Tras la suspensión el viernes
de las principales medidas en materia de vivienda de la ley contra los
desahucios y la pobreza energética, sus impulsores –la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio
DESC– no se han quedado de brazos cruzados. El gobierno de Rajoy llevó al Tribunal Constitucional las herramientas que
planteaba la ley para corresponsabilizar a los grandes propietarios ante las situaciones
de exclusión residencial, pero a pesar de la falta de estas medidas, el grupo
promotor de la ley ha puesto sobre la mesa una "Hoja de ruta inicial para
evitar el retroceso en los derechos que la ley 24/2015 protege".
El president Carles
Puigdemont ha convocado una cumbre este martes con los impulsores de la ley,
los grupos parlamentarios, algunos de los principales ayuntamientos catalanes y
entidades sociales para responder a la impugnación del gobierno del PP. El
portavoz de la PAH, Carlos Macías, ha querido dejar claro que no irán a
"hacerse la foto" y que por eso plantea medidas muy concretas que
apelan al Govern, al Parlament y a los ayuntamientos. Las medidas planteadas
por la PAH se basan en parte en legislación
que ya estaba vigente antes de la aprobación de su ILP,
pero que sin embargo no se aplicaba.
La ley catalana del derecho
a la vivienda del 2007, a pesar de haber sido recortada por CiU al inicio del
primer mandato de Artur Mas, todavía contempla multas a los pisos vacíos, que
la PAH reclama desde 2013 que apliquen los ayuntamientos. Ahora vuelven a poner
el acento en eso. De la misma ley también reclaman el censo para detectar todas
las viviendas que no cumplen su función social, la expropiación temporal de los
inmuebles en mal estado de conservación para su rehabilitación, y la aplicación
del principio de solidaridad urbana, que establece la necesidad de un 15% de
vivienda social.
Por otra parte, la PAH
reclama adaptar normativas para incorporar los criterios que estableció la ley
contra los desahucios ahora suspendida. Es el caso de las Mesas de Emergencia
de los municipios o la Generalitat, para las que reclaman que los criterios de
exclusión residencial se sigan definiendo como estableció la ley. También
reclaman a las administraciones seguir utilizando el mismo criterio –todavía
vigente– para calcular el precio de una vivienda social: los gastos en vivienda
y suministros básicos no deberían superar el 30% de los ingresos de la familia.
Desplegar los artículos vigentes
En cuanto a la pobreza
energética, las medidas que estableció la ley siguen vigentes y sus impulsores
reclaman una vez más su aplicación. "Hace nueve meses que la ley está
vigente y aún no se ha terminado de desplegar" critica Macías. María
Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), ha
remarcado la importancia de la firma de los convenios con las compañías
suministradoras de luz, agua y gas. La ley establece que las administraciones
deben establecer convenios con las suministradoras para que estas concedan
ayudas a fondo perdido a las familias que no pueden hacer frente a los recibos
o descuentos sustanciales en el coste. Hoy por hoy, la respuesta en estos casos
pasa por ayudas de los ayuntamientos, y la APE critica que se destinen fondos
públicos sin corresponsabilización de las entidades.
La ley también establece
que las compañías no pueden cortar los suministros a las familias en situación
de vulnerabilidad y antes de efectuar un corte deben pedir un informe a
servicios sociales. Desde la PAH aseguran que sólo se está aplicando este
principio en los municipios en que los ayuntamientos cubren los recibos
impagados por las familias y no en aquellos en los que las suministradoras no
tienen asegurado el cobro de las facturas. La hoja de ruta presentada por la
PAH reclama también la actuación de oficio de la Generalitat para sancionar las
suministradoras en estos casos.
"El PP es un impedimento
para garantizar derechos"
A los partidos del
Parlament la hoja de ruta les reclama que velen por el cumplimiento de estas
leyes y ejerzan su capacidad legislativa para garantizar el derecho a la
vivienda. El foco, sin embargo, está sobre las candidaturas a las elecciones
del 29J. Excepto el PP, todos los grupos del Congreso se han comprometido a
retirar el recurso interpuesto por el Gobierno de Rajoy si llegan a la Moncloa.
La PAH les recuerda también, que esto debe ir vinculado a sus cinco exigencias
de mínimos, que extenderían a todo el Estado los derechos recogidos en la ley
aprobada por el Parlament y ahora recurrida.
En cuanto al Partido
Popular, la PAH envía un mensaje contundente: "El PP nos envía un mensaje
muy claro, es un impedimento para garantizar nuestros derechos, así que no
podemos permitir que siga gobernando", ha declarado Carlos Macías. " Ha suspendido cualquier ley de cualquier comunidad
autónoma que garantizara el derecho a la vivienda",
ha añadido. Durante esta campaña, una vez más, la PAH se encargará de
recordarlo.
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