Comunicado del grupo
promotor de la ILP Hipotecaria sobre la propuesta continuista del Partido
Popular
Las entidades promotoras de la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago retroactiva, la
paralización de los desahucios y el alquiler social denuncian la voluntad del
Partido Popular de aprovechar la tramitación parlamentaria de la ILP para desvirtuar
las propuestas de esta iniciativa ciudadana.
El pasado viernes el grupo
parlamentario del PP envió al resto de formaciones políticas una propuesta de “medidas urgentes para
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y
alquiler social” que
desconoce las legítimas pretensiones de la ILP: dación en pago retroactiva; paralización de los
desahucios que afecten a viviendas habituales de deudores hipotecarios y la
posibilidad de que las personas afectadas puedan permanecer en sus viviendas en
régimen de alquiler social.
La propuesta del PP que hoy martes se
debate en el Congreso supone una burla a los intereses de las personas afectadas por procesos
de ejecución hipotecaria y a la sociedad en su conjunto. Una
vez más, la efectividad del derecho a una vivienda digna consagrado en la
Constitución española y en numerosos tratados internacionales de derechos
humanos ratificados por el Estado español, queda supeditado
a los intereses de las entidades financieras.
Pese
a la aceptación a trámite parlamentario de la ILP, y desconociendo el masivo
apoyo social a la propuesta, el PP elimina todo rastro de la ILP por la dación
en pago y tan sólo introduce enmiendas sin trascendencia de algún otro partido.
En concreto, las medidas propuestas por el grupo parlamentario del PP confirman
las peores expectativas:
La dación en pago retroactiva se ha
convertido en un sistema de “quitas” de imposible cumplimiento. La opción del Partido Popular desconoce la legislación europea en
materia de segunda oportunidad y supone una condena financiera de por vida a
cientos de miles de familias. Sin embargo, el sistema de
“quitas” confirma la posibilidad de establecer una posible condonación de la
deuda hipotecaria de forma retroactiva.
La paralización de los desahucios que
afectan a viviendas habituales de deudores de buena deja fuera al grueso de
personas afectadas. A las dificultades objetivas que supe cumplir con los
requisitos para acogerse a la moratoria de dos años en el lanzamiento, se añaden
además criterios de dudosa técnica jurídica. Se insiste, así, en introducir ligeras modificaciones a proyectos fracasados como el Real Decreto-ley 6/2012, de 9
de marzo, conocido como Código de Buenas Prácticas, y al Real Decreto-ley
27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a
los deudores hipotecarios. De nuevo, una familia con un menor de 3 años podrá
acogerse – si cumple el resto de condiciones -, y no así una familia con dos
menores de 4 años. En realidad la supuesta mejora consiste en elevar las rentas
disponibles para poder acogerse a la moratoria pero bajo supuestos de difícil
cumplimiento como que el ejecutado sufra una “parálisis cerebral o una
enfermedad mental”.
El
impulso del alquiler social entre las personas afectadas desaparece. No se
contempla ninguna medida relacionada pese a que el título de la propuesta
legislativa alude a la necesidad de reforzarlo.
De llevarse a cabo en los términos
planteados la reforma condenará a la pobreza y la exclusión social a cientos
de miles de personas. Una verdadera sangría en términos de
vidas humanas y de los recursos públicos que deberán emplearse para solventar
la falta de vivienda y el sobre endeudamiento de las familias afectadas.
Liberar
a las familias de la condena financiera y facilitar su acceso en régimen de
alquiler social a las viviendas vacías en manos de las entidades financieras
contribuiría de manera decisiva a reactivar la demanda interna, el consumo y,
por tanto, la economía.
En definitiva, y más allá de la figura
jurídica concreta por la que se opte, resulta urgente que la tramitación parlamentaria de la ILP sirva
para solventar la situación de emergencia social generada por una legislación
injusta y sin parangón en los países de nuestro entorno.
Desde la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca seguiremos presionando al
Partido Popular para que rectifique y aplique unas demandas de mínimos que ha
quedado ampliamente demostrado que son un clamor popular.
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