CUIDAR LA TIERRA NO ES DELITO
Cuidar la Tierra no es delito porque proteger las
condiciones que hacen posible la vida constituye un deber ético, social e
incluso histórico de la humanidad. Delito es destruir aquello de lo que depende
la existencia colectiva: el agua, los bosques, el aire, los territorios y las
comunidades humanas que viven en relación con ellos.
La defensa de la Tierra nace del principio más básico de supervivencia y responsabilidad intergeneracional. Ninguna sociedad puede sostenerse sobre la devastación permanente de la naturaleza sin poner en riesgo su propia continuidad. Por eso, quienes actúan para denunciar la crisis ecológica no están atacando a la sociedad: están alertando sobre un modelo que normaliza la destrucción ambiental en beneficio de privilegios económicos y políticos cada vez más concentrados.
Llamar “resistencia grave a la autoridad” a acciones de
protesta no violenta distorsiona el sentido mismo de la justicia. La
desobediencia civil pacífica ha sido, históricamente, una herramienta legítima
frente a leyes, poderes o decisiones que perpetúan injusticias. Defender la
Tierra mediante acciones simbólicas, visibles y no violentas no puede
equipararse a la violencia real que implica destruir ecosistemas, contaminar
ríos, expulsar pueblos de sus territorios o acelerar el colapso climático.
Además, verter un líquido biodegradable y fácil de limpiar,
o participar en una cadena humana pacífica, no constituye un ataque contra la
convivencia democrática. Por el contrario, son formas de participación política
y expresión colectiva orientadas a visibilizar una emergencia planetaria que
afecta a toda la humanidad. Criminalizar estas acciones supone desplazar el
foco: se persigue a quienes denuncian el daño, mientras el daño estructural continúa.
La verdadera amenaza para la convivencia humana no proviene
de quienes protegen la vida, sino de un modelo de poder que convierte la
naturaleza en mercancía y subordina el bienestar colectivo a intereses
privados. Cuando la Ley castiga con mayor dureza a quienes intentan defender el
planeta que a quienes contribuyen a su destrucción, aparece una profunda
contradicción ética y política.
Cuidar la Tierra no es delito. Es responsabilidad,
conciencia histórica y defensa de la vida común. Los pueblos que resisten en
defensa del territorio, del clima y de la naturaleza no expresan criminalidad:
expresan dignidad, memoria y futuro.
La defensa de la Tierra nace del principio más elemental de
supervivencia y responsabilidad intergeneracional. Ninguna sociedad puede
sostenerse indefinidamente sobre la devastación de la naturaleza sin poner en
riesgo su propia continuidad. Quienes actúan para denunciar la crisis ecológica
no atacan a la sociedad: intentan evitar su colapso moral, ambiental y humano.
A lo largo del mundo, innumerables personas han entregado
incluso su vida por proteger la naturaleza y los derechos de los pueblos. En
Honduras, Berta Cáceres fue asesinada en 2016 por defender los ríos y
territorios del pueblo lenca frente a proyectos extractivos. Su lucha se
convirtió en símbolo mundial de la defensa de la Tierra y de los pueblos
originarios.
En Brasil, Chico Mendes fue asesinado en 1988 por defender
la Amazonía y las comunidades campesinas frente a la destrucción forestal. Su
muerte reveló el enorme poder económico y político que muchas veces se enfrenta
violentamente a quienes protegen la vida.
En Nigeria, Ken Saro-Wiwa fue ejecutado por denunciar la
devastación ambiental causada por la explotación petrolera en el territorio
ogoni. Su lucha mostró cómo la defensa del ambiente también es defensa de la
dignidad humana y de los derechos colectivos.
En Perú, Edwin Chota fue asesinado junto a otros dirigentes
indígenas por enfrentar la tala ilegal en la Amazonía. Como él, cientos de
líderes indígenas, campesinos y defensores ambientales son perseguidos cada año
por proteger bosques, ríos y territorios ancestrales.
Estos casos no son excepciones aisladas: son parte de una
realidad global donde defender la Tierra puede implicar persecución,
criminalización e incluso la muerte. La violencia estructural contra quienes
protegen la vida contrasta con la falta de protección efectiva para los
ecosistemas que sostienen a toda la humanidad.
En el sur del mundo, el Pueblo Mapuche continúa enfrentando
procesos de despojo territorial, criminalización y conflictos asociados a la
defensa de sus tierras ancestrales. Diversas comunidades denuncian la expansión
de proyectos extractivos, forestales y energéticos sobre territorios
tradicionales, mientras que desde organizaciones sociales se ha señalado
reiteradamente la persistencia de una respuesta estatal centrada más en la
represión que en el diálogo intercultural y la reparación histórica. Este
conflicto evidencia tensiones profundas entre modelos de desarrollo y derechos
de los pueblos originarios, así como el persistente silencio o insuficiencia de
respuestas estructurales por parte de los Estados involucrados.
La verdadera violencia no proviene de quienes protestan
pacíficamente o realizan acciones simbólicas para alertar sobre la emergencia
climática. La violencia real proviene de un modelo económico y político que
destruye ecosistemas enteros, desplaza comunidades y criminaliza a quienes
resisten. La historia demuestra que muchas conquistas sociales y humanas
nacieron de actos de resistencia considerados ilegítimos por el poder de su
tiempo. Hoy, quienes defienden la Tierra continúan esa tradición ética:
proteger la vida frente a estructuras que privilegian el beneficio económico y
la lógica de la fuerza sobre el bienestar colectivo.
En este contexto, cobra especial relevancia la labor de
Jorge Riechmann, quien desde la universidad en Madrid y su trabajo ecologista
en la Sierra de Guadarrama ha desarrollado una obra y una enseñanza constante
centradas en la ecología política, la ética, la ciudadanía responsable y los
derechos humanos. Su trabajo intelectual y pedagógico insiste en la necesidad
de repensar la relación entre sociedad y naturaleza, poniendo la vida en el
centro frente a modelos de desarrollo que la subordinan al beneficio económico.
Cuidar la Tierra no es delito. Es una forma de defender la
humanidad, la memoria de los pueblos y el derecho de las generaciones futuras a
existir en un planeta habitable. Quienes arriesgan su libertad o su vida para
proteger el agua, los bosques y los territorios no representan criminalidad:
representan dignidad, conciencia histórica y compromiso con la vida común.
https://www.15-15-15.org/webzine/2026/05/19/cuidar-la-tierra-no-es-delito/
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