RECUPERAR
UN PUEBLO ABANDONADO
Cuatro
años y medio de cárcel por recuperar el pueblo de Fraguas
El
viernes, seis de los pobladores que han recuperado el pueblo
abandonado de Fraguas en la sierra norte de Guadalajara irán a
juicio. Se enfrentan a cuatro años y seis meses de cárcel por
delitos contra el medio ambiente, ordenación del territorio y
usurpación
El
próximo viernes, 25 de mayo, seis de ellos serán juzgados por
delitos medioambientales, contra la ordenación del territorio y por
usurpación. La Fiscalía pide para cada uno de ellos seis años y
seis meses de cárcel además de multas que rondan los 10.000 euros
por cabeza.
“En
2013 coincidimos dos grupos que teníamos inquietudes parecidas de
vuelta al campo, de vida sostenible, de autogestión, y con ganas de
movernos en círculos de más autogobierno, con estructura de toma de
decisiones asamblearias”, explica Aracil a El
Salto sobre
los motivos que les llevaron a comenzar a vivir en Fraguas. “Pensamos
que el mejor sitio para hacerlo era el campo, así que nos echamos la
manta a la cabeza y nos vinimos para acá”.
CINCO
AÑOS DE TRABAJO PARA RECONSTRUIR UN PUEBLO
Fraguas
está localizado en el Parque Natural de la Sierra del Norte de
Guadalajara, aunque, según apunta Lalo, “de parque natural tiene
poco porque lo han destrozado, lo es por los cupos de zonas
protegidas que tiene que haber”.
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Al
llegar se encontraron con los restos de las casas que los antiguos
habitantes de la población tuvieron que abandonarla y los casquillos
de bala repartidos por el monte resultado de las prácticas de tiro
del ejército en la zona. “No es permisible hacer un nuevo núcleo
de población, pero sí se puede la zona utilizar para hacer
prácticas militares y que tiren petardos. Es por intereses
económicos”, denuncia Aracil.
Se
pusieron manos a la obra. “En 2013 ya rehabilitamos la primera
casa”, recuerda Aracil, quien señala que, lo primero a lo que se
dedicaron al llegar fue a hacer algo de huerta y preparar una casa en
la que se pudieran cobijar cuando llegara el frío del invierno. En
la actualidad ya son tres las casas habitables en el pueblo y una
huerta que les da frutos para autoabastecerse y poder vender.
“Hacemos productos artesanales para financiarnos. Los primeros años
han sido de mucha precariedad porque no había nada absolutamente y
hemos hecho las estructuras. Mientras hemos vivido muy precarios.
Ahora hemos cogido experiencia y vamos teniendo más espacios y la
vida es más fácil”, relata Aracil.
En
este tiempo también han realizado dos reforestaciones en la zona con
vegetación autóctona. “La última fue la más grande, la
realizamos de la mano de la asociación universitaria Malayerba y con
el colectivo ecológico de la UAM [Universidad Autónoma de Madrid].
Vinieron 60 personas y se plantaron 120 árboles, sobre todo
quejigos, roble quercus pyrenaica y espino albar, y también pusimos
coscojas y encinas”, detalla.
La
zona reforestada, un antiguo pinar, había sido arrasada por un
incendio en 2014. “Fue provocado por una cosechadora y, como los
pinares están semiabandonados y la densidad de pinos es
exageradamente alta, aquello ardió como un polvorín”, recuerda.
Pero
no fue fácil. Según explica Aracil, ya desde el primer día
sufrieron el acoso por parte de los guardias forestales. “Nos
pusieron multas de todo tipo: por circular, por hacer huerta… por
cualquier motivo”. Tampoco les han permitido que se empadronen en
Monasterio, la localidad más cercana, ya que en Fraguas no existe
Ayuntamiento.
En
los últimos meses, para sumar obstáculos, denuncian que desde la
Junta de Castilla-La Mancha les han puesto una cadena que les bloquea
la principal entrada al pueblo. “Es para que no podamos entrar ni
salir con vehículos, así que, como tengamos una urgencia, o un
accidente, no podrán venir ni podremos salir corriendo”, alerta
Aracil. “Hay otras entradas, pero la rápida, que es esa, está
cortada”, añade.
En
2015 les llegó la primera citación, que fue por usurpación. La
querella la había interpuesto la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, propietaria de los
terrenos desde que el pueblo dejó de existir oficialmente. La
Fiscalía pedía seis meses de cárcel para cada una de las seis
personas a la que identificó.
Pero
la causa contra ellos siguió creciendo. En 2017 recibieron una nueva
acusación por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, esta vez por
delitos contra el medio ambiente y contra ordenación del territorio,
por los que pedían para cada uno de ellos dos años de cárcel por
cada uno de los dos delitos. “Además nos exigieron el pago de
17.000 euros de fianza para la demolición de las casas”. En total,
cuatro años y seis meses de cárcel y multas que rondan los 10.000
euros para cada uno de ellos. 26 años de cárcel y 60.000 euros
entre los seis.
“Nos
acusan de delitos contra la ordenación del territorio porque la zona
está catalogada como monte, pero es un pueblo, no estamos haciendo
ninguna casa de nueva planta”, señala Aracil. “Nosotros
consideramos que esto sí es un pueblo, no como ellos, que han
decidido borrar pueblos y memoria de sus archivos”, añade.
“No
tenemos miedo y queremos que vamos a aguantar aquí digan lo que
digan los jueces. Creemos que aunque sea ilegal es positivo lo que
estamos haciendo. queremos seguir aquí”, concluye. El próximo
viernes hay convocada una concentración frente a los juzgados de
Guadalajara y ya hay 70.000 personas que han apoyado con su firma el
proyecto de repoblación en Fraguas.
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