Hoy, como consecuencia de las políticas de
austeridad promovidas durante todos estos años de la Gran Recesión por parte de
las instituciones europeas (influenciadas todas ellas por el gobierno de la canciller
Merkel en Alemania, así como por el Fondo Monetario Internacional), la Eurozona
está en una situación más que preocupante. Está en medio de una deflación
(consecuencia también de las políticas de austeridad), habiendo alcanzado un
desempleo del 12%, cifra muy elevada para la mayoría de países de la UE-15 (el
grupo de países más ricos de la UE).
Frente a esta situación de recesión hay dos
posibles soluciones. Una sería revertir las políticas de austeridad, iniciando
unas políticas de estímulo económico y crecimiento de la demanda doméstica
(mediante el incremento de los salarios y del gasto público). Esta alternativa,
que sería la más lógica y razonable (y que beneficiaría más al bienestar de las
clases populares), cuenta con la clara y contundente oposición el gobierno
alemán, presidido por la canciller Merkel.
En realidad, desde que se iniciaron
las políticas de austeridad con la aplicación de la famosa Agenda 2010,
diseñada y aprobada por el gobierno del canciller alemán Schröder (que para más
inri era dirigente de un gobierno socialdemócrata), las políticas encaminadas a
estimular la demanda doméstica fueron claramente marginadas en la UE.
En
su lugar se promovió estimular la economía a través de las exportaciones. Este
ha sido el pensamiento dominante en el establishment financiero a los dos lados
del Atlántico Norte, y debido a su desmesurada influencia, en las instituciones
políticas. Según este pensamiento, el aumento de las exportaciones será lo que
recuperará la economía. Y es así como aparece el Tratado de Libre Comercio
entre EEUU y la UE.
El aumento del comercio era y continúa siendo la propuesta
neoliberal para salir de la crisis. Y de ahí surge el énfasis en la necesidad
de aumentar la competitividad, lo cual, para el establishment europeo, quiere
decir, en lenguaje plano, bajar los salarios, diluir la protección social y
eliminar las intervenciones públicas que se han desarrollado para proteger a la
ciudadanía, bien como trabajadores, como consumidores o como residentes
expuestos a sustancias nocivas en sus barrios y hogares. Este es el objetivo
del Tratado de Libre Comercio, tratado que, de hecho, tiene muy poco que ver
con el libre comercio. En realidad, los aranceles y otros factores que pueden
dificultar la movilidad del comercio entre los países a los dos lados del
Atlántico Norte, prácticamente han desaparecido y son ya inexistentes.
¿Cuál es el objetivo y propósito de tal
Tratado?
No es, pues, el libre comercio lo que motiva
el establecimiento de los tratados que llevan tal nombre. Su propósito es
debilitar al mundo del trabajo (bajada de salarios) y eliminar la protección
que la ciudadanía ha venido adquiriendo históricamente, a base de sus
movilizaciones y presiones sobre el Estado. El objetivo de estos tratados –como
ha ocurrido con el tratado entre Canadá, EEUU y México, el NAFTA- ha sido
desmantelar estas regulaciones e intervenciones –en las áreas de protección del
trabajador, consumidor y/o residente-, algo que el mundo empresarial ha
intentado, sin poder conseguirlo, dentro de cada país.
La nueva estrategia es establecer un nivel
de autoridad por encima de los Estados que pueda imponerles el deseo de las
grandes empresas transnacionales. Y ahí está la raíz del problema. Todos estos
tratados tienen como máxima autoridad a un tribunal supranacional que tiene
potestad sobre los Estados (tribunal que, por cierto, está bajo la influencia
de las grandes empresas transnacionales que tienen mayor influencia sobre los
Estados de mayor peso económico mundial), forzándolos a debilitar o eliminar
aquellas medidas y leyes protectoras de la ciudadanía. De esta manera, una
empresa privada puede llevar a un Estado al tribunal supranacional bajo el
argumento de que aquella regulación o ley le discrimina y dificulta el
desarrollo de su actividad económica.
Pero existe otra razón para oponerse a tales
tratados además del desmantelamiento de la legislación laboral, ambiental y de
defensa del consumidor. Y es que el debilitamiento del mundo del trabajo que se
deriva de las medidas previstas en estos tratados conlleva la disminución de
los salarios y del gasto público social, con lo cual la demanda doméstica baja
todavía más, causando así el enlentecimiento del crecimiento económico (que
puede incluso suponer un descenso anual del crecimiento del PIB de hasta 2
puntos). Y es ahí donde la supuesta solución neoliberal se convierte también en
auténtico problema económico. Y esto apenas lo verá en los medios.
Una última observación. El discurso oficial
de los promotores de tal tratado es la necesidad de incrementar la relación
comercial entre los dos lados del Atlántico Norte, aumentando así la relación
entre los dos continentes. No debería, en sí, ser un proyecto contraproducente
para el bienestar de las poblaciones a los dos lados del Atlántico. En
principio, parecería, pues, un tratado conveniente, e incluso necesario, ya que
podría estimular la actividad económica a los dos lados del Atlántico. Ahora
bien, este no es el propósito de tales tratados por mucho que sus promotores lo
presenten de esta manera. Como he indicado, no hay en este momento ninguna
dificultad para que se realice tal intercambio. Los aranceles, como he indicado
antes, ya casi no existen. Tales tratados tienen poco de libre y de comercio.
El tratado tiene como objetivo incrementar el poder de las grandes empresas
transnacionales a costa de las pequeñas empresas y, sobre todo, a costa de los
estándares y normas establecidas para proteger la salud, calidad de vida y
bienestar de las poblaciones. Así ha ocurrido en gran parte de los tratados que
han tenido el mismo título, y así ocurrirá con tal tratado si este se aprobara.
Vicenç Navarro
- Pensamiento crítico
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