POR UNA NORMATIVA QUE PROTEJA A LOS QUE DENUNCIAN LA CORRUPCIÓN
POLÍTICA
En
2007, Ana Garrido denunció el caso Gürtel (PP) en el Ayuntamiento de Boadilla
del Monte, del que era empleada. Como recompensa, consiguió ser acosada
laboralmente y amenazada, y perdió su trabajo. La han sometido a un calvario
judicial que, para colmo, se ha tragado sus ahorros. Este pasado mes de
agosto vendió sus cosas y tuvo que alquilar su casa para no perderla. Hoy vive
de prestado. Esta es su historia.
Itziar
González denunció el caso Hotel del Palau y la corrupción urbanística asociada
a los alojamientos turísticos. ¿Su premio? Recibió amenazas de muerte, vivió un
año y medio con escolta y se fue 4 años al paro. Maite Carol era la
interventora del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Perdió su trabajo
por hacer su trabajo, que era denunciar ilegalidades que se traducían en robo
de dinero del pueblo. ¿La trama que denunció? El caso Pretoria (PP, PSC y CiU).
Y tanto la acosaron que tuvo que interponer una querella para defenderse.
Fernando
Urruticoechea lleva 30 años en la administración y es uno de los funcionarios
españoles que más casos de corrupción ha denunciado. Interventor de varios
municipios, ha presentado denuncias en varios de ellos por corrupción. En el
caso de Castro Urdiales, denunció cientos de irregularidades que han supuesto
que los tres últimos alcaldes del pueblo estén imputados (PP, PSOE y Partido
Regionalista Cántabro). Actualmente, como consecuencia de sus decenas de
informes de irregularidades en sus dos últimos destinos profesionales de los
ayuntamientos de Crevillent y Orihuela, afronta nuevas penalidades, entre las
que está un proceso judicial de 'demanda al honor': en él le reclaman una
indemnización de 150.000 euros (casualmente, de una empresa cuyas prácticas
denunció).
Albert
Gadea y Carlos Martínez también han sacrificado sus vidas por denunciar la
corrupción. Tal
como refleja el documental “Corrupción: el Organismo nocivo”, estas
personas no son héroes sino ciudadanos con principios, como tú y como yo, y
como la mayoría de los españoles.
Ana, Itziar, Maite, Fernando, Albert y Carlos
son solo algunos nombres entre las muchísimas personas que han visto sus vidas
deshechas por defender lo nuestro, el dinero de todos y la dignidad de la
sociedad española. En cualquier otro país tendrían una calle a su nombre; en
España sufren un calvario y se dejan la salud y el dinero que no tienen en
procesos judiciales, mientras que a los presuntos corruptos les pagamos su
defensa, casi siempre, con dinero público.
Es el
mundo al revés. Y quiero pedirte que le demos la vuelta. No mires hacia otro
lado. Esto pasa porque tú y yo lo permitimos. Pero podemos y debemos
cambiarlo. Ana, Itziar, Maite, Fernando, Albert y Carlos merecen que se
les aplauda, se les reconozca públicamente su contribución y se les proteja. Y
necesitamos que los futuros denunciantes y testigos de corrupción denuncien con
garantías y sabiendo que no sufrirán un castigo por ser honrados y valientes.
La
corrupción es el segundo problema que más nos preocupa a los españoles, según
el CIS. Y sería el primero si no tuviéramos el drama gigante del paro. Por eso
es hora de unirnos y ponernos las pilas contra la corrupción, pues solo así
daremos paso a una nueva etapa limpia, en la que el dinero público se use para
dar servicio a los ciudadanos y no sea robado por los corruptos. Firma esta
petición para que consigamos un Estado de Derecho y salgamos del Estado del
revés. Aplaudamos a quienes #denunciancorrupción.
Pidamos
a los candidatos a Presidente del Gobierno de los principales partidos que se
comprometan a hacer, si gobiernan, una normativa que proteja a quienes
denuncian la corrupción política. Son los expertos y los políticos quienes
deben desarrollarla al detalle, pero estas son algunas de las medidas que dicha
normativa debería incluir:
1. Protección
de su intimidad:
· Proteger especialmente las comunicaciones personales (por email,
móvil), e investigar de oficio cualquier injerencia.
· Inclusión del denunciante, en caso de solicitarlo, y de
testigos, en el programa de protección de testigos.
· Que se permita la denuncia anónima para casos de corrupción de
representantes públicos.
2. Defensa Jurídica:
· El denunciante y el testigo deben tener derecho a una asistencia
jurídica gratuita en los procesos que puedan ser derivados de su condición de
denunciante o testigo: denuncias por acoso, amenazas, injurias, calumnias, etc…
· Los procesos judiciales en los que esté inmerso el denunciante o
testigo (acoso, calumnias, injurias…) deberían ser tratados como juicios
exprés (similar a los juicios por violencia de género). La dilación
en el tiempo es una forma más de desgaste psicológico, económico, etc. Es
intolerable que el ciudadano que denuncia la corrupción de su país sea
hostigado mediante acoso, desprestigio, persecución, etc., y que esté sometido
a ello durante años, a modo de castigo.
3.
Protección de su integridad física:
· Protección de seguridad, en el grado que sea necesario, en los
casos que se estime oportuno.
4.
Estabilidad laboral:
· Al igual que en mujeres embarazadas, se debe considerar nulo el
despido de un denunciante o testigo de corrupción política durante el tiempo
que dure el proceso judicial en el que se vea inmerso y, si se demuestra que el
denunciante tenía razón, que se le proteja el tiempo que sea necesario (en
Estados Unidos, se les protege de por vida).
· En caso de despido, que sea el empleador el que deba demostrar
que no echa al trabajador por ser denunciante de corrupción, como ocurre en los
casos de discriminación laboral por razón de sexo.
5.
Atención psicológica y médica:
Si el denunciante lo considerara necesario, dada la presión a
la que se ve sometido.
El artículo 33 de la Convención de Naciones Unidas contra la
corrupción, que España ratificó en 2003, recomienda desarrollar la
protección a testigos de corrupción mediante una norma de carácter nacional.
Sin embargo, 12 años después ningún gobierno de nuestro país lo ha hecho
aún.
Es el momento de que los candidatos a Presidente del
Gobierno se comprometan a dar protección, amparo, apoyo y reconocimiento a los
denunciantes y testigos de corrupción política si llegan al Palacio de la
Moncloa. Los
ciudadanos que denuncian se juegan mucho por su país; la sociedad debe
agradecérselo y transmitir así que nuestra democracia premia estas conductas
ejemplares e impide que las personas honradas se conviertan en víctimas de los
corruptos.
CARTA A:
Mariano Rajoy
Pedro Sánchez
Albert Rivera
Pablo Iglesias
Alberto Garzón
Andrés Herzog
Por una normativa que proteja los que denuncian la
corrupción política
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