DEMOCRACIA SIGLO XXI: La comunidad un poder separado
La desviación de una organización de su misión es, de acuerdo con Jorge Etkin en La doble moral de las organizaciones. Los sistemas perversos y la corrupción institucionalizada, la forma más generalizada y grave de corrupción en la sociedad actual. Restituir la organización (incluidas las administraciones de los Estados y de los organismos internacionales) al cumplimiento de su misión es como el “control de entropía” (rectificar la disipación, el desorden, las disfunciones) imprescindible para una organización y una sociedad sana. Claro que para eso es necesario también que la organización del poder judicial no esté desviada de su misión y controlada por su oligarquía.
Sin embargo, en los últimos 40 años se produjo una
transformación de primera importancia en la dinámica de las sociedades que está
convirtiendo este diseño de gobernanza de una sociedad democrática en una
caricatura de su propósito.
Esta transformación consiste en la emergencia de una
oligarquía global, esencialmente económico – financiera, densamente
interrelacionada, con unos recursos formidables y con una cultura y
construcción de significados bien potente, que se resuelve en una capacidad
decisiva para imponer sus intereses y sus estrategias a todas las sociedades.
¿Choca esta oligarquía global con los intereses sociales y
con los principios democráticos?
Estamos asistiendo a
intentos de desposesión taimada de patrimonios y recursos sociales para
privatizarlos y transferirlos a la riqueza privada de esas oligarquías; a
intentos de descualificar las administraciones públicas para privarlas de la
capacidad estratégica y decisional capaz de retar las decisiones
oligárquico-globales; a protocolos en red para torcer y subordinar las
administraciones públicas, con influencias indebidas sobre los funcionarios
responsables o conseguidores, desde la atracción seductora a círculos
relacionales diseñados por estas oligarquías hasta sobornos directos, pasando
por todo un espectro de presiones a las que es muy difícil hurtarse incluso
para el más probo funcionario o elegido.
También vemos negociaciones con los partidos políticos que
aceptan en demasía:
-
Propuestas, financiaciones y presiones
elaboradas por los terminales de estas oligarquías;
-
Formas de eludir, reducir y desviar la
organización tributaria;
-
Organización y recurso a lobbies que acosan a
las administraciones públicas;
-
Captura de significados, cultura, prensa y
formas de comunicación que construyen discursos distorsionados y no-verdaderos,
con recurso no infrecuente a la mentira;
-
Construcción de una red de entidades “no de
lucro” que tienen por misión elaborar estrategias, discursos, narrativas y
propuestas para decisiones gubernamentales, además de buscar ser rodeadas de
círculos intelectuales, técnicos y de personas influyentes, red a la que
Domhoff llamó documentadamente “red de planificación política” con la que la
colectividad social no puede competir…
-
Y, destacadamente, las baterías de acciones
destinadas a convertir en nada a los actores sociales con intereses y
estrategias diferentes a las oligárquicas, destacadamente, claro está, la
comunidad social.
El examen de los recursos y procedimientos empleados por la
oligarquía global para conseguir que las administraciones públicas y los “tres
poderes separados” de la democracia se sometan a sus intereses burlando las
aspiraciones de la sociedad soberana no lo haremos ahora. Muchos de ellos son
bien conocidos, aunque poco destacados en los actuales debates sociales.
Estamos viendo la lenta, progresiva y hasta ahora inexorable
abducción de los poderes públicos por la oligarquía global, que va consiguiendo
subordinar a su conveniencia los intereses de los colectivos sociales.
-
Destrucción de las Cajas de Ahorros —un
patrimonio social colectivo que pasó a manos de la oligarquía global—;
-
De viviendas directamente entregadas a la
oligarquía con gran ruina colectiva, pero lucro privado;
-
De la sanidad pública, progresivamente entregada
a los fondos y empresas transnacionales —con gran quebranto en los derechos
a la salud, pero gran expansión de los segmentos de negocio de las empresas
oligárquicas beneficiarias—;
-
De las empresas públicas que pasaron a la
oligarquía ibérica y global;
-
De la capacidad de organizar un acceso adecuado
a la energía y un largo etc.
Estos lamentables resultados, que pueden ser aún peores,
reclaman la presencia imperiosa de la sociedad, como titular del bien común y
de los intereses colectivos, sobre todo el espectro de decisiones de los otros
tres poderes como un actor separado y capaz de acción, sin la presencia del
cual no podemos ya hablar de democracia en una sociedad moderna.
Cómo proponemos equilibrar
El titular del patrimonio público y de las empresas y
servicios públicos es la administración pública en las constituciones actuales.
Hay también patrimonios colectivos, como la propiedad vecinal, servidumbres,
montes comunales, ciertas corrientes de agua, ciertos derechos de acceso y
explotación de franjas intermareales y pesca, las reservas de cooperativas,
mutuas y asociaciones… Pero en la práctica las colectividades sociales tienen
escasa capacidad jurídica de hablar, actuar y decidir en nombre propio, excepto
que se lo permita la administración, si le conviene.
La colectividad social se presenta en asociaciones,
colectivos que se movilizan para la acción colectiva o la eficacia de sus
derechos y propiedades. De hecho, cuando las colectividades sociales se vieron
expropiadas de su patrimonio con la aniquilación y posterior transferencia de
las Cajas de Ahorros, por ejemplo, los depositantes individualmente sí
reclamaron con mayor o menor eficacia sus depósitos. Pero la propiedad
colectiva estafada no fue reclamada por nadie, a pesar de su importancia.
Incluso en la propia orientación estratégica de las Cajas, antes de su destrozo
no inocente, la colectividad en tanto que tal no estaba presente ni podía
estarlo porque carecía de personalidad jurídica, de estructura y de forma
organizativa o de personificación.
Nuestra idea consiste, en esencia, en que tenemos que
proponer jurídica y legalmente que nuestro ordenamiento jurídico reconozca el
patrimonio y la propiedad común, reconozca la persona común, es decir: la
personificación comunitaria, y el gobierno del patrimonio común por los órganos
de gobierno que emanen de la persona jurídica del común. Este reconocimiento de
su personalidad presenta bastantes dificultades en este punto de partida, y
podría incluso reconocerse una personalidad plural y multiforme, sea o no
convergente en sus decisiones.
Ahora bien: me veo (nos vemos) muy verdes, muy tartamudos en esto. Nuestro punto de vista podría ser algo así como:
“Los servicios públicos no pueden ser totalmente confiados a
las iniciativas de las administraciones públicas, pues no confiamos,
fundadamente, en que no sean abducidas por intereses y presiones ajenas, y
están funcionando desde hace 40 años por el sistema de presiones indebidas. Por
lo tanto, la esfera de los servicios y el patrimonio común sólo puede ser
preservado, poseído y gobernado por la comunidad”.
A esto hay que añadir que la presencia de los stakeholders o
partes interesadas en los órganos de decisión estratégica de las empresas y
organizaciones está siendo reclamado crecientemente, siguiendo las “modernas”
tendencias de la responsabilidad social corporativa (RSC) y de las reformas en
la gobernanza. Esto nos empuja más a reclamar
la presencia de las colectividades sociales en los órganos de gobierno de las
empresas y organizaciones, incluida la administración pública, para cuidar de
que no se desvíen de su misión y que traten de armonizar y equilibrar sus
decisiones con los intereses de las sociedades donde estas empresas moran o que
se ven alteradas por su actividad y estrategia.
Ya en último lugar queremos hacer notar que la cogestión o
co-determinación por la que optaron los países del norte de Europa, es decir,
la presencia de los trabajadores de la empresa en su Junta de Vigilancia,
significó un paso fundamental para la armonización y el equilibrio económico y
social de las grandes y medianas empresas. Para nosotros, en este momento, nos
parece fundamental ampliar esta cogestión / co-determinación a la colectividad
social estructurada y con personalidad jurídica, e independiente de la
Administración Pública que desde los años 80 se viene desmarcando del interés común
para caer en los intereses de oligarquías económicas –globales y del país- así
como en las oligarquías partidarias, que vienen abordando su labor de definir
las estrategias políticas de forma crecientemente separada de la sociedad.
Iago Santos Castroviejo (Plataforma
contra los fondos buitre)
https://www.elsaltodiario.com/autogestion/democracia-siglo-xxi-incorporar-comunidad-poder-separado
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