CATALUÑA Y LA SOLIDARIDAD INTERREGIONAL EN ESPAÑA
"Cuando la derecha apela a la solidaridad interregional lo
que hace es demandar que las clases populares catalanas, que sufren
también la precariedad social y la desigualdad en su comunidad
autónoma, sobre todo cuando en la Generalitat gobierna la derecha,
contribuyan a mantener la estabilidad en regiones donde la situación
social resulta inviable y explosiva y, con ello, apuntalen la
pervivencia de los privilegios de las élites de esas regiones. Nunca
la derecha española ha defendido ni defenderá que la aristocracia y
la alta burguesía andaluzas, y del resto de España, deba cumplir
con sus obligaciones impositivas y sociales y deba, por ejemplo,
sufragar las ayudas a los desempleados andaluces; por el contrario
señalará a la solidaridad interregional como fuente de todo
remedio."
En
estos momentos convulsos en los que desde Cataluña, por parte del
gobierno catalán y los partidos y movimientos sociales
independentista, se pone en cuestión la relación entre España y
Cataluña, en España las organizaciones, los líderes y los
ciudadanos que se consideran de izquierdas
toman partido y se posicionan en uno u otro sentido.
Muchos
políticos, intelectuales y ciudadanos españoles de izquierda
señalan la ilegitimidad de la voluntad independentista de parte de
los ciudadanos catalanes apelando a la llamada solidaridad
interregional, esta solidaridad se fundamentaría en el deber de las
regiones ricas de ayudar a las regiones pobres. Deber del que
Cataluña parece querer escapar. Esta apelación es lógica puesto
que la solidaridad es un valor fundamental de las ideologías de
izquierda. En el presente artículo se pretende argumentar contra
esta posición de buena parte de la izquierda española.
El
independentismo catalán cifra el llamado “expolio fiscal” en
entre 13.000 y 16.000 millones de euros, es decir, dinero que es
recaudado a través de impuestos en Cataluña, que llega al gobierno
central del Estado y que no vuelve a Cataluña. Frente al argumento
del “expolio fiscal” regional, muchas veces se ha oído, a
representantes del gobierno central del Estado o a representantes de
los partidos hegemónicos en España, argumentar que los impuestos no
los pagan los territorios sino los ciudadanos.
De lo cual se deduce que las transferencias de recursos no se producen de un territorio hacia otros sino de unos ciudadanos a otros, independientemente de donde residan. Para ver este tema de manera adecuada se debe salir de este falso dilema y observar las cosas con mayor realismo y claridad: los impuestos no los pagan los territorios, pero tampoco los ciudadanos; los impuestos los pagan, o no los pagan, las clases sociales.
De lo cual se deduce que las transferencias de recursos no se producen de un territorio hacia otros sino de unos ciudadanos a otros, independientemente de donde residan. Para ver este tema de manera adecuada se debe salir de este falso dilema y observar las cosas con mayor realismo y claridad: los impuestos no los pagan los territorios, pero tampoco los ciudadanos; los impuestos los pagan, o no los pagan, las clases sociales.
Resulta
irrefutable y ampliamente documentado que en los Estados con
economías de matriz neoliberal, como ésta en la que nos movemos, el
mayor aporte impositivo se da a través de las rentas de trabajo y no
de las rentas de capital y que la grandes fortunas y las grandes
corporaciones empresariales tienen diferentes vías, más o menos
legales o ilegales, para escabullirse respecto a sus obligaciones
fiscales. Recordemos, a título de ejemplo muy significativo y
directo, cómo el multimillonario Warren Buffet, en un gesto que le
honró, en una entrevista a la NBC denunció que el sistema fiscal
norteamericano hacía que él pagara menos impuestos que cualquiera
de sus empleados, incluidos los recepcionistas.
Bien,
los impuestos los pagan algunas clases sociales: los trabajadores,
los Profesionales, los autónomos, los pequeños y medianos
empresarios, en definitiva las clases trabajadoras y las clases
medias, pero no la alta burguesía ni las grandes fortunas. Este es
un dato muy relevante para entender la función de la llamada
“solidaridad interregional”.
Es
muy significativo que la derecha española, sólo apele a la
solidaridad y a la igualdad entre españoles cuando habla de
relaciones interterritoriales, pero nunca cuando habla de las
relaciones entre clases sociales y sectores socioeconómicos.
Ante
el conflicto del Estado Español y el movimiento independentista
catalán, se ha puesto sobre la mesa como una posible solución un
“pacto fiscal” por el que Cataluña podría pasar a tener un
estatuto fiscal como el Pais Vasco o Navarra. Sin embargo, por
ejemplo, el 2 de octubre de este año el diario El Mundo titulaba un
artículo de la siguiente manera: “Expertos del gobierno advierten:
Un pacto fiscal con Cataluña sería `monstruoso’ y costaría
13.000 millones”. En dicho artículo se reproduce un gráfico con
las balanzas fiscales interregionales en las que se observa que sólo
Cataluña y Madrid y, en muchísima menor medida, Baleares y Valencia
son comunidades aportadoras netas al sistema y transfieren diferentes
porcentajes de lo que se recauda en su territorio
al resto de comunidades autónomas. Las que más aportaciones reciben
son Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla León y Castilla la
Mancha.
Resulta
esclarecedor que mientras que durante décadas la derecha y también
la izquierda española minusvaloraban la contribución de Cataluña a
las arcas del Estado descalificando lo que los gobiernos catalanes
denunciaban en torno al expolio fiscal y decían que el déficit
fiscal catalán se movía en torno a los 4.000 millones; ahora,
cuando hay que poner los números de verdad sobre la mesa para
decidir lo que el Estado puede ceder y no ceder a Cataluña en una
situación extrema de peligro de ruptura, resulta que fuentes
gubernamentales de Madrid acaban admitiendo que el montante es tan
“monstruoso” que el Estado no puede prescindir de él.
En
todo caso, lo relevante de la discusión no estriba en el montante
del “déficit fiscal”, si 4.000 millones, 9.000. 13.000 o 16.000;
este es un debate que podría ser secundario; lo realmente importante
es la función económica, social y política de ese dinero, de dónde
sale y para qué sirve.
Se
ha de tener en cuenta que el País Vasco y Navarra no aportan nada
debido a que mediante el llamado “pacto fiscal” mantienen una
relación prácticamente confederal con el Estado Español. Por otro
lado, la cuestión de lo que supuestamente aporta la Comunidad
Autónoma de Madrid sería otro tema relevante por sí mismo, pues
seguramente una buena parte de lo que da por un lado lo recibe por
otro. Por ejemplo, en forma de gastos e inversiones como capital del
Estado, como destino, directo o indirecto, de las inversiones no
regionalizadas en un Estado con infraestructuras centralizadas
y radiales, en impuestos de sociedades de numerosísimas grandes
corporaciones que aunque tengan su producción en otras comunidades
autónomas tienen su sede social y fiscal en Madrid, junto a la
autoridad reguladora del mercado, y pagan impuestos en la comunidad
autónoma madrileña. Incluso hay que tener en cuenta que una cosa es
lo que el gobierno central presupuesta en inversiones en
Infraestructuras y servicios, que es lo que hace público, y otra
cosa muy distinta lo que
realmente ejecuta. Sistemáticamente, en Cataluña, lo realmente
ejecutado es menor que lo oficialmente invertido; mientras que en
Madrid ocurre lo contrario. Pero todo esto es otro tema a discutir,
aunque de ello podría desprenderse que una parte fundamental de lo
que se transfiere a las comunidades autónomas deficitarias, casi
todas, proviene en gran medida de los impuestos de los que de verdad
pagan impuestos en Cataluña: las clases medias y las clases
trabajadoras.
¿Por
qué las fuentes del gobierno central que cita El Mundo, consideran
“monstruoso” el hecho que una buena parte de lo recaudado en
Cataluña no fuera a parar a los gastos e inversiones del gobierno
central y de otras comunidades autónomas españolas deficitarias?
Sencillamente porque haría el sistema insostenible, pero ¿qué
sistema? Pues el sistema de poder y subordinación entre clases
sociales.
Más
allá del uso que el gobierno español hace de los recursos de que
dispone para reflotar de la ruina a las empresas financieras privadas
y de otorgar grandes concesiones de obras a constructoras para la
realización de mastodónticas infraestructuras, muchas veces
inútiles, nos centraremos en las transferencias de recursos de unas
regiones a otras. Tomemos el caso de las regiones del sur de España
y, de forma particular, el caso de la mayor de ellas: Andalucía
Andalucía es un gran país, con una cultura rica y de primer nivel,
con enormes potencialidades, con un pueblo admirable que en momentos
históricos concretos ha demostrado comportamientos heroicos
en las luchas por la libertad, la justicia social y el desarrollo de
su región y del conjunto de España. Pero no se puede negar la
realidad actual. En estos momentos y en su actual estructura
socioeconómica, Andalucía es un país inviable si no fuera por las
aportaciones exteriores, tanto desde otras comunidades autónomas
españolas como de otros países europeos. Andalucía, Extremadura,
Canarias y Castilla la Mancha, según datos de Eurostat de 2017,
lideran los índices de paro en Europa, sólo por detrás de la
región Griega de Macedonia Occidental. En estas regiones españolas,
prácticamente la tercera parte de la población en condiciones de
trabajar está en paro, con bolsas de desempleo en municipios de
algunas provincias que pueden llegar al 40%. El desempleo es endémico
y estructural en España, pero en las regiones del sur alcanza cotas insoportables.
Mirado desde este punto de vista, el problema más grave del Estado
Español está en el sur y no en el noreste.
La situación de las regiones del sur, especialmente en el caso de
Andalucía, se debe al
mantenimiento
de una estructura productiva que es desastrosa y que exacerba los
rasgos negativos de la estructura productiva del resto de España: el
monocultivo de ladrillo y turismo y la escasísima presencia de
industria e innovación, y además posee características propias
como la existencia del latifundismo en la propiedad de la tierra, un
latifundismo muy poco o nada productivo.
De
hecho, por ejemplo, según datos del Instituto de Estadística de
Andalucía, el latifundismo no ha disminuido, sino que históricamente
ha ido creciendo. Si en 1930 los latifundistas tenían la propiedad
del 43 % de las tierras cultivables, actualmente estas tierras están
en torno al 50%. Según datos del Sindicato de Trabajadores
Andaluces, SAT, el 50% de las tierras cultivables está en manos del
2% de propietarios.
Las
elites socio-económicas andaluzas, que en buena parte provienen de
la aristocracia y no tienen ni siquiera la mentalidad emprendedora de
la burguesía moderna, mantienen sus privilegios en base al
inmovilismo y no tienen la menor intención de activar auténticos
factores de desarrollo en su región. El statu quo existente ya les
resulta sumamente beneficioso. Pero es que ni siquiera los gobiernos
autonómicos del PSOE durante los últimos 30 años han hecho nada
realmente significativo para cambiar la situación en términos de
empleo, productividad y desarrollo. Al final el poder político y las
élites socio-económicas se apoyan mutuamente. Un símbolo realmente significativo
y vergonzoso de este maridaje está en la declaración de la difunta
Duquesa de Alba como Hija Predilecta de Andalucía y la concesión
que se le hizo de la medalla de Andalucía por parte del gobierno
autonómico del PSOE.
El
desempleo masivo genera en el sur de España situaciones socialmente
explosivas que afectan sobre todo a las clases populares andaluzas y
cuyos efectos sólo puede entenderse que se contengan en base a los
recursos que llegan a través de la transferencia de otras
comunidades autónomas, especialmente desde Cataluña.
De
esta forma, dado que como hemos comentado al principio, se ha de
tener en cuenta que quienes pagan impuestos no son ni los
territorios, ni las personas, sino las clases sociales, el resultado
es que las clases medias y las clases trabajadoras catalanas han de
sufragar el mantenimiento de una situación que en última instancia
solo beneficia a las élites sociales económicas y políticas del
sur y el suroeste de España, pues no tienen un proyecto histórico
de desarrollo para sus regiones y su único proyecto es mantener la
situación actual porque ello les asegura los privilegios de los que
disfrutan, de los que han disfrutado siempre. Ello explica en gran
parte la agresividad con que, en las últimas décadas, los líderes
regionales del PSOE en el sur de España, desde José Bono hasta
Susana Díaz, se han referido a los movimientos independentistas
catalanes.
Contrariamente a lo que piensa una buena parte de la izquierda
española, el movimiento
independentista
catalán no es una cosa de cuatro políticos iluminados, ni de la
alta burguesía catalana. Para hacer un análisis certero de esta
realidad compleja, hay que tener en cuenta que el independentismo
catalán es un movimiento popular integrado por amplios sectores de
las clases medias y sectores de las clases trabajadoras. Sin embargo,
no es ninguna novedad, que sectores también importantes de la clase
obrera, provenientes de la inmigración, defienden el unionismo por
su vinculación identitaria con España. Pero no confundamos esta
vinculación identitaria con los intereses socioeconómicos en tanto
que clase social. La prueba de lo explicado hasta aquí es que la
alta burguesía catalana defiende con gran fuerza la permanencia de
Cataluña en España, pues es una élite entroncada con los intereses
de la alta burguesía española y que, dada su escasa contribución
impositiva, no recela de las transferencias de recursos desde
Cataluña hacia otros lugares de España. Otra de las pruebas de lo
que aquí se dice está en que los grandes empresarios catalanes
colaboran con la estrategia del miedo del gobierno central
trasladando sus sedes sociales fuera de Cataluña y que la
organización del gran empresariado catalán, Foment del Treball,
siempre se ha manifestado de manera radical, muy agresiva y
amenazante, en contra de los movimientos proindependencia.
Decir que el proyecto independentista catalán es un asunto de la
alta burguesía
catalana, implica o mala fe o no entender nada.
Pero
situemos aún más la cuestión en términos de los intereses de las
clases sociales.
Cuando la derecha apela a la solidaridad
interregional lo que hace es demandar que las clases populares
catalanas, que sufren también la precariedad social y la desigualdad
en su comunidad autónoma, sobre todo cuando en la Generalitat
gobierna la derecha, contribuyan a mantener la estabilidad en
regiones donde la situación social resulta inviable y explosiva y,
con ello, apuntalen la pervivencia de los privilegios de las élites
de esas regiones. Nunca la derecha española ha defendido ni
defenderá que la aristocracia y la alta burguesía andaluzas, y del
resto de España, deba cumplir con sus obligaciones
impositivas y sociales y deba, por ejemplo, sufragar las ayudas a los
desempleados andaluces; por el contrario señalará a la solidaridad
interregional como fuente de todo remedio. Todo ello implica imponer
que sean las clases medias y trabajadoras catalanas las que se hagan
cargo, por ejemplo, de los gastos que los subsidios de desempleo
genera en el sur de España y así las élites
andaluzas y españolas puedan seguir manteniendo un sistema
productivo, o mejor, improductivo, que las beneficia pues no deben
arriesgar su capital en un mercado más moderno y de mayor
competencia ni deben tocar el sistema de dominación de clases en sus
comunidades autónomas.
Por
todo ello, la solidaridad interregional no implica, como mucha
izquierda española piensa, detraer recursos de la gran burguesía
catalana para que vayan a parar a los trabajadores del sur de España.
¿No
sabemos ya que la contribución impositiva de la alta burguesía y de
las grandes corporaciones es mínima? Por el contrario, la
solidaridad interregional supone extraer recursos de las clases
medias y trabajadoras catalanas para beneficio de las élites
económicas andaluzas, extremeñas, etc. que pueden así mantener un
sistema productivo y de poder político en el que basan sus
privilegios sin que la situación social de sus regiones se les vaya
de las manos.
Por
todo ello, la llamada “solidaridad interregional” es la clave de
bóveda del sistema socioeconómico en España, clave sin la cual
éste sería insostenible y, por ello, para las élites españolas,
es un principio que, a través de un discurso nacionalista y
demagógico y mediante acciones políticas represivas, defenderán
siempre, poniendo todos los medios a su alcance para que nunca se
quiebre.
Javier
Ruiz Collantes
Catedrático de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona
Fuente:
URL
de origen (Obtenido en 15/11/2017
- 17:52):
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