EL VALOR DEL USO
En 2006, antes del estallido de la última crisis financiera,
el Relator Especial de Naciones Unidas por el Derecho a una Vivienda Adecuada
señaló que los problemas más importantes para ejercer este derecho en el Estado
español eran la especulación, la corrupción, el acoso inmobiliario, la escasez
de vivienda pública y la vivienda vacía.
Sus consecuencias ya las conocemos y sufrimos: largas listas
de espera para acceder a una vivienda social; la necesidad de compartir piso;
el drama de los desahucios, especialmente hoy por el impago de las rentas de
alquiler, la sobre ocupación, el realquiler de habitaciones, y las personas sin
hogar que viven en la calle, muchas veces invisibles.
Actualmente, según estadísticas oficiales, en el Estado
español 22.938 personas se encuentran en esta situación y cada 5 días muere una
de ellas, y esto es solo la punta del iceberg de unas desigualdades sociales
crónicas y de una problemática estructural que demuestra la vulneración
sistemática del derecho a la vivienda y la dignidad humana.
En el Estado español, el derecho a la vivienda ni se ha
garantizado ni se ha protegido, siendo un sector basado en la especulación, el
lucro y los rendimientos donde, como se demuestra a diario, no todo el mundo
tiene cabida. Aunque se trate de algo tan esencial para el bienestar y la
dignidad de las personas como su hogar. Las políticas de vivienda han sido
claramente insuficientes para corregir los efectos negativos que las manos
invisibles del mercado provocan. Y todavía más, la han fomentado, apoyado y
reforzado.
