ADIVINA
EL FUTURO INMEDIATO DEL BANCO POPULAR (3)
De momento aplazo por unos
días las preguntas y respuestas que conciernen a lo acontecido al
Banco Popular que nos llevarán a un diagnóstico y de ahí a una
receta y de ahí a la aplicación de una medicina, que la anticipo:
Jarabe de Palo en dosis superlativa, o mejor dicho, una hostia
monumental a los causantes del robo. No se trata solo que los
ladrones devuelvan el dinero robado (las acciones a su justo precio)
si no que paguen por el delito de apropiarse de lo que no es suyo.
Este sitio,
https://ataquealpoder.wordpress.com/
, ya no es lo que era, un sitio donde abrir los ojos a las buenas
gentes, ha evolucionado a abrir los ojos y tomar partido en aquello
que merece ser denunciado. Dicho de otra manera, al “poder” se la
suda que un chalado predique en el desierto, pero que movilice a la
gente hacia los tribunales con conocimiento de causa, ya no se la
suda tanto. Además, si el chalado es “machacón, machacón”
apunta y dispara y vuelve y vuelve, se convierte en mosca cojonera.
En definitiva, persistencia, inteligencia y conocimiento.
La titulización salió de
este sitio, ahora ya con un equipazo lejos de la solitaria voz que
clamaba en el desierto, esgrimiendo la disparatada afirmación que
“los bancos no son dueños de las deudas que reclaman en los
juzgados” de ahí a la falta de legitimación activa de los bancos
y la paralización de muchos de los desahucios que pasan por las
manos de Hipotecados Activos y hbUCI, dos asociaciones que surgieron
de este sito. En definitiva, se trata de “dicho y hecho”, el bla,
bla, bla para otros.
Observo, con mucho gusto,
la atracción que despierta este blog a los accionistas expropiados
del Banco Popular al contarles las triquiñuelas en las que se han
visto involucrados para robarles, de un plumazo los ahorros de toda
una vida o un “dinerillo” invertido en Bolsa. Sin embargo, se da
la paradoja que en este sitio, Ataquealpoder, ha tenido en su punto
de mira a los bancos como oligarquía en el poder y los dueños de
los bancos son sus accionistas. Hasta hace unos años los bancos no
habían manifestado su cara oculta tal como abalanzarse en las
cuentas de ahorro y plazo fijo para, con engaño, llevarlas a capital
social y mil y un subterfugio para apropiarse de lo que no es suyo.
¿Ningún accionista se
sintió aludido cuando miles de angustiados ahorradores reclamaban su
dinero? Las cúpulas bancarias son una élite de ladrones que se
pasan el santo día elucubrando los más rocambolescos planes de
obtener dinero, para ello se valen del poder del dinero para
involucrar a los colaboradores necesarios: una tropa dispuesta a todo
para ganarse una jubilación dorada. Esto es lo que hay. La paradoja
se encuentra en una encrucijada: ¿Ataquealpoder va a poner su
armamento al servicio de los dueños de un banco?
Menuda pregunta, se trata
de los dueños pasivos de un banco con preferentes, con ventas de
activos hipotecarios a fondos buitre en paraísos fiscales, con
falsedades en juicios ejecutivos hipotecarios que claman al cielo y
más, y más y más. Si se hubieran vendido sus acciones cuando
supieron que los bancos no eran trigo limpio hoy no se verían en la
situación en que se encuentran.
Dicho lo dicho y teniendo
en consideración como los oligarcas han llevado a término el asalto
al Popular y desde el punto de vista que los accionistas minoritarios
del Banco Popular son “ahorradores” pondremos nuestro armamento a
su servicio, con el bien entendido que no lo haremos a través de una
estructura de asociación, que aunque se establezca un derecho de
admisión, una vez dentro te encuentras con un espía de la
competencia o lo que es peor, con un boicot organizado por el
“enviado de la banca”.
Este camino ya lo hemos
recorrido y ahora, al contrario de muchos o de algunos despachos de
abogados que se disfrazan en falsas y minoritarias asociaciones que
caben en un taxi, nosotros hemos constituido una consultoría (Teseo
Consulting) que da servicios a asociaciones. Evitamos así, en un
núcleo de sociedad mercantil, las filtraciones y boicots que nos
hacen perder el tiempo. Otra premisa más, no vamos a convencer a
nadie nos vamos a limitar a informar, de aquello que se deba
informar, y sobre todo de actuar duro y a la cabeza. Para empezar,
situaremos a los responsables del robo, a esos piratas con patente de
corso, a los pies de los caballos.
El «derecho del puño»,
la ley medieval del más fuerte
Va hacer falta un
despliegue informativo sin precedentes para llevar ante la justicia a
los responsables del robo, se trata de una tropa con mucha alcurnia
pero necesitan a los colaboradores necesarios que hagan el trabajo
sucio amparados en una legalidad inventada, son los piratas a los que
se les ha envestido con la Novísima Recopilación, que regulaba la
actividad corsaria con admirable precisión jurídica. La Ordenanza
de Corso promulgada por Carlos IV persiste y el “derecho del puño,
la ley medieval del más fuerte sigue vigente.
Los señores del dinero
instalados en las cúpulas necesitan a los funcionarios del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para el abordaje del Banco
Popular. El FROB es una entidad dependiente del Ministerio de
Economía y consecuentemente de la estructura del Estado. Es quien
tiene la última palabra ya que es el brazo armado ejecutor del
Mecanismo Único de Resolución (MUR) que es quien interviene el
Banco Popular.
No deja de sorprender que
una operación de este tipo, por su elevado importe de millones de
euros y tantos afectados, se decida con nocturnidad y alevosía y sin
una determinación concreta del “agujero” por el que se
interviene. La Comisión Rectora del FROB, mejor dicho, los
componentes de esta comisión son unos ladrones, unos piratas con
patente de corso y unos estafadores.
Alguien se podrá
preguntar si llamarles ladrones y estafadores, sin edulcorante que lo
mistifique ni adultere, puede llevar al autor a sufrir una demanda
por daños y perjuicios y otra por derecho al honor, y otra por
incitación al odio, y a un carrusel de pleitos que lo van a
arruinar. Es más, le voy a poner nombres y apellidos a estos
trúhanes con el fin que la descripción de ladrones sea nominativa.
Composición de la
Comisión Rectora:
Jaime Ponce Huerta,
Presidente del FROB, Vicepresidente primero: Javier Alonso
Ruiz-Ojeda, Subgobernador del Banco de España, Ana Mª Martínez-Pina
García, Vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, Alfredo González-Panizo Tamargo, Subsecretario del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Felipe Martínez
Rico, Subsecretario de Hacienda y Función Pública, Emma Navarro
Aguilera, Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, Jesús
Saurina Salas, Director General de Estabilidad Financiera y
Resolución del Banco de España, Julio Durán Hernández, Director
General de Supervisión del Banco de España, Francisco Javier Priego
Pérez, Secretario General del Banco de España, Jaime Iglesias
Quintana, Director General de Presupuestos, Enrique Rubio Herrera,
Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Otros asistentes: Rosario Martínez Manzanedo, representante de la
Interventora General del Estado, Julio José Díez Menendez,
representante de la Abogacía General del Estado – Director del
Servicio Jurídico del Estado. Desempeña las funciones de Secretario
de la Comisión Rectora, Lucia Calvo Vérgez, Directora Jurídica del
FROB.
Bien, ya está dicho, los
que hayan pensado en que me van a fulminar que estén tranquilos,
estos piratas se sienten satisfechos del abordaje al Banco Popular,
pero el miedo por lo que el FROB hace y ha hecho, lo llevan dentro y
el mal sueño lo interiorizarán cuando se enteren de este juramento
(no se trata de una amenaza, se trata de una promesa) y se encuentren
con una querella por prevaricación. Tu todavía no lo sabes, pero
ellos si saben lo que han hecho y nosotros también.
Por esta razón, este
bajel pirata arriará su bandera y no moverá ficha. Los que
comulguen por reaccionar duro y a la cabeza que se apunten a esta
batalla contra la piratería que emprende Teseo Consulting, para
aquellos que prefieren que les sigan robando impunemente la cartera
que se abstengan. El FROB es el primer eslabón de la cadena y
quienes se parapetan en el deber cumplido para notificar a la CNMV
que las acciones del Popular no valen nada. Ver
Veremos, si valen o no
valen o cuanto valen, estos truhanes pagarán por lo que han hecho y
tan solo depende de ti. ¿Problemas a la vista? Ninguno, tan solo que
de los 305.000 accionistas del Popular se apunten (de momento sin
compromiso alguno) los que caben en un taxi. Aquellos que puedan
estar interesados aquí tienen un número 900 69 65 39 donde llamar o
bien dirigir un e-mail a teseoconsulting2016@gmail,com
Empieza la batalla: Para
aquellos que esta situación les viene de nuevo me he acordado del
preámbulo que se encuentra en El Poder que viene como anillo al dedo
con lo que ha pasado con el Banco Popular, como verás la piratería
es la misma. Conviene, cuando dispongas de tiempo, que vayas
despertando. España está repleta de ladrones.
CON LA VENIA
“No recibas en depósito
el botín del salteador. Aquel que roba y aquel que encubre son
culpables de un mismo delito” (Focílides)
No ha sido fácil la tarea
de completar el contenido de este libro. La dificultad principal, por
encima de la recopilación de los datos necesarios o la
estructuración más o menos apropiada de la narración, ha
consistido en algo bastante más complejo: llevar al conocimiento de
quienes puedan estar interesados en un capítulo significativo de
nuestra historia financiera, e incluso de nuestra reciente historia
política, unos hechos cuya certeza se halla a años luz de la verdad
oficial.
Partiendo de tan señalado
inconveniente, lo que el lector tiene en sus manos es un relato que,
ajustándose a múltiples elementos probatorios obtenidos en fuentes
inconcusas, no se aviene a los usos convencionales para llevar a
término este tipo de obras. Digámoslo por derecho: lo que aquí se
describe pretende descorrer el velo, aunque sólo lo hayamos
conseguido parcialmente, de la creciente degradación que en el
ámbito financiero padecen las instituciones y los poderes de la
sociedad y del Estado.
La ciudadanía, por lo
general, vive en la inopia por lo que concierne a las cuestiones de
verdadera enjundia. Los medios de comunicación —el cuarto Poder—
han escalado con osadía, y a veces con dudosas artes, la pirámide
de las prerrogativas sociales hasta alcanzar cotas de influencia
oligárquica que se consideraban inaccesibles. Al propio tiempo, los
poderes clásicos del Estado —el legislativo, el ejecutivo y el
judicial— han ido debilitándose aceleradamente hasta permitir la
hegemonía del Poder, los grandes grupos capitalistas, en la más
amplia realidad social, política y económica del país.
De esta suerte, al superar
con creces el papel que le asigna el sistema democrático, la prensa,
fiscalizada a su vez por la influencia espúrea del Poder, se cree
con legitimidad bastante para celebrar juicios mediáticos en los que
la verdad oficial se impone inexorablemente a la opinión pública, e
incluso a las decisiones judiciales. Al tiempo que el pensamiento
único santifica a quienes se manifiestan con docilidad en pro de las
tesis preconcebidas por poderosos, sataniza despiadadamente a
cualquiera que se atreva a mostrar su repugnancia ante los vertidos
tóxicos que, en forma de mensajes más o menos sutiles, transmiten
los medios de comunicación sobre un asunto determinado.
Por tanto, los que
transitan a su antojo por los más vastos territorios de la realidad
española, demostrando cada vez con más fuerza su indiscutible
supremacía, son los titulares, detentadores más bien, del poder
económico, aunque no tengan otra representatividad institucional que
la de contar, nada más y nada menos, con la razón de la fuerza
impuesta por el dinero de las buenas gentes, un dinero ajeno que se
les confía de buena fe y que ellos manejan a su albedrío para
enriquecerse todavía más, y de paso sellar bocas, acallar
conciencias y movilizar voluntades.
Ese poder sempiterno, el
del dinero, tiene entre nosotros la notabilísima habilidad, como las
especies miméticas más sofisticadas de las islas Galápagos, de
adaptarse al medio en cualquier caso y bajo cualquier régimen.
Inventar o crear, lo que se dice construir algo verdaderamente
provechoso para el interés público, esa casta privilegiada e
impune, a diferencia de los verdaderos empresarios, que arriesgan su
patrimonio y su esfuerzo, no ha inventado o creado nada, mientras
mueve a su antojo con mano de hierro los hilos del poder sin
necesidad de respetar las exigencias y los límites del Estado de
Derecho, valiéndose de una versión actualizada de los corsarios que
navegaban por los siete mares durante los siglos XVII y XVIII.
El fin justifica los
medios: el botín, la presa capturada al abordaje, el conjunto de
bienes despojados al enemigo con violencia o de manera solapada para
enriquecimiento de los vencedores, viene a ser hoy día una
institución, más que un resultado, que rodea paradójicamente a
quienes la ejercen del mayor prestigio y de envidiable
respetabilidad. El derecho de captura, reminiscencia del «derecho
del puño», la ley medieval del más fuerte, se reconocía por los
gobiernos a súbditos propios y extranjeros propicios, mediante las
«cartas de marca» o «patentes de corso», para actuar libremente
contra los buques enemigos, lo que fomentaba la creación de
asociaciones de raíz capitalista para la captura del botín.
Si aquella terminología
ha caído en desuso, muchas decisiones político—financieras de los
gobiernos de turno permiten la comisión de auténticos actos de
pillaje al amparo de disposiciones legales fraudulentamente
concebidas, interpretadas o aplicadas. La esencia del corso, por
tanto, se mantiene incólume entre nosotros, aunque no se ampare en
una explícita regulación legal. Los grandes bucaneros ingleses, los
Cavendish, los Drake y tantos otros, fueron armados caballeros en
reconocimiento de una conducta ejemplar: haber favorecido con sus
iniquidades los designios de la corona, al tiempo que en las arcas
regias ingresaba buena parte de las riquezas arrancadas por las armas
al enemigo. Nobles franceses, como Grammont y Montbas, procedentes
del corso activo, dieron cuerpo a clanes respetados y temidos que se
consagraban a asolar el mar de las Antillas y las posesiones
españolas del Caribe, el lejano precedente de los paraísos fiscales
de nuestros días.
En este libro, dispuestos
como estamos a llamar a las cosas por su nombre, relataremos las
hazañas de buena parte de los más notables corsarios de nuestro
tiempo y de sus mentores. Porque en la España de hoy, lejos de haber
desaparecido las patentes de corso, estos gratificantes
reconocimientos de impunidad han llegado a actualizarse de hecho
merced al ingenio y la influencia de los beneficiarios.
Cada uno de los gobiernos
que se han sucedido desde el inicio de la transición ha legitimado
con sus prebendas, según los casos, a los grupos capitalistas en que
cristaliza en estado puro el poder económico. Los prohombres que se
consagran con ahínco a tan pingües menesteres, así como sus
principales mandatarios, alcanzan un rango tan honroso como el del
corsario clásico al recibir la codiciada patente, lo que obliga a
una generosa contribución —do ut des— a las cajas del
concedente.
La diferenciación de las
nuevas cartas de marca, en parangón con las tradicionales, estriba
en que ahora, a pesar de las solemnes declaraciones de la Carta
Magna, carecen en la práctica de limitaciones normativas. Por lo que
habría que postular el inmediato restablecimiento de la Novísima
Recopilación, cuyo libro IV título VIII regulaba la actividad
corsaria con admirable precisión jurídica, muy superior a la
Ordenanza de Corso promulgada por Carlos IV el 20 de junio de 1801.
No olvidemos que para Juan Laso de la Vega, «bien mirado, las naves
de Cristóbal Colón eran corsarias, no habiendo salido a la mar el
gran navegante genovés sin antes haber estipulado y firmado las
famosas capitulaciones».
El gran deterioro del
basamento ético de las instituciones del Estado, al poner sus
atribuciones a disposición del corsario de turno, es el caldo de
cultivo que permite al Poder medrar, desarrollarse y actuar a su
aire, un poder etéreo que succiona parasitariamente la savia del
sistema democrático, cada vez más debilitado, hasta la anemia
social. Sin descartar, porque el dato no resulta tan anecdótico como
parece, la concesión —a cambio del «quinto real»— de algún
que otro título nobiliario a los corsarios más solícitos y
complacientes o a sus instigadores. Nuestro refranero, ese
insustituible repertorio de reflexiones críticas preconcebidas tan
denostado por los espíritus exquisitos, resume en forma lapidaria lo
que está sucediendo entre nosotros: «Llegan a ser ricos los osados
y los ladrones, y en llegando ya son nobles».
No obstante, la inmensa
fuerza acumulada mediante la actividad corsaria raramente se emplea
al unísono: uno sólo de los poderes del Estado, cualquiera de
ellos, puesto al servicio del depredador, es más que suficiente para
que la tripulación de la nave, con la patente de marca
cuidadosamente custodiada en el camarote del capitán, aborde sin
correr mayores riesgos el objetivo que se avista en lontananza. Sólo
excepcionalmente, cuando se otea un inmenso botín, una presa de
proporciones descomunales, es necesario emplear para su captura los
medios más poderosos.
Es entonces cuando el
Poder exige sin titubeos, a fin de alcanzar la presa y hacerla suya,
el máximo rendimiento de las instituciones a su servicio. El ejemplo
más claro se dio el día de los Santos Inocentes del año 1993: fue
un 28 de diciembre cuando el Poder se abalanzó sobre un objetivo tan
colosal que la magnitud del empeño requería poner a prueba su
enorme capacidad hegemónica. El botín, huelga decirlo, fue el Banco
Español de Crédito, el banco más prestigioso y de más respetable
tradición entre nosotros.
Siguiendo el hilo
conductor de lo sucedido en Banesto, antes y después de su
intervención por el Banco de España, es posible constatar una serie
de acontecimientos que ponen de manifiesto, sin que medie prueba en
contrario, la omnipotencia del Poder. Este libro es la modesta
contribución de un impenitente demócrata, posiblemente un vano
intento por su parte, para remediar la falta de información sobre el
repertorio de despropósitos que, durante la larga representación
teatral del «caso Banesto», se ha volcado implacablemente sobre la
ciudadanía.
El autor, que a pesar de
los pesares no está dispuesto a renunciar a sus viejas convicciones
en pro de la libertad y el Estado de Derecho, trata así de poner de
manifiesto los fraudulentos métodos empleados por una oligarquía
carcomida por la corrupción al servicio de su afán ilimitado de
poder y riqueza. Una pretensión semejante, que a buen seguro
desborda nuestras limitadas capacidades, consiste en exponer sin
tapujos unos hechos contrastados mediante una larga investigación no
exenta de obstáculos y sinsabores.
Así y todo, partiendo de
donde se parte hasta llegar hasta donde se concluye, la obra quizá
pueda servir para explicar los puntos fundamentales del gigantesco
expolio y algunas cosas más. Que cada cual, si le pete, saque sus
propias conclusiones. Y si en el curso de la narración el lector
cree advertir una determinada toma de posición por parte de quien
esto escribe, atribúyalo a la falta de capacidad de abstracción que
el asunto por sí mismo suscita a quien llega a comprobar, mediante
el acopio de abrumadores elementos de juicio, la ruindad moral de
ciertas instituciones del Estado. Y, sobre todo, a la expansión
incontenible de la inmensa bóveda que ha levantado sobre nuestras
cabezas el Poder, que todo lo invade, todo lo cubre y todo lo
condiciona.
Barcelona, 30 de agosto
del año 2000, conmemoración del martirio del presbítero romano San
Félix, atormentado en el potro y degollado por confesar su fe y
proclamar la verdad (Juan Croisset, “Año Cristiano”, ed. 1876,
tomo IV, página 1435)
El autor
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