LA RENTA DE CIUDADANÍA como indemnización por el coste social de la crisis
A los costes
sociales de la última crisis del capitalismo local, hay que añadir que la
ciudadanía española, en tanto que contribuyente, lleva décadas pagando costes
privados sobre los que no posee ni control ni beneficio: quiebras bancarias,
bancarrotas de autopistas, cierres de centrales nucleares, sondeos fallidos de
fracking… Es justo, pues, reclamar una contrapartida a este esfuerzo nacional.
Esta indemnización social refuerza el argumento político y moral para
reivindicar un Ingreso Ciudadano. Aunque Podemos renuncie a empoderar a la
gente y se conforme ahora con algo tan viejuno como el humillante artefacto del
ingreso de inserción.
El listado de
ayudas, socorros y rescates al tinglado financiero y gran empresariado del país
es demasiado extenso como para hacer inventario en esta página. A las ayudas
registradas en el Boletín Oficial del Estado hay que añadir los casos de
corrupción que afloran día a día, apestando el ambiente con su nauseabundo
aroma Cada una de esas corruptelas suponen un doble coste: lo que se embolsa el
corrupto más lo que se lleva el corruptor en forma de adjudicaciones de
contratos de la Administración.
Un recentísimo
ejemplo de ayuda pública con dinero del Estado es el acuerdo del Consejo de
Ministros mediante el cual la empresa Enagás, participada por el Estado y con
varios ex dirigentes del PP en su consejo de administración, deberá indemnizar
con 1.350 millones de euros a la compañía Escal UGS, participada en un 67 por
ciento por ACS, la constructora que preside el mandatario del Real Madrid,
Florentino Pérez.




