NUEVO INTENTO DE CENSURA A PÀMIES 300 personas acudieron a escucharle
Haciendo caso
omiso al intento de censura que sufrió el acto de ayer en Blanes
por parte del Departamento de Salud de la Generalitat, Josep
Pàmies ofreció toda la información necesaria relacionada con
las terapias de bajo coste, como el MMS (dióxido de cloro), a
las personas que acudieron a escucharle.
En la ponencia le
acompañaron Pep Riera, Marta Afuera y María Solà. Se proyectó
un vídeo donde Teresa Forcades ofrece todos los detalles sobre
la efectividad del MMS y se cerró con un extenso turno de
preguntas por parte del público.
A
pesar de que sobre Pàmies pesa una multa de 600.000€ impuesta
por este Departamento, como responsable de organizar un acto
destinado a informar sobre el MMS, advirtió que no piensa
renunciar a su derecho de compartir conocimientos.
Desde la
Asociación Dulce Revolución, como víctimas de otra multa de
90.000€ por informar sobre los beneficios del MMS, mostramos
nuestro rechazo ante la orden de silencio que nos pretenden
imponer. ¡No nos callarán!
LA GENERALITAT QUIERE CENSURAR EL ACTO DE JOSEP PÀMIES
LA GENERALITAT QUIERE CENSURAR EL ACTO DE JOSEP PÀMIES
EN BLANES
(GIRONA) el dia 16 de Febrero
La Parroquia de Blanes, que cede el local del Recreo donde se hará el acto, ha recibido un escrito del Jefe del Servicio de Control Farmacéutico de la Generalitat, Salvador Cassany Pou, con amenazas de multas millonarias si mañana se habla del MMS. El acto, que contará con las intervenciones del agricultor Josep Pàmies y de Pep Riera de UP, lleva por título "Plantas medicinales - ¿Qué es el MMS? - Libertad de expresión".
La organización, encabezada por Josep Pàmies, ha decidido seguir con la conferencia que tendrá lugar en el local del Recreo de Blanes, en la Plaza de la Iglesia, el sábado día 16 a las 18: 30h.
Consideramos que el escrito enviado a la Parroquia de Blanes constituye un abuso ilegal de poder.
De entrada queremos remarcar que Josep Pàmies nunca ha dicho que el MMS sea un medicamento, aunque pueda tener propiedades saludables y preventivas. También queremos puntualizar que el MMS no es ilegal, sino que es un producto completamente legal y de uso común que se utiliza, por ejemplo, para la potabilización de agua de consumo humano, según el Ministerio de Sanidad y la Comisión Europea.
En el Estado de
Derecho, las normas legales más importantes se imponen sobre las
de menor rango. En este sentido, tenemos el Derecho de Reunión,
de Asociación y Libertad de expresión como valores
constitucionales de primer nivel que ninguna ley o decreto pueden
suprimir. Es evidente que no existen derechos absolutos y en
cuanto a la Libertad de Expresión, tampoco se puede utilizar en
términos absolutos. Pero en el caso de llegar al extremo de
querer censurar una conferencia, debe existir un previo ejercicio
de ponderación constitucional que analice los valores que entran
en conflicto y que pueda permitir de una forma legal la censura
previa de un acto. Y esto no se ha hecho.
Analizando el
caso, la administración no está actuando con la diligencia
debida: no ha aportado ningún expediente ni informe sobre la
supuesta peligrosidad del Clorito de Sodio (MMS). Y está
actuando con temeridad y con un absoluto desprecio hacia la
verdad porque no existe un riesgo real a las actividades que
quiere censurar.
El Jefe del
Servicio de Control Farmacéutico amenaza con multas que van de
los 90.001 a 1.000.000 de euros por lo que considera que es un
acto de publicidad. Pero es fácil de entender que una
conferencia sobre cualquier tema no constituye nunca un ejercicio
de publicidad o promoción, según la legislación en materia de
publicidad. Y las personas que participan, las que lo organizan o
quien aloja la conferencia tampoco lo hacen mediante una función
comercial o mercantil. El acto del sábado es un acto de defensa
del Derecho a Decidir en todos los ámbitos de las personas, de
la libertad de expresión y para promover una sociedad libre y
empoderada que se acerque más a la naturaleza y que se aleje del
capitalismo destructivo.
Con el escrito
intimidatorio dirigido a la Parroquia de Blanes, se está
haciendo un uso abusivo del derecho y de las funciones de la
administración pública. A nuestro entender, con la carta
enviada por el Jefe de Servicio de Control Farmacéutico de la
Generalitat se comete un uso antisocial que está expresamente
prohibido por el ordenamiento jurídico: se ven afectados
principios constitucionales y está obrando con temeridad y
abuso, limitando derechos fundamentales.
Por todo lo
expuesto, Josep Pàmies, responsable de la organización del
acto, ha decidido interponer un recurso jurisdiccional al Juzgado
Contencioso Administrativo, con la tramitación de un
procedimiento especial para la protección de Derechos
Fundamentales.
Después de lo
que ha sucedido y del conjunto de acciones de persecución contra
Josep Pàmies, nos preguntamos qué clase de República quieren
construir aquellos que prohíben hablar sobre plantas o productos
con propiedades naturales saludables. ¿No será que se han
puesto al servicio sólo de los intereses de las grandes empresas
farmacéuticas y no de las necesidades de las personas?
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