La
crisis financiera detonada a partir de 2007 ha resultado en un
tremendo golpe para las economías de los países y de las familias,
así como una sustancial merma de los derechos a servicios públicos
fundamentales de calidad de los ciudadanos, por culpa de recortes en
gasto público como en sanidad y educación. Hay que añadir la
reducción de poder adquisitivo de la ciudadanía y la precarización
laboral como problema estructural.
Estos
“ajustes” que nos han constreñido durante estos 10 largos años,
puesto que eran la solución y salida del atolladero, han sido
aplicados en forma de reformas de leyes laborales, ajustes de gasto y
déficit públicos, leyes mordaza... Sin embargo, mientras la mayoría
sufre el impacto de esta crisis, y ve como se esfuma el estado de
bienestar, aumentan las fortunas de unos pocos, de forma que se puede
calificar este proceso de “recuperación” como una estafa. Es un proceso de recuperación que, a poco que se mire, cualquiera
puede darse cuenta que tiene las patitas muy cortas. Solo con ver el
crecimiento de la deuda española hasta pasar del 100% del PIB, algo
inabarcable por nuestra economía.
Y
si esto es así (que lo es), ¿en qué lugar queda un país que
presupuesta en defensa más del doble que en educación y sanidad
juntas?, pues en un país que quiere aplicar un férreo
control social mediante
la represión...
...En
un país, además, que está alimentando un "lucrativo"
mercado de armas que nutren las guerras que asolan el globo,
haciéndonos co-responsables del drama de millones de personas que
mueren, o se lanzan a una situación de vida o muerte cruzando
un desierto o el Mediterráneo en una patera.
También
en un país cuyos gobiernos se han dedicado a mercantilizar los
derechos fundamentales como la educación y sanidad, potenciando los
beneficios de empresas e inversores privados, en estos sectores,
mediante el abandono de la inversión pública.