“Podemos
tener democracia o podemos tener la riqueza concentrada en pocas
manos, pero no podemos tener
ambas“. (Louis D.
Brandeis, juez Corte Suprema de EEUU)
Fue en San Carlos Borromeo
(Vallecas. Madrid), donde resiste uno de los focos que quedan en España de la
iglesia de los pobres y de la teología de la liberación. El 1 de julio se
reunieron allí unas 50 personas representando a más de una veintena de
colectivos y entidades. Estaban convocados por el Campamento Dignidad de
Extremadura y por el Frente Cívico Somos Mayoría. Pero detrás hay una larga
trayectoria de propuestas e intentonas y también luchas recientes como los
“campamentos por la dignidad” citados, marchas de parados, interinos e
iniciativas por la renta básica en Andalucía, Murcia, Cataluña… huelgas de hambre por la Justicia en Huesca,
etc.
Partían del artículo 25 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”
Y analizaron la realidad: la
situación social en España está adoptando características de catástrofe: Paro,
precariedad, empobrecimiento, desahucios… Una pobreza de tal calibre que sitúa
a un 22% de la población por debajo del umbral que se toma como referencia y
que puede ser absoluto (cuando no se tiene para comer) o relativo por tener
ingresos inferiores de la mitad del ingreso medio del país.
En España el Estado de Bienestar
es muy escaso, ya que siempre hemos gastado en protección social unos 10 puntos
menos que la media de la UE-15. Ello hace que haya dos millones de personas
paradas que no reciban prestaciones, que las pensiones sean bajas y que las
ayudas a la dependencia han sido reducidas drásticamente. Cuando se empiezan a
dar casos de familias que no pueden alimentar a sus hijos
y tienen que entregarlos a los servicios sociales, se encienden
todas las luces rojas y atravesamos la raya del tercer mundo; recuerda el abandono
de bebés en los tornos de los conventos de monjas de hace siglos.
Tal y como ha denunciado la
confederación de padres de alumnos (CEAPA) y otras ONGs al relator especial de
Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, hay una “situación alarmante y urgente” de “miles de
niños”. Problemas de desnutrición infantil acentuado por el
recorte entre un 30-50% de becas de comedor. Y malnutrición de personas
mayores, especialmente de mayores de 80 años, que viven solas y con pensiones
de miseria. ¿Es esto compatible con el robo, saqueo y despilfarro de una
pequeña élite?
Cada vez hay más trabajadores y
personas de la clase media empobrecidas, que hace uno o dos años no podían ni
imaginar su situación actual. Más mendigos, dramas individuales, familiares y,
por extensión, un gran problema social. Es decir, no se cumplen los derechos
humanos. El colchón de las ayudas familiares y la beneficencia mitiga algo la
galopante miseria, pero no es la solución. La pregunta que hay que hacerse es
¿durante cuánto tiempo se puede mantener?
Frente a esta situación de
catástrofe, los reunidos acuerdan poner en marcha un movimiento social contra
el paro y la precariedad, organizar y movilizar a los de abajo, al colectivo
más vulnerable y abandonado en estos momentos. Defienden una Renta Básica
Ciudadana, que definirán en su propuesta de Iniciativa Legislativa Popular
(ILP). Muchos otros lo vienen haciendo en España y fuera de aquí, como Guy Standing, autor de The Precariat. The New Dangerous Class, que defiende la Renta Básica como un salario mensual de carácter individual, modesto e
incondicional, porque ninguna sociedad puede funcionar bien si una creciente
proporción de sus miembros se encuentra en la pobreza y tiene inseguridad
económica (…) tenemos que ver la Renta Básica como
parte de una estrategia redistributiva en la que damos un papel importante a
las nuevas formas de representación colectiva”
Quieren impulsar una ILP e invitan
a participar a todos los movimientos, mareas, sindicatos, fuerzas políticas
progresistas, para que no falte nadie. Lo que se plantea en la ILP no es una
limosna, es exigir un derecho del ciudadano, algo que le pertenece como
ser humano. Esto va en línea con lo que se está haciendo en la Iniciativa
Ciudadana Europea por una Renta Básica Universal e incondicional, en pleno
proceso de recogida de firmas para llegar al millón antes de enero de 2014, a
fin de que el tema sea abordado en el Parlamento y la Comisión Europea. Se
puede firmar por Internet.
Dice el profesor Daniel Raventós, “cualquier
medida que favorezca a la población más débil se considera ir contra corriente,
porque parece que se asume que lo único que tiene sentido económico es quitar
derechos de la población más perjudicada, la inmensa mayoría, y que los más
ricos se queden igual o, incluso, ganen dinero”. Por ello, la iniciativa tiene calado y removerá muchas cosas. Porque
además de defender un derecho humano fundamental como el derecho a vivir,
cuestiona las políticas neoliberales de empobrecimiento de la población y de
abandono a su suerte de los perdedores por la crisis y plantea el reparto de la
riqueza. Deja al descubierto la obscenidad de la corrupción que permite que se
enriquezcan políticos y empresarios de manera casi impune, y los fabulosos
gastos militares y del rescate a la banca, mientras crece una miseria
asfixiante y no se rescata a las personas. Pone en evidencia que se priorice la
reforma constitucional del PSOE-PP, a través del nuevo artículo 135, que obliga
a pagar la deuda aunque la gente no coma. Si la ley va contra la vida, para
asegurar el derecho a vivir dignamente de las personas se tendrán que cambiar
las leyes. Para ello hace falta un debate público y una movilización popular.
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| VIDEO RENTA BÁSICA |
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