ELECCIONES GENERALES 26J:
POR UNA ECONOMÍA MÁS JUSTA, DEMOCRÁTICA Y SOSTENIBLE
POR UNA ECONOMÍA MÁS JUSTA, DEMOCRÁTICA Y SOSTENIBLE
Con
ocasión de la repetición de las elecciones generales el próximo 26 de junio de
2016, desde REAS Red
de Redes de Economía Alternativa y Solidaria queremos hacer llegar a
partidos políticos, agentes sociales y a la ciudadanía en general, nuestras
propuestas para la construcción de una economía más justa, democrática y
sostenible. Particularmente emplazamos a las diferentes fuerzas políticas a que
muestren su posición ante estas propuestas y a que las incorporen en sus
programas electorales.
REAS
Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria es una asociación estatal
independiente que trabaja desde 1995 en base a la Carta de Principios de
la Economía Solidaria. La red está actualmente compuesta por 18 redes, 14
autonómicas y cuatro de carácter sectorial (recuperación y gestión de residuos,
finanzas éticas, comercio justo y energía renovable), que agrupan a más de 500
empresas y organizaciones. Estamos presentes en el ámbito internacional a
través de RIPESS (Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y
Solidaria).
Un
nuevo modelo político, social y económico es necesario
- Impulsar
un cambio en profundidad que reoriente las políticas sociales y
económicas desde criterios de justicia y equidad, en el marco de
la promoción de un desarrollo humano social y ambientalmente sostenible.
- Resituar la
economía al servicio de las personas, donde instituciones
representativas, organizaciones sociales y la propia ciudadanía puedan
incidir en el rumbo político y económico a impulsar, en pro de una mayor
profundización democrática.
- Paralización
de leyes y regulaciones que están contribuyendo
a la mercantilización de la vida y a colocar en manos del mercado
capitalista servicios y bienes que debieran ser públicos y comunes (TTIP,
fracking, racionalización de la administración local, energía, etc.).
- Priorizar
política y presupuestariamente, todas aquellas medidas y actuaciones
dirigidas a garantizar la protección social y el bienestar de toda
la población: educación, sanidad, empleo, vivienda, servicios
sociales, inclusión social, etc.
- Mayor
efectividad y firmeza en el desarrollo de planes y acciones que aseguren
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
todos los espacios de la vida política, económica, social y cultural.
- Compromiso
firme con un modelo socioeconómico basado en la sostenibilidad
ambiental. Promoción de sectores económicos y de producción no dañinos
con las personas y el medio ambiente.
- Combatir
el fraude y desarrollar una política fiscal más progresiva y
redistributiva, que permita el sostenimiento de los servicios que
garantizan la cohesión y protección social.
- Promoción
de la participación ciudadana en el diseño y en la gestión de
políticas públicas, defensa del derecho a decidir de los pueblos y de
la ciudadanía, desarrollo de herramientas de control y transparencia en la
gestión pública, eliminación de las restricciones legales a la protesta
social y a la movilización ciudadana.
Economía
social y solidaria para un desarrollo alternativo
- Garantizar
los derechos de las personas (humanos, sociales,
económicos y culturales), así como la conservación y promoción ambiental,
por encima de cualquier otra consideración de tipo económico ajena a los
intereses de la mayoría de la población y del medio ambiente.
- Promoción
de la economía social y solidaria como contribución a la
construcción de un nuevo modelo económico más justo y sostenible, a través
del apoyo a la creación y sostenimiento de empresas de este ámbito,
desarrollo de incentivos fiscales, fondos de avales y líneas de
financiación específicas, etc.
- Fomentar
un modelo de emprendizaje social basado en el trabajo colectivo.
Apoyar de manera específica el intraemprendizaje y la intercooperación
entre entidades de la economía social y solidaria, así como la
reconversión de otras iniciativas económicas.
- Incorporar
en los programas de emprendizaje y en los planes de desarrollo local
las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres,
favoreciendo su acceso al empleo de calidad e incentivando la equidad en
el reparto del trabajo tanto productivo como reproductivo.
- Impulsar
la actividad económica a través de la promoción de la gestión
comunitaria y cooperativa de bienes y servicios comunes, con especial
atención a las alternativas de derecho y acceso a la vivienda:
cooperativismo con cesión de uso, vivienda social, etc.
- Promoción
de circuitos económicos alternativos, promoviendo la
distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios locales,
especialmente en el ámbito de la alimentación desde criterios de soberanía
alimentaria. Incentivar el desarrollo de nuevas formas de
intercambio: mercados y monedas sociales, consumo colaborativo y
cooperativo, etc.
- Incorporar
en los espacios educativos contenidos y competencias relacionados con la
economía social y solidaria y con la perspectiva ecológica y feminista.
Promover el fomento del pensamiento crítico respecto al sistema
económico, mostrando sus insuficiencias éticas y fomentando la
investigación de nuevos modelos económicos que las superen.
- Desarrollar
medidas de compra pública socialmente responsable en la
modificación de la Ley de Contratos Públicos, a través de cláusulas
sociales relacionadas con: el impulso de la inserción sociolaboral, la
sostenibilidad ambiental y los circuitos de proximidad, apoyo a entidades
no lucrativas y de economía social y solidaria, impulso de políticas de
igualdad de oportunidades, comercio justo, garantía de condiciones
laborales dignas, etc.
Un
nuevo modelo energético
- Elaboración
y desarrollo de un plan integral de ahorro y eficiencia energética en
edificios, transporte e industria.
- En el
ámbito de la movilidad, impulso del transporte colectivo, las
iniciativas de economía colaborativa y la electrificación del transporte.
- Despliegue
masivo de generación eléctrica distribuida. Impulso del
autoconsumo o autoproducción eléctrica con balance neto (que no incorpora
peajes sobre la electricidad consumida instantáneamente).
- Remunicipalización
de las redes de distribución. Quien tiene el control de
la red, tiene control sobre la energía, un bien y un derecho básicos.
Aprovechar esta transición energética para vertebrar democráticamente las
comunidades y que mantengan una monitorización permanente sobre la
gestión.
Finanzas
al servicio de la ciudadanía
- Promoción
y regulación de una gestión transparente y sostenible de
la actividad bancaria. Control público y limitación de la actividad de la
banca de inversión basada en productos financieros especulativos.
- Impulso
de medidas internacionales eficaces para la eliminación de los
paraísos fiscales, así como prohibición de la actividad de
intermediarios financieros que operan con estrategias orientadas a evitar
el control público.
- Eliminación
de las ayudas públicas a la banca privada y
establecimiento de contrapartidas sociales e intervención en la
orientación de la actividad financiera de las entidades apoyadas en los
últimos rescates.
- Promoción
de una banca al servicio de la economía real y de las necesidades
de la población. Desarrollo de herramientas de finanzas públicas
orientadas al impulso del desarrollo humano local, la promoción de la actividad
económica social, el sostenimiento de la protección social, etc.
- Apoyar
sistemas de intermediación financiera cooperativos orientados a
las economías locales y que promueven una ciudadanía comprometida
con el uso responsable del ahorro y el reconocimiento del derecho al
crédito.
- Promoción
y fomento de las iniciativas de finanzas éticas, alternativas y
solidarias. Participación en la creación y consolidación, junto con las
realidades de finanzas éticas y alternativas ya existentes, de nuevos
circuitos de intermediación financiera que refuercen el impacto social de
estas realidades.
Gestión
de residuos para la sostenibilidad ambiental y social
- Caminar
hacia una economía circular y de vertido cero. Favorecer
las políticas de prevención de residuos; la recogida selectiva que
optimice la separación en origen de la materia orgánica; los sistemas de
depósito y retorno; y la preparación para la reutilización, frente a otras
vías de valorización y frente a la eliminación directa.
- Priorizar
a las empresas de economía social y solidaria en el ámbito de la gestión
de residuos a través del establecimiento de cláusulas sociales y
reservas de mercado que favorezcan al sector por su valor social
añadido asociado a la generación de empleo y a la inclusión social de
colectivos vulnerables.
- Establecer
una fiscalidad ambiental coherente con la jerarquía en la gestión
de residuos: impuestos por generación de residuos, exención de IVA
para los productos que han sido preparados para reutilizar y sanciones al
vertido y la incineración.
Cultura
popular, libre y no mercantilizada
- Promover
una cultura de proximidad, donde las comunidades creativas ocupen
el centro de las políticas públicas. Las infraestructuras han de ser
entendidas como herramientas que hagan posible una cultura que nace y se
relaciona desde la cercanía y no desde el mega evento.
- $Defender
un modelo que conciba la cultura como expresión social colectiva que
enriquece la vida de las comunidades, aportando experimentación creativa,
formas de resolución de conflictos y narraciones que crean otras formas de
entender y estar en el mundo. Alejar esta concepción de la de industria
cultural sometida a la dictadura de los balances contables.
- Fomentar
desde la EsyS nuevas formas cooperativas de organización que rompan con
la precariedad, temporalidad y la competitividad, y que hagan de la
democracia, la equidad y el cuidado del entorno biosocial parte esencial
de su filosofía. Esto no significa que la cultura deba pasar
obligatoriamente por formas monetarizadas o empresariales.
- Extender
el uso de licencias libres, de uso obligatorio en todas las
producciones culturales financiadas con dinero público, cuyas obras
deberían pasar a dominio público, dentro de un banco de recursos
gestionado como un bien común por las comunidades.
Por
un mundo rural vivo
- Retirada
de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que
supone una desamortización encubierta de los bienes comunales, (agua,
bosques, cotos de caza, reservas micológicas) que son propiedad de las
pequeñas entidades locales y pasarían a ser propiedad de administraciones
públicas superiores como ayuntamientos o diputaciones.
- Control
público y del territorio sobre el agua y el acaparamiento
de tierras para la agroindustria y la especulación, así como fin de las
autorizaciones de extracción del subsuelo: ni fracking, ni prospecciones.
- Desarrollo
de bancos de tierras públicos y/o compartidos o gestionados por
las entidades locales de economía social y solidaria.
- Medidas
positivas que apoyen el desarrollo de las zonas más deprimidas del
medio rural, sierras principalmente, y que eviten la despoblación de
esos pueblos y permitan a sus habitantes participar en la custodia de ese
territorio.
- Fomento
de la agricultura local y ecológica. Protección de las rentas de
las personas que se dedican a las actividades de producción en el campo y
promoción de los circuitos cortos de comercialización.
FUENTE: Documento en PDF
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