CENSURA EN LA GESTION DEL COVID
La concentración de poder económico y mediático hace aún más
apremiante la necesidad de que surjan voces que exijan con firmeza el debate
público. Un debate abierto y libre con perfiles no solamente científicos, sino
económicos, políticos, filosóficos y éticos.
A medida que pasa el tiempo, el necesario análisis
retrospectivo de las políticas gubernamentales y de los grandes medios de
comunicación va desvelando hechos que difícilmente se corresponden con
objetivos de protección de la salud de las poblaciones frente a la nueva
pandemia.
Los interrogantes son muchos y como veremos, salvo algunas
excepciones, las líneas generales aplicadas por los gobiernos y las
corporaciones mediáticas “occidentales” (leáse UE y Estados Unidos) no difieren
en lo sustancial.
1. Miedo, confusión e impotencia
La militarización del miedo, ante la irrupción de la crisis
sanitaria, con la esperpéntica presencia de uniformados del Ejército, la
Policía y la Guardia Civil en las ruedas de prensa para informar del Covid y la
represión, a veces brutal, en las calles, se aderezó con las terribles imágenes
de personas ancianas muertas en situación de total abandono, previa denegación de asistencia en la sanidad pública.
Mientras tanto, los hospitales privados exhibían una situación de insultante normalidad y en ellos ingresaban personajes
públicos y personas adineradas de todas las edades. Las denuncias presentadas por
familiares de personas muertas por “homicidio imprudente, omisión del deber de
socorro y denegación de asistencia médica”, han sido archivadas por la Fiscalía.
El resultado fue la creación de una sensación de catástrofe
y de riesgo de muerte general para una enfermedad con una tasa global de
letalidad de 0,8%.
2. La autorización condicional de las vacunas para una
situación de emergencia y la “inexistencia” de alternativas terapéuticas.
Con el escenario del miedo bien instalado, se impone la
vacuna como única solución.
La relación entre los gobiernos de la UE y de Estados Unidos
con las multinacionales farmacéuticas en relación con las circunstancias de
autorización de las vacunas ha sido recientemente tratado en mí artículo: “La Covid, los gobiernos de la UE y las multinacionales
farmacéuticas”.
La culminación del proceso para la autorización de
emergencia (en Estados Unidos) y condicional (en la UE) requirió de dos
condiciones interconectadas: convencer a la opinión pública de que no existía
tratamiento alternativo y la neutralización de la creciente información que
contradecía el discurso oficial.
Uno de los cuatro criterios establecidos por la Food and
Drug Administration (FDA) para autorizar el uso de emergencia de un medicamento
es la “inexistencia de alternativa adecuada, aprobada, disponible”.
El primer objetivo, pues, era situar la vacuna como única
posibilidad terapéutica, desacreditando otros medicamentos, que sin constituir
la panacea —eso en medicina no existe— estaban demostrando ser relativamente
eficaces en tratamientos extrahospitalarios.
A pesar de que 56 países adoptaron el tratamiento
ambulatorio precoz para casos de Covid con medicamentos poco costosos, bien
conocidos —la hidroxicloroquina (HQC) y la ivermectina que forman parte de la
lista de medicamentos esenciales de la OMS—, y con una eficacia relativamente
alta, no sólo fueron denigrados o minusvalorados por los grandes medios de
comunicación, sino que en EE UU llegó a prohibirse en las farmacias su dispensación para
el tratamiento del Covid.
El desprestigio de cualquier otro tratamiento y de los
profesionales que los utilizaban abría la puerta —en un escenario de terror e
inseguridad generalizados— a las vacunas como solución definitiva
Uno de los escándalos editoriales más ilustrativos es el que
tuvo lugar en la prestigiosa revista The Lancet, con la
publicación el 22 de mayo de 2020 de un estudio en el que se revelaba el
“peligro de muerte cardíaca” ocasionado por la HCQ en el tratamiento de la
Covid. Esta publicación, ampliamente difundida en todo el mundo, llevó a la
inmediata suspensión de ensayos clínicos con HCQ. El 4 de junio, The
Lancet se retractaba. Tres de los cuatro firmantes del
artículo se retractaron y dos de ellos reconocieron tener conflicto de
intereses con la multinacional Gilead que promovía el Redemsvir, también para
el tratamiento del Covid. El artículo se retiró pero el daño ya estaba hecho.
Durante una reunión de expertos a puerta cerrada filtrada el 24 de mayo de 2020 en Francia, los
editores de The Lancet y New England Journal of
Medicine (NEJM) explicaron cómo los actores farmacéuticos
económicamente poderosos estaban corrompiendo “criminalmente” la ciencia médica
para promover sus intereses.
Ha habido que esperar hasta hace pocos días para que la OMS
anuncie la puesta en marcha del ensayo llamado “Solidarity” para estudiar el tratamiento del Covid
con varios de ellos, entre ellos la hidroxicloroquina, tras haber suspendido el ensayo correspondiente en mayo de 2020,
“por precaución”.
El desprestigio de cualquier otro tratamiento, incluida la
administración de suero hiperinmune procedente de pacientes que superaron el
Covid, y de los profesionales que los utilizaban, como veremos, abría la puerta
—en un escenario de terror e inseguridad generalizados— a las vacunas como
solución definitiva.
3. La eliminación de información que cuestiona el
discurso oficial
Poco tiempo después de surgir la pandemia, empezaron a
aparecer enlaces en los navegadores de internet a noticias no buscadas,
precisamente cuando se trataba de encontrar opiniones de expertos que podían
cuestionar el discurso dominante. En estos enlaces se califica como fake la
noticia requerida y dirigían hacia informaciones oficiales. Desde hace algunos
meses, para los buscadores en lengua castellana, el procedimiento se ha
sofisticado. Páginas como newtral.es
o maldita.es, actuando a la velocidad
del rayo, califican como falsa toda información emitida por científicos de
cualquier parte del mundo que cuestionen la versión imperante. Puede decirse
que la rapidez a la que actúan es directamente proporcional a la categoría
profesional del investigador emisor de la información.
Pero Spain no es diferente. Se trata de una estrategia general
centralizada en la Trusted News Initiative-Iniciativa de Noticias
de Confianza (TNI), puesta en marcha y liderada por la BBC. La TNI se crea en
2019, pero adquiere un enorme impulso dos semanas después de que la OMS declare
la situación de pandemia por Covid, asumiendo como objetivo “combatir la desinformación dañina sobre vacunas” al
tiempo que “anuncia un importante proyecto de investigación”.
Los miembros de la TNI se alertan inmediatamente de la
presencia de contenido inadecuado, el cual “se revisará con prontitud
para garantizar que no se vuelva a publicar la desinformación”. Es decir, se
eliminará.
Estas empresas son las que en cada país buscan los socios
más adecuados. En el Estado español, Newtral y Maldita actúan en colaboración con Facebook/ Whatsapp y
Google/Youtube. La empresa Newtral, de la periodista Ana Pastor, declara un
capital social inicial, en octubre de 2017, inferior a 10.000 euros y afirma
haber facturado en 2020 más de 2.500.000 de euros.
El canon, el único discurso válido, es el oficial que
proviene de la OMS o de los organismos gubernamentales. Todo ello, a pesar de
que, como corresponde a un proceso desconocido anteriormente, las informaciones
“oficiales” se revelen como falsas o contradictorias poco tiempo después.
Lo que no se puede ocultar, si no es con intereses espurios,
es que las multinacionales farmacéuticas tienen un larguísimo historial de
corrupción de políticos, expertos y médicos para lograr sus objetivos
económicos, como ha denunciado magistralmente Peter C. Gotzsche. Baste ahora
recordar el soborno realizado por la multinacionales farmacéuticas al Comité de
Expertos de la OMS para la gripe A y denunciado por la misma agencia
internacional al día siguiente de declarar extinguida la pandemia. El pasado
mes de julio se conoció que las tres mayores empresas
distribuidoras de medicamentos y la farmacéutica Johnson & Johnson habían
acordado pagar 26.000 millones de dólares para hacer frente a las demandas por
su responsabilidad al promover fraudulentamente el consumo de opioides. Se
generó así la adición a los mismos de muchas centenares de miles
de personas falleciendo cerca de 70.000 por sobredosis.
3. 1. ¿Quién mueve los hilos del engranaje?
Como corresponde al multimillonario negocio abierto con la
compra por parte de los estados de cientos de millones de dosis de vacunas
contra el Covid 19, las dos mayores empresas de Fondos de Inversión del
mundo, Black Rock y Vanguard son las mayores accionistas de la tres grandes multinacionales
farmacéuticas productoras de vacunas: Pfizer, Moderna y Astra Zeneka.
Estos dos gigantescos Fondos son inversores mayoritarios en
las principales empresas del Ibex 35, incluidos los grandes bancos CaixaBank,
Banco Santander y BBVA, quienes a su vez son accionistas de los principales medios de comunicación
del Estado español. Entre los dos Fondos son además accionistas mayoritarios del New York
Times y de cuatro de los seis grandes grupos que controlan los medios
de comunicación en EE.UU., y en buena parte del mundo: Time Warner, Comcast, Disney y News
Corp.
En el Estado español no sólo controlan ambos fondos de
inversión la producción de información y la creación de opinión a través de
estos gigantes de la comunicación sino que desde noviembre de 2020, Blackrock y
otro gran fondo de inversión, CVC, se convirtieron en los mayores propietarios del Grupo Prisa, incluido El País y
la Cadena SER, al comprar su deuda por un valor de más de 1.000 millones de
euros.
Además, Blackrock es propietaria de parte importante
del accionariado de los principales conglomerados
mediáticos del Estado español. Controla directamente parte del accionariado del
grupo Atresmedia, propietario de Antena 3 y la Sexta, y del grupo Mediaset,
propietario de Cuatro y Telecinco.
Diferentes autores están señalando el conocimiento limitado
e inestable que se posee acerca del Covid que hace que temas como la eficacia
del confinamiento o de las vacunas estén en discusión, y sobre todo, se
preguntan acerca de la confiabilidad atribuible a quienes deciden si una
información es falsa o dañina. La investigadora de bioética sueca Emilia
Niemiec analizaba en un reciente informe científico titulado “COVID-19 y
desinformación: ¿Es la censura de las redes sociales un remedio para la
difusión de desinformación médica?”, si la censura podría servir intereses
políticos, comerciales u otros. En el citado informe afirmaba:
“La censura no se basa únicamente en la ciencia. Un análisis de contenido
prohibido en las redes sociales sugiere que la moderación a menudo tiene un
sesgo político“.
En el mismo sentido, el senador australiano Malcolm Roberts
preguntó en el Senado el 11 de agosto “si existía un posible ‘conflicto de
intereses’ que le diera a Google la última palabra sobre cómo se analiza y
aprueba la información sobre la vacuna Covid-19“. Roberts señaló al respecto
que “la empresa matriz de Google y YouTube, Alphabet, posee el 12 por ciento de Vaccitech Ltd. a través
de un fondo de capital de riesgo GV (anteriormente Google Ventures). Vaccitech
es una empresa de biotecnología con sede en el Reino Unido que co-inventó la
vacuna AstraZeneca”. La publicación citada afirma haberse dirigido a Alphabet,
Vaccitech y Google para contrastar la información sin haber obtenido respuesta.
Este conglomerado de poder económico y mediático está
contando con la colaboración pasiva de la mayor parte de las sociedades médicas
—que subsisten en gran medida gracias a las subvenciones de la industria
farmacéutica— y la muy activa de los gobiernos de todo color político como
brazos ejecutores indispensables de todo este engranaje de intereses.
Hablar de la independencia de los medios de comunicación, en
general, y muy especialmente en los que concierne a la epidemia Covid y a las
vacunas, parece una broma de mal gusto y/o un insulto a la inteligencia.
4. ¿A quién se ha censurado?
Por si alguna persona ingenua pudiera pensar que se ha
censurado a youtubers “antivacunas” o a líderes de extrema derecha
negacionista, menciono a algunas de las muchas personalidades científicas de
primer nivel y sin conflicto de intereses con la industria farmacéutica. Este
aspecto es crucial, como bien puede comprenderse, y que está por demostrar por
parte de los socios centrales y periféricos de la TNI.
Estas personas censuradas, denigradas y estigmatizadas como
“negacionistas” o “antivacunas” no tienen nada en común entre sí, salvo haber
emitido puntos de vista críticos con las vacunas Covid o la gestión de la
pandemia, vinculados estrictamente a su ámbito profesional o científico. Todas
ellas han sido denostadas por personal de medios de comunicación con una cualificación
muy inferior o inexistente para estos temas y para los que, insisto, está por
establecer, para ellos y para sus empresas, la ausencia de vinculación
económica con las grandes corporaciones farmacéuticas.
Luc Montagnier. Virólogo francés. Premio Nóbel de
Medicina en 2008.
Kary Banks Mullis. Bioquímico estadounidense. Premio Nóbel
de Química, inventor de la PCR.
John Ioannidis. Médico griego-estadounidense, director
del Centro de Investigación en Prevención de Stanford. Editor jefe del European
Journal of Clinical Investigation.
Robert W. Malone. Virólogo, inmunólogo y biólogo molecular
estadounidense. Inventor de la plataforma de tecnología ARNm.
Didier
Raoult. Infectólogo y microbiólogo francés, especialista en las
enfermedades infecciosas emergentes en la Universidad de Aix-Marsella AMU.
Forma parte del Consejo científico independiente Covid-19 que asesora al
gobierno de Francia en la lucha contra la pandemia de enfermedad por
coronavirus
Karina Acevedo. Doctora en Inmunogenética por la
Universidad de Cambridge, Posdoctorado en Epidemiología por el Instituto de
Zoología de Londres. Doctora en Zoología (Ecología Molecular).
El TNI también ha censurado a personal médico de primera
línea que ha salvado miles de vidas con los primeros tratamientos de Covid-19.
A finales del mes de julio se conoció la noticia de que Giuseppe De Donno,
exjefe de neumología del hospital Carlo Poma de Mantua, conocido por haber
usado con pacientes graves el tratamiento con suero hiperinmune procedente de
personas que habían padecido y sobrevivido al Covid 19, había aparecido
ahorcado en su casa. A pesar de que todos los pacientes así tratados
sobrevivieron a la enfermedad, De Donno fue atacado y denigrado públicamente,
hasta el punto de que abandonó su puesto y se dedicó a la “medicina de base”.
La Fiscalía ha abierto investigaciones para esclarecer
las circunstancias de su muerte y excluir un homicidio.
Sin pretender que las valoraciones de los científicos
censurados concentren los análisis definitivos sobre el tema, lo que es
inaceptable desde el más elemental derecho a la información es la censura como
instrumento para negar cualquier debate o controversia pública entre
cualificados interlocutores con posiciones diferentes. El hecho de que ésta sea
la política general que se está implementando en la mayoría de los países
apuntala la sospecha de que se está hurtando el debate a la sociedad,
precisamente porque es la única manera de conseguir que el miedo haga su
trabajo, anestesiando la reivindicación del derecho a saber, mientras los
dueños de las farmacéuticas y de los medios de comunicación culminan su
negocio.
Resumiendo, los propietarios de los grandes fondos de
inversión del mundo son, a su vez, los dueños mayoritarios de las principales
multinacionales farmacéuticas que están vendiendo sus vacunas a los Estados por
valor de decenas de miles de millones de euros. Y esos mismos fondos de
inversión, no sólo controlan la mayor parte de los grandes emporios mediáticos
en EE UU —que a su vez controlan los medios locales “occidentales”—, sino que
son propietarios mayoritarios, directa o indirectamente, de los principales
grupos mediáticos del Estado español.
Es esta fase del capitalismo, con el mayor grado de
concentración de capital que ha conocido la historia, la que permite el mayor
grado de control social y la que, precisamente no soporta niveles de libertad
de expresión que, en su momento, fueron consustanciales a las revoluciones
burguesas. Máxima capacidad de control y mínima elasticidad para soportar la
contradicción, indicadores de la falsa libertad que preconizan y de la
decadencia del sistema.
En todo caso, el hecho de que, por ahora, la concentración
de poder económico y mediático convierta en anécdota irrelevante el color
político de los diferentes gobiernos que, sumisos, marcan el paso de quienes
realmente tienen en sus manos el poder, hace aún más apremiante la necesidad de
que surjan —y se publiquen en medios de comunicación verdaderamente
independientes— voces que exijan con firmeza el debate público. Un debate
abierto y libre con perfiles no solamente científicos, sino económicos,
políticos, filosóficos y éticos.
Voces que, como el “Yo acuso” de Emile Zola, deben
levantarse sobre la violencia que impone las acusaciones de “negacionista”,
“antivacunas” o sospechoso de connivencia con la extrema derecha, realizadas
precisamente por quienes desde posiciones dogmáticas intentan imponer el
pensamiento único, o lo que es lo mismo, el no pensamiento.
Médica, Técnica
Superior de Salud Pública. Ex diputada, portavoz de Sanidad en el Congreso
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