El bloque ocupado de Salt es más que una vivienda, es un
proyecto de vida en común
El Bloque ocupado de Salt será desalojado según orden judicial, un día
a partir del 27 de Noviembre. El #BlocdeSalt lo habitan 15 familias haciendo
vida en común -38 personas, 18 de las cuales son menores-. Y no sólo viven
juntas, sino que lo comparten todo. Los recursos económicos individuales de que
disponen son muy limitados pero todos juntos, compartidos, les permiten
vislumbrar un futuro digno. Ahora las quieren echar, separarlas. Lo sienten
como un robo, un expolio a su derecho a construir un proyecto vital, a soñar un
devenir con derechos y deberes de acuerdo a la condición de humanos expresada
en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Individualmente se sienten vulnerables, juntas se cruzan con fuerzas
suficientes para progresar. Y lo hacen compartiendo el dinero, generando nueva
economía expresada en el intercambio desinteresado dentro y con los de fuera,
asumiendo nuevos papeles en los que las mujeres son el eje central de la
sostenibilidad y del desarrollo del proyecto. ¿Por qué pues quieren separarlas
si el objetivo de los gobiernos debería ser dar satisfacción a los derechos
inalienables de la ciudadanía? ¿Qué cargas conlleva para el Govern, para el
Gobierno, que estas familias continúen viviendo en el Bloque? ¿O es que les da
miedo que otros ciudadanos reclamen aquello a lo que tienen derecho, una vivienda
y un proyecto de vida digno y viable?
La Justicia
Vivimos un cambio de época que se expresa en el estado de emergencia
vivencial que aturde buena parte del país. Y los poderes se aprovechan por la
fuerza del dinero y el miedo. El aturdimiento provoca desconcierto y los más
adinerados aprovechan para hacer lucrativos negocios. De los gobiernos se
esperaba que regularan estas acciones, que nivelaran la balanza, que impidieran
el enriquecimiento ilícito. Están haciendo todo lo contrario. Han favorecido el
enriquecimiento de la minoría en detrimento de la mayoría. Y apelando a leyes
injustas que se podrían cambiar pero no hay voluntad de hacerlo.
La doctrina del Tribunal Supremo señala: “No se enriquece injustamente
aquel que actúa de acuerdo con la ley”. En el documental La Plataforma
realizado por SICOM y Namuss Films, Jaume Masferrer, magistrado de la Audiencia
provincial de Girona, refiriéndose a los desahucios y a la dación en pago,
matiza: "Al Tribunal Supremo se le olvidó decir que no se enriquece injustamente
aquel que actúa de acuerdo con la ley "justa" porque si la ley no es
justa la solución legal que se derive será injusta, probablemente legal, pero
no justa".
¿Es justo desalojar familias que después de ser golpeadas duramente por
una crisis de la que no son culpables sino víctimas, y que cuando han
encontrado un proyecto de futuro en común se les niegue éste en nombre de los
derechos de propiedad de un banco -malo-?
Verdades a medias
Primera: la versión oficial dice que a 5 familias se les ha ofrecido el
alquiler social. ¿Qué pasará con las otras 10 hasta llegar a 15, que viven en
el Bloque?
Segunda: A las familias no se les está ofreciendo un alquiler social
sino una cesión de uso temporal porque en el contrato hay una cláusula que dice
"La Agencia de la Vivienda de Cataluña se reserva el derecho de resolver
el presente documento si lo justifican circunstancias sobrevenidas de interés
público". ¿Un alquiler social puede contener una cláusula que no da
ninguna garantía temporal al contrato? ¿Qué garantía tienen las familias que la
Generalitat no se venderá las viviendas otorgadas?
Tercera: El problema de la vivienda en las comarcas de Girona no se
limita al Bloque de Salt. ¿Cuántas familias hay entre Salt y Girona que no
tienen casa? La asamblea de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de
Girona -@ pah_girona- tiene documentadas 165. ¿A cuántas familias piensa dar
solución inmediata la Mesa de Emergencia Habitacional de la Generalitat?
La desinformación
Las respuestas a estas preguntas demuestran que tan sólo se dice y se
informa adecuadamente de lo que conviene a la mirada monolítica y única que el
poder quiere dar del mundo. A la ciudadanía se le dice que el Gobierno da piso
a 5 familias y esconde que en el bloque viven otras 10. Y se dice con la boca
pequeña, o no se dice, que 165 familias han documentado ante la PAH que
necesitan casa. Sabemos a ciencia cierta que el Ayuntamiento de Salt y por
extensión la Generalitat, disponen de información actualizada. ¿Por qué no se
trata pues de dar solución a los que no tienen casa y se deja para el final el
"problema" de los 13 bloques ocupados en Cataluña y los 2 que hay en
el resto de España? ¿No sería más lógico hacerlo así?
El Parlamento
El próximo miércoles día 4 de diciembre se discutirá en el Parlamento
una propuesta de Roger Torrent, diputado de ERC, con el apoyo de PSC, CUP e
ICV, para que se pida una prórroga en la ejecución del desalojo y se ponga en
marcha una negociación con la SAREB con la finalidad de destinar este bloque a
alquiler social. "Esta es una demanda legítima y consecuente. Y en este
sentido los instamos a negociar con la propiedad del bloque, para que se
destine este edificio a viviendas de alquiler social".
En resumen: alquiler social y de verdad para los que ya disponen de
casa y a preocuparse de los que no tienen, que ya supone suficiente trabajo.
¿O es que no tiene intención CiU de votar a favor de la propuesta de
ERC?
¿No debería esperarse a tomar cualquier decisión hasta que el
Parlamento se pronuncie?
La legitimidad
La vida de las personas que viven en el Bloque de Salt no es tan solo
un problema legal, es un problema de legitimidad. Estamos hablando del derecho
a tener una vivienda digna y ahora la tienen. Y no se la han quitado a nadie
porque el bloque era propiedad de un banco que ha quebrado, Mare Nostrum, y
ahora mismo lo es de la SAREB. A todas las entidades financieras las hemos
financiado con el dinero de nuestros impuestos. Y aún más, el Consejo de
Ministros tiene previsto dar pronto otros 50 mil millones a la banca. ¿Todo para la banca y nada para la
ciudadanía?
Si los poderes
públicos no garantizan los derechos sociales inalienables y en su defecto
jueces y tribunales no ponen en marcha los mecanismos secundarios para
garantizarlos, la ciudadanía tiene derecho a desobedecer y organizarse para
ejercer la autotutela.
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