DEMOCRACIA DELIBERATIVA: Un buen ejemplo irlandés
Irlanda inaugura un nuevo método de reforma constitucional a través de
una convención de ciudadanos y políticos. ¿Por qué no aquí?
La necesidad de renovar la política lleva a nuevas formas de democracia
deliberativa. Irlanda se ha asomado a una nueva dinámica para debatir una
reforma de su Constitución: una convención de políticos y ciudadanos, estos
últimos elegidos al azar aunque de modo que fueran representativos de la
población. Han estado debatiendo –con luz y taquígrafos, es decir, en nuestros
días todo en Internet– durante 18 meses y han presentado su octavo y último
informe el pasado lunes.
El encargo vino del propio Oireachtas, el “Parlamento nacional”,
integrado por el presidente de la República, la Cámara Baja y el Senado,
centrado en ocho reformas de una Constitución que data de 1937 aunque se ha
enmendado en numerosas ocasiones. Todavía hay en ella trazas del pasado como la
constitucionalización del delito de blasfemia en un país esencialmente católico,
que ahora se pretende eliminar. Y otras cuestiones como la reducción de la edad
de voto a los 16 años, la revisión del sistema electoral, el matrimonio
homosexual o la mayor participación de la mujer en la política. Pero si ha
versado sobre estas y otras materias, la Convención pudo ir y ha ido más lejos
de los ocho puntos que se le pedía sobre todo en lo referente a la reforma de
la Cámara Baja y a los derechos económicos, sociales y culturales.
A nosotros nos interesa más el método que el contenido, pues puede
inspirar maneras de proceder en nuestro propio país donde la reforma a fondo de
la Constitución de 1978 está bloqueada por el sistema político. Que no se
contemple una convención de este tenor no significa que esté prohibida. El
método podría servir.
La Convención Constitucional irlandesa ha estado integrada por 100
miembros. 29 de ellos eran políticos elegidos por el Parlamento en proporción a
la fuerza de cada partido, más cuatro representantes de partidos de Irlanda del
Norte, y un presidente independiente, nombrado por el Gobierno, Tom Arnold
hasta entonces, entre otras atribuciones, directivo principal de la ONG Concern Worldwide (Preocupación
Mundial). Hasta aquí, casi normal. La innovación ha venido de la selección de
los 66 ciudadanos que han integrado la Convención.
En julio y agosto de 2012 una empresa de sondeos se encargó de
seleccionarlos al azar pero de modo que fueran representativos de la sociedad
(edad, género y estatus socioeconómico y laboral) y de su reparto geográfico. A
la vez se designaron otros 66 como recambio, por si fallaban algunos en el
primer grupo, dado que los ciudadanos elegidos sólo participaron sobre una base
voluntaria.
De los 66 ciudadanos, la mitad han sido mujeres y la otra mitad
hombres. 8 de 24 años o menos, 28 de entre 25 y 44, 20 de 45 a 64 años de edad,
y 10 de más de 65 años. No se ofreció ningún incentivo monetario para
participar, más allá de los gastos necesarios para asistir a la Convención.
Ésta se reunió durante diez fines de semana. Los sábados se dedicaban a
escuchar a expertos, los domingos a valorar lo hablado la víspera y votar. El
temor a que los políticos, más hechos a hablar en público, dominaran los
debates no se materializó, según Arnold, para el cual se respetaron los
principios de apertura, ecuanimidad, igualdad de voz, eficiencia y
colegialidad.
Muchos de estos ciudadanos se han sentido orgullosos de haber
participado en la Convención. Arnold nos ha relatado cómo fueron muy
activos en sus debates que se retransmitieron por Internet. Todo, incluidos los
debates, está recogido en la web
Constitution. Tras la Convención, le corresponde decidir responder
al Gobierno en cuatro meses sobre las diversas reformas propuestas. Si, con el
Parlamento, las acepta, puede ser necesario convocar referendos populares,
aunque parte de las conclusiones se refieren no sólo a la Constitución sino a
otras leyes. De hecho, de las 38 recomendaciones de la Convención, 18 requerirían
cambios en la Constitución.
Hubo otro intento de asamblea popular para redactar una nueva Constitución en Islandia tras la crisis. Se fraguó
tras un proceso de deliberación con una asamblea nacional formada por 950
personas elegidas al azar, en un terreno preparado por siete personalidades
designadas por el Parlamento. Aunque una parte importante de sus propuestas
fueron ignoradas por la posterior y regular Asamblea Constituyente, sí fue un
caso político de ensayo de democracia participativa.
La propia Convención
Constitucional irlandesa ha concluido haber “representado una manera nueva y
excitante de examinar la reforma constitucional, al poner al Pueblo –al que
pertenece la Constitución- en el corazón del proceso”. Irlanda ha demostrado en
este caso cómo la democracia representativa se puede complementar con grados
avanzados de democracia deliberativa y participativa.
¿Por qué no aquí?
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