en rebautizar como Banca InCívica y quien se podría convertir en una buena metáfora de la hipocresía de la banca española, que no contenta con engañar, extorsionar, robar, estafar y desahuciar a buena parte de la población, aún pretenden mantener una buena imagen pública con nombres como Banca Cívica, o con una obra social que jamás podrá compensar todo el daño que están causando.

A Banca InCívica, y al resto de entidades que pretendan seguir cometiendo estos abusos, las avisamos: no permitiremos más violaciones de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Iremos a las subastas y las pararemos, igual que estamos paralizando los desahucios. Exigimos no sólo que retiren inmediatamente los procedimientos notariales extrajudiciales, sino que liberen de deuda a las personas afectadas y les permitan mantener la vivienda en régimen de alquiler social asequible. En caso contrario, la PAH emprenderá las acciones necesarias para defender los derechos de la ciudadanía.
Y a la administración le recordamos que está tardando en cambiar una legislación a todas luces injusta. Mientras no se cambie una ley que sobreprotege a unos bancos y cajas totalmente irresponsables, capaces de abusar de las leyes existentes para conseguir el máximo beneficio, de nada servirán los vanos intentos de mediación que algunas administraciones están intentando impulsar para neutralizar el conflicto. Igual que sería impensable mediar entre un agresor y la persona agredida, no se puede mediar cuando existen dos partes desiguales, donde la parte fuerte (las entidades bancarias) no duda en abusar de los más vulnerables para lucrarse. Aquellas administraciones que utilizan la mediación para retrasar el cambio de la ley, se acaban convirtiendo en cómplices de todos los abusos. Más allá de las palabras y las buenas intenciones, exigimos justicia.
Ver la denúncia recogida en el reportaje de El Pais “Los bancos recurren a subastas notariales para recuperar pisos”

Notario de Viladecans consiente la adjudicación de una vivienda al Banesto por el 35% del valor de tasación

Hoy jueves 26 de enero, el Notario de Viladecans Joaquin J. Sánchez Cobaleda ha consentido la adjudicación mediante subasta de la vivienda de Duffay por el 35% del valor de tasación, haciendo caso omiso a la reciente recomendación realizada por el Decano del Ilustre Colegio de Notarios de Catalunya, el cual proponía para estos casos la aplicación por analogía del 60% regulado para las subastas por procedimientos judiciales. En consecuencia, Duffay y su familia hoy no sólo han perdido la propiedad de su vivienda sino que mantienen una deuda de por vida de aproximadamente 154.000 Euros.
Recientemente la PAH ya denunció el aumento que ha detectado de la utilización de la via extrajudicial notarial por parte de las entidades financieras, en lo que consideramos un abuso sin precedentes de una legislación anómala y que se traduce en una vulneración de derechos fundamentales como son el derecho a una vivienda y el derecho a la tutela judicial efectiva. En el caso de hoy, ha sido BANESTO quien no ha atendido a las reiteradas propuestas de negociación por parte de la afectada y la misma PAH, y no ha dudado en aprovecharse de una ley hipotecaria perversa que permite adjudicarse una vivienda en tercera subasta ante notario sin ningún tipo mínimo, es decir, por el precio que la entidad financiera libremente decida.
Desde la PAH no permitiremos que estos atropellos queden impunes y adoptaremos las medidas necesarias para forzar la liquidación de unas deudas que a todas luces son ilegítimas. En el caso de Duffay, exigimos a BANESTO una rectificación inmediata, la condonación de la deuda y la posibilidad de ofrecer permanecer a Duffay y su familia en la vivienda en régimen de alquiler. Si no procede a la inmediata liquidación de la deuda, emprenderemos acciones legales por enriquecimiento injusto y solicitaremos la nulidad de las actuaciones.
Nos preguntamos si los notarios del estado están cumpliendo con su mandato según el cual deben ser figuras imparciales y neutras que realizan su función pública de asesoramiento basado en la garantía de los derechos y la observancia de las leyes. En el caso de la Duffay, el Notario Joaquín J. Sánchez Cobaleda ha consentido la venta por un precio irrisorio a BANESTO y ha dado fe de ello con su firma notarial. ¿pero dónde quedan los derechos recogidos en tratados internacionales como el PIDESC o la misma Constitución española?
Sin embargo, más allá de las responsabilidades de entidades financieras y notarios, no dejaremos de denunciar la falta de actuación de las administraciones públicas que, al no intervenir en casos como este y al demorar en una reforma legislativa hipotecaria que se ha convertido en clamor popular, se convierten en cómplices de la barbarie. Todos los proyectos de mediación anunciados por la Generalitat de Catalunya y otras administraciones fracasan allí donde las entidades financieras tienen la libertad de aprovecharse de una ley injusta

LA PAH DENUNCIA EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y EXIGE REFORMAS LEGALES URGENTES