8/11/12

¿Cuántos suicidios visibles e invisibles necesitaban para tomar cartas en el asunto?


¿QUÉ HA PASADO PARA QUE PP Y PSOE SE ENTEREN DE LOS DESAHUCIOS?

Conscientes de la mala imagen del país del paro y los desahucios, las “número dos” de Rajoy y Rubalcaba, Soraya Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano Martínez-Orozco, respectivamente, quedaron el miércoles a comer en La Moncloa para poner freno a los desalojos. No explicaron la fórmula que el Gobierno del PP y el principal partido de la oposición van a aplicar, pero se comprometieron a aplicarla antes de Navidad. 

Paralelamente, el dirigente de IU Cayo Lara, reclamó en su primer encuentro con Rajoy en La Moncloa una silla en la negociación para todos los grupos y la asociaciones de afectados, pero el presidente le contestó que ni un taburete. IU viene reclamando desde la legislatura pasada la modificación de la ley hipotecaria y de los procedimientos de embargo y desahucio que desde el comienzo de la crisis financiera y económica han afectado a 350.000 familias.

La vicepresidenta Santamaría y la vicesecretaria socialista Valenciano llegaron al compromiso de poner en marcha cuanto antes las medidas para frenar los desahucios, bien por decreto gubernamental o mediante un proyecto de ley que recoja partes esenciales de la proposición de ley del PSOE y sea tramitado por el procedimiento de urgencia. 

Para los socialistas es prioritario proteger a las familias más vulnerables, con hijos o con mayores a su cargo. Por “vulnerabilidad” se entiende estar en paro –o sea, más del 25% de la población activa– y tan impecune como para no poder comer y pagar la hipoteca a la vez. Un millón y medio de desempleados no recibe prestación alguna.

De momento, tres expertos del Gobierno y tres del PSOE estudiarán desde el lunes las medidas en las que se pueden alcanzar acuerdos para evitar cuanto antes el drama de los desahucios. El PSOE ha propuesto la dación en pago y una cuota de alquiler que permita a los hipotecados seguir en la vivienda cuando el acreedor sea alguna entidad intervenida o rescatada con créditos avalados por el Estado, caso del conglomerado Bankia. El Gobierno estudiará además la exigencia a las entidades intervenidas de que oferten alquileres sociales a las familias que ya han sido desahuciadas. 

Las negociadoras rechazaron la oferta de Lara a Rajoy de sumarse a la negociación. De este modo, el grupo de Izquierda Plural queda fuera del posible pacto, aunque si quiere apoyarlo podrá hacerlo en el Parlamento. Como se sabe, fue IU-ICV-CHA el grupo que empujó al Gobierno a decretar un Código de Buenas Prácticas instando a la banca a negociar con las familias que no podían pagar antes de ejecutar las hipotecas. Pero ese código era de aplicación voluntaria y sólo ha servido para mostrar la buena disposición del ministro de Economía, Luis de Guindos, y la menos buena de la banca. En la legislatura pasada, el PSOE y el PP sumaron sus votos contra otras iniciativas de IU y otras formaciones de izquierda que reclamaban la dación en pago, si bien Zapatero elevó de 600 a 900 euros la parte inembargable del sueldo para pagar la deuda hipotecaria tras perder la vivienda.

Si el drama social de los desahucios viene escarneciendo a los trabajadores sin empleo desde hace cuatro años, ¿qué ha pasado ahora para que el PP y el PSOE se hayan enterado? El movimiento de indignación del 15M y las plataformas que siguen la lucha por la justicia y la dignidad han realizado un impresionante trabajo de conciencia social y de barrera física contra los desalojos, medio sistema bancario ha estallado como un huevo podrido tras la ingeniería financiera consentida por el Banco de España y la indignación de los jueces se ha desbordado. 

¿Hasta cuando un contrato hipotecario firmado con una tasación y unas condiciones impuestas por la parte más fuerte, la banca, ha de tener más valor que una sentencia judicial? Tanto el PSOE como el PP frenaron en el Consejo del Poder Judicial el debate del informe que reclamaba la modificación de la ley hipotecaria de 1909. Y aunque el PSOE se apresuró a presentar una proposición de ley chapuceramente redactada para convertir en obligatorio el Código de Buenas Prácticas para las entidades intervenidas y Rajoy se comprometió a negociar el asunto en el debate de hace una semana con Rubalcaba, todo apunta a que la ley hipotecaria permanecerá incólume y sólo se modificará algún detalle de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Eso no quita para que el Gobierno y el primer partido de la oposición hayan caído en la cuenta de lo sucio, cruel y reprobable que es rescatar a unos bancos que echan de sus casas a las familias pobres que no pueden pagar las cuotas por haber perdido el empleo. ¿Cuántos suicidios visibles e invisibles necesitaban para tomar cartas en el asunto? Por lo demás, la insólita apertura al diálogo por parte del jefe del Gobierno se produce una semana antes de la  huelga general del 14-N, la segunda contra la política económica y antisocial de Rajoy en plena depresión.


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