COOP57 - 30 AÑOS DE HISTORIA
La cooperativa de crédito cumple tres décadas desde que
un grupo de trabajadores de la quebrada Editorial Bruguera decidieran que su
lucha se convirtiera en una cooperativa de crédito y una herramienta de
transformación económica
Seguro que la gran mayoría de la gente, sobre todo de los cuarenta para arriba, recuerda la Editorial Bruguera. Sagas históricas del cómic español como Mortadelo y Filemón, Zipi y Zape o Carpanta son tan sólo algunas de las obras que nos trajo la editorial catalana.
La historia que no es tan conocida es cómo su cierre a mediados de los 80, una lucha sindical y un grupo de personas trabajadoras acabaron dando a luz a una cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios que este 2025 cumple 30 años: COOP57.
La historia comienza como tantas muchas de la industria
española en los 80: España entraba en la Unión Europea y los fondos de
reconversión industrial, aquellos que inyectaban dinero en las empresas para
modernizar sectores de producción al mismo tiempo que se despedía a miles de
trabajadores, mejoraron los márgenes de beneficios de algunas empresas pero
también hacía perecer a tantas otras, desencadenando una crisis industrial en
el país.
La Editorial Bruguera, que comprendía todas las fases de
producción de los libros hasta que llegaban a la estantería de la librería, fue
una de estas últimas. En 1986, la empresa se declaró en quiebra y pasó a manos
del Banco de Crédito Industrial (BCI), un ente público que
financiaba proyectos industriales a largo plazo pero que también sirvió como
“banco malo” de la época absorbiendo proyectos que no superaron la reconversión
industrial, como el caso de la editorial.
Desde ese momento comenzó el calvario de los más de 800
trabajadores que todavía quedaban después de varias rondas de despidos
voluntarios que ya habían mermado la plantilla. La gran mayoría de ellos se
acogieron al despido que les ofrecía el BCI que fue aceptado por los dos
sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y que pagaría el FOGASA. Salvo un grupo
reducido que no quiso ceder, que veía injusto el despido y el cierre de la
empresa. Un grupo que formaba parte del sindicato OITEBSA, con raíces
anarquistas.
“Era un colectivo sindical independiente, crítico con el
sindicalismo de clase que había en aquellos años que representaba otros
intereses, que además quería hacer las cosas de una forma democrática y
asamblearia”, explica Valentín Valencia,
uno de aquellos sindicalistas espartanos de Bruguera que no aceptaron el
despido. “Considerábamos que los trabajadores no podíamos ser los perjudicados
de las malas decisiones empresariales, además, sabiendo que había un mercado
importante en aquellos momentos que hubiera podido permitir el mantenimiento de
la actividad, si no con la totalidad de trabajadores que había en aquellos
momentos, al menos con una buena parte”, argumenta Valencia.
En aquel momento empezó una lucha sindical, con similitudes
y enlaces con otras muy parecidas de la época como las de los astilleros en
Asturias, los estibadores portuarios catalanes o los agricultores de Andalucía.
Uno de los principales hitos, tal y como recuerdan los implicados, fue la ocupación de la fábrica en agosto de 1986. Durante un mes
entero, los trabajadores y sus familias habitaron la fábrica cerrada. “Éramos
más de 100 personas, esposas y niños incluídos, íbamos a pedir comida a los
mercados de la zona y nos autogestionábamos”, cuenta Paco Hernández, otro de
los trabajadores de Bruguera ya jubilado.
“Al juez le argumentamos que teníamos miedo de que se sacara
la maquinaria mientras estaba vacía para venderse y nos aguantó todo el mes de
agosto”, explica Hernández. Al final del mes de verano el juez ordenó el
desalojo, pero los trabajadores no lo pusieron fácil: “Fue un desalojo que duró
72 horas”, recuerda el entonces sindicalista.
“La lucha se gana en los tribunales, pero se pierde en la
empresa, ya que cierra definitivamente” Valentín Valencia, uno de ellos
En octubre de 1986 se debía celebrar el juicio para decidir
el futuro de aquellos obreros que no se acogieron al despido pactado por los
dos grandes sindicatos, todavía quedaba tiempo para la presión tras el desalojo
de la fábrica. “Durante el mes de septiembre, 7 u 8 de los trabajadores hicimos
una huelga de hambre para poner más presión sobre el juez”, relata
Hernández. La presión y la lucha sindical funcionaron: “Nos tocó un juez muy de
derechas, pero acabó dictando sentencia a nuestro favor”. Aquel juez dictaminó
que no había causa justificada para el cierre total de la empresa y que el
despido era improcedente. Aunque fue una victoria agridulce: “La lucha se gana
en los tribunales, pero se pierde en la empresa, ya que cierra definitivamente”.
La batalla judicial no acabó ahí. El BEI recurrió la sentencia al Tribunal
Supremo.
Los abogados que acompañaron a los trabajadores durante todo
el proceso también son bien conocidos en el mundo cooperativista y de la
economía social y solidaria: la cooperativa de abogados y abogadas
catalana Col·lectiu
Ronda, que hoy en día siguen protagonizando luchas sindicales y laborales
muy sonadas como las batallas de los riders contra empresas como Deliveroo o
Glovo. El despacho ya tenía experiencia en el mundo cooperativista y asesoraron
al sindicato independiente sobre la posibilidad de recuperar Bruguera para los
trabajadores en forma cooperativa y en el proceso judicial contra el BEI. Los
abogados socios de Ronda Juan Luis Jornet y Jordi Pujol (no es el famoso
político) acompañaron en toda la aventura judicial a aquel grupo. “Éramos
abogados especializados cada uno en lo suyo pero que ya teníamos experiencia en
asesorar al mundo cooperativista y Jornet, que era abogado laboralista, les
llevó el proceso hasta el final”, narra Pujol.
Desde ese momento, octubre 1986, aquel grupo de trabajadores
ya en paro empezó a cobrar aquello que la reforma laboral del PP en 2012 nos
arrancó: los salarios de tramitación. Mientras se esperaba la cita con el
Supremo, “venía todos los meses un abogado muy famoso en Catalunya, que en
aquel entonces era también el abogado del Barça, y nos daba los salarios
completos en bruto, incluidas las cotizaciones y lo que nos deberían retener
del IRPF”. Aquello pilló por sorpresa y con desconfianza a los obreros. Temían
que, en cualquier momento o tras el juicio con el Supremo, la Seguridad Social
les pudiera reclamar todos esos impuestos. “Nos repartíamos los salarios, pero
no queríamos tocar los impuestos. Hablamos con Ronda y decidimos meter ese
dinero en un fondo, no tocarlo por el momento”.
Pasaron tres años hasta que el Tribunal Supremo dictó
sentencia. La lucha de los trabajadores volvió a ganar en la alta instancia
judicial. En 1989, el Supremo daba la razón a aquel grupo de trabajadores que
resistieron y que no representaba ni el 10% de la plantilla que acabó en la
calle en el 86. “CCOO y UGT aceptaron unas indemnizaciones de 20 días por año
con una limitación de 12 años, o sea que podías llevar 30 años trabajando en
Bruguera, como mucha gente llevaba, y cobrar un máximo de 240 días de salario”.
En cambio, estos guerreros que aguantaron hasta al final, cobraron 45 días por
año sin limitaciones. “Algunos, como yo mismo, aunque fuéramos jóvenes ya
llevábamos más de 20 años trabajando en Bruguera. En vez de 240 días, muchos
nos llevamos mil y pico días de indemnización más los salarios de tramitación
de tres años”, recuerda con orgullo Hernández.
Pero quedaba un detalle más: aquel dinero acumulado de las
cotizaciones y el IRPF que nadie les reclamó. “Esperamos otros cinco años para
asegurarnos de que nadie nos lo iba a reclamar luego y hablamos con el
Col·lectiu Ronda para ver qué podíamos hacer con el dinero”, narra Hernández.
En aquel momento, muchos de aquellos trabajadores sindicalistas habían tomado
la vía cooperativista para desarrollar sus vidas laborales. Durante los años de
lucha, algunos entraron a formar parte de cooperativas ya existentes y otros
fundaron nuevos proyectos con esta forma jurídica de la economía social.
Siempre, además, con el acompañamiento del despacho Ronda.
“Un grupo de 14 o 15 creamos varios proyectos cooperativistas”, dice Hernández,
que él mismo trabajó en una pequeña librería que se llamaba Cabraboc que tenía
dos locales, una en Ripollet y otra en Montcada i Reixac.
En aquel momento, los trabajadores y el despacho decidieron
que con aquel dinero que había quedado en el fondo de las cotizaciones, había
que hacer algo. Los abogados se subieron al carro sin pensarlo: “En Ronda
aportamos los honorarios que debíamos cobrar por todo el proceso judicial, un
10% de lo que se había ganado, a aquel fondo”, relata Jordi Pujol. Con todo
aquello, aquel fondo llegó a tener unos 100 millones de pesetas, 600.000 euros.
Una cantidad que ahora puede no parecer mucho para corresponder a unos 80
trabajadores, pero que en 1995 daban para mucho. “Decidimos que casi un tercio
fuera para la lucha internacional, otro para luchas sindicalistas hermanas con
las que habíamos generado una red en esos años y otra para promover proyectos
cooperativistas”, numera Hernández.
El primer lote fue para la lucha internacional más en boca
en aquella época: la revolución sandinista en Nicaragua. “Teníamos mucha
relación con ellos”, recuerda Valencia. “Mandamos a un compañero allí a darles
un taller sobre maquinaria para que pudieran construir sus propias piezas ya
que estaban sufriendo el bloqueo estadounidense”, rememora con añoranza
Hernández. “Quedamos con el cónsul nicaragüense en Madrid, montamos un evento y
le entregamos unos 30 millones de pesetas para la lucha sandinista”, añade.
El segundo monto fue para el Sindicato Obrero del Campo, lo
que ahora es el Sindicato
Andaluz de Trabajadores (SAT), en el que ya militaban Diego Cañamero,
Jose Gordillo y Diamantino García, el que fuera conocido como “el cura de los
pobres”. “Durante todos aquellos años, tejimos muy buena relación con ellos. A
todas las luchas que íbamos, ellos también iban”, recuerda el sindicalista.
“Montamos otro evento, fuimos y le dimos a Cañamero otros treinta millones de
pesetas”.
La tercera pata de aquel fondo es la semilla de la historia
que cumple ahora tres décadas. “Sabíamos que no íbamos a transformar nada si no
transformábamos la economía y decidimos que aquel dinero se utilizara para ese
fin”, afirma Hernández. Jordi Pujol recuerda a uno de sus compañeros, David
Santacana, ya fallecido. “David tenía una concepción concreta del cooperativismo
con tres patas concretas: teníamos que formar y formarnos, saber vendernos y
poder financiarnos”. En aquel momento ya habían constituido en Catalunya una
cooperativa de formación y otra de servicios comerciales. Faltaba una pata
financiera de la economía social. Ahí acabó el fondo conseguido tras 9 años de
lucha y resistencia. El 19 de junio de 1995 nació Coop57.
Aquellos cerca de 40 millones de pesetas fueron el germen
inicial de la cooperativa de crédito que ahora, 30 años más tarde, es una de
las principales entidades de las finanzas éticas y brazo financiero de la
economía social y solidaria en todo el Estado español. “Aquellos años del
comienzo fueron muy duros -recuerda Valencia-, como mucho dábamos un par de
créditos al año, nada que ver con lo que es ahora Coop57”. Pero aquel grupo de
personas estaban convencidas de que la economía social necesitaba un empuje
financiero que funcionara con otras lógicas diferentes a las del mercado de
crédito y de la banca tradicional.
Cuando son preguntados por el nombre, Valencia y Hernández
bromean con la leyenda que se generó en torno al número: “Todo el mundo piensa
que éramos 57 los trabajadores que resistieron y que pusimos aquel fondo de
nuestras indemnizaciones, pero en realidad éramos unos 80”, explica Valencia.
“A Ramón Pascual [otro integrante histórico de Coop57] le encantaba contar esa
historia y, claro, sonaba muy bien y a la gente le gustaba y aquello se quedó.
Pero en realidad la cosa salió por un compañero que falleció de un cáncer de
huesos en aquella época y que aquel número se nos cruzaba de muchas formas. Nos
llegaba una factura y su número acababa en 57, teníamos que hacer un pago y la
cifra acababa en 57… Acabamos por adoptar aquel número, aunque la historia que
contaba Ramón era más épica”, cuenta entre risas Hernández mientras lo
recuerda.
Los primeros años fueron duros, pero al tiempo llegó la
expansión. El modelo de financiar a las cooperativas desde el propio
cooperativismo y gracias al ahorro que depositaban los propios socios, pronto
llamó la atención de aquellos proyectos y redes de la economía social que
estaban floreciendo por todo el Estado, pero que se encontraban con los mismos
problemas de acceso al crédito que habían sufrido los proyectos catalanes antes
de la aparición de Coop57.
Diez años más tarde, se dio el primer salto fuera de las
fronteras catalanas: Aragón. Una red de entidades de la economía social y
solidaria, lo que fue el germen de REAS Aragón, se unió a Coop57 para replicar
el modelo y crear Coop57 Aragón. “Los préstamos que solicitamos a Coop 57 nos
dieron la oportunidad mediante los avales mancomunados de apreciar la red con
la que contábamos”, explica Teresa Iparraguirre, que era gerente de Servicio
Parque Delicias centro especial de empleo en 2005, empresa que fue una de las
primeras de la economía social aragonesa que contó con el apoyo financiero de
la recién estrenada rama de la cooperativa fuera de Catalunya.
Con avales mancomunados, Ipaguirre se refiere al sistema de
avales que usa la entidad ética en la que personas implicadas o cercanas al
proyecto avalan al proyecto por un valor determinado, una parte del crédito que
se solicita. El análisis de Coop57 valora siempre más que haya muchas personas
que apoyen el proyecto avalando pocas cantidades que el que se consiga pocos
avalistas por importes mayores. Premia la comunidad del proyecto más que la
cantidad en sí. “Ayudó también a la participación de las personas trabajadoras
en el tema de la financiación de la empresa y mucha más transparencia. Una
maravilla”, finaliza.
A la sucursal maña le siguió la madrileña en 2006, la
andaluza en 2008 y la gallega en 2009. En todos los casos, el modelo de
expansión fue el mismo: tejer alianzas estratégicas con las redes de economía
social y solidaria ya existentes para convertirse en una de las principales
herramientas de desarrollo del cooperativismo, el asociacionismo y el tercer
sector por todo el país. Un poco más tarde, en 2015, se creó Koop57 Euskal
Herria, y en 2019 vio la luz el grupo promotor en Asturias.
“En cada sección territorial hay una o dos personas
liberadas, los servicios centrales comunes están en Barcelona, y luego en cada
sección hay un grupo muy amplio de personas que somos voluntarias”, explica
Jone Etxeberría, una de esas personas que soportan el proyecto desde su
activismo en el grupo de Euskal Herria. “Estas personas solemos pertenecer a
cooperativas que son socias de Koop57 y somos las que estamos en los órganos
políticos que son las secciones territoriales”. “No teníamos un modelo de
referencia real que tuviera estas características financieras y que además
contara con una expansión territorial muy horizontal, en red”, dice Etxeberría
en relación a la expansión de la cooperativa por distintos territorios y como
desde Euskal Herría deciden tejer esa alianza y adoptar el modelo de Coop57
adaptado a las necesidades del tejido vasco.
Al ser preguntada por algunos de los hitos importantes de
Koop57 recuerda el capote que le echaron a la cooperativa de consumo energético
vasca Goiener: “De un día para otro, cuando las energéticas
pequeñas se estaban yendo a pique porque no podían hacer frente a la demanda de
dinero que se les hacía desde el Ministerio, les pudimos dejar 500.000 euros”.
A la catalana Som Energía le pudieron prestar 2 millones de euros. Además,
señala una característica común entre Coop57 y la gente que deposita sus
ahorros en la cooperativa para que, como decía Hernández, sirva para
transformar la economía: “Esas personas estamos dispuestas a arriesgarnos,
porque nuestro objetivo no es el rédito económico de ese dinero ahorrado, sino
que esas cooperativas, esos proyectos, salgan adelante”.
De hecho, Etxeberría señala como importante en este punto
una característica de las finanzas éticas: “El análisis de los proyectos que
piden financiación no es sólo financiero, sino social”. Quienes piden un
préstamo a Coop57 deben pasar primero una suerte de auditoria social donde los
componentes del nodo territorial evalúan que el proyecto tenga beneficios para
la sociedad, antes que ser evaluados financieramente. Esto lleva a que sólo se
financien proyectos que “fomentan la creación de puestos de trabajo en un
formato, especialmente cooperativo, iniciativas de inserción socio laboral de
colectivos vulnerables a través de empresas de inserción, proyectos de atención
y cura a las personas, proyectos de energías renovables y de custodia y
preservación del territorio, proyectos culturales y educativos o proyectos de
profundización de la participación ciudadana y la democracia económica que
fomenten el asociacionismo de base”, tal y como reza la propia web de la cooperativa.
También señalan a quiénes no financiarán nunca, como
ejemplos claros “la industria armamentística, la violación de derechos humanos
o el deterioro del medio ambiente”. Algo que ha entrado de lleno en el debate
político con el reciente anuncio del Ministerio de Trabajo y Economía Social
sobre un Real Decreto que delimitará qué es y qué no entidades
de las finanzas éticas y promoverá su difusión y promoción como una herramienta
social de interés público.
Tres décadas más tarde de aquellos “dos préstamos como
mucho” que concedían al año que recordaba Valentín Valencia, Coop57 ha
concedido 26,7 millones de euros en créditos en 2024. El ahorro aportado por
las 5.602 socias con las que acabó el año pasado se eleva a los casi 65
millones de euros. “Si me hubieran dicho hace 30 años que llegaríamos a estas
cifras, a financiar proyectos de vivienda cooperativa de cientos de miles de
euros, no me lo hubiera creído ni borracho, ni en las mejores de las euforias”,
dice con alegría y orgullo Paco Hernández.
Este sábado 8 de noviembre, toda la organización y personas que participan en Coop57 se reúne en Barcelona para celebrar 30 años de la cooperativa de crédito con un evento festivo en el Ateneo Popular Nou Barris, en Barcelona. “Será un día para reconocer todo lo que hemos construido juntas y para reafirmar nuestro compromiso con una economía transformadora, justa y arraigada en el territorio”, explican desde Coop57.
Una celebración para mirar
al presente y el futuro, pero también para repasar el pasado y conmemorar la
lucha de aquellos trabajadores de la Editorial Bruguera que resistieron hasta
el final por sus derechos y que decidieron que aquella victoria debía de ser el
germen de algo más grande porque, volviendo a citar a uno de ellos, sabían “que
no íbamos a transformar nada si no transformábamos la economía”.
Un artículo de Yago Álvarez para El Salto.
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