ALQUILER:
¿PROBLEMA O BURBUJA?
Lo
que algunos han decidido llamar “problema del alquiler” no es una
cuestión aislada ni ajena. El oligopolio inmobiliario constituye el
sostén de la acumulación por desposesión. ¿De dónde salen sus
rentabilidades astronómicas? De nuestros precarios bolsillos.
Si
estás buscando piso o tienes previsión de hacerlo en los próximos
meses, te habrás dado cuenta de que encontrar un alquiler asequible
resulta realmente imposible. La tendencia alcista de los precios está
siendo imparable y los “castings” que los caseros te realizan
para acceder a una vivienda son, cada vez, más abusivos. Además, no
dejan de aumentar los casos de vecinas que reciben una notificación
informándoles de que el fondo que ha adquirido su bloque quiere
echarlas de su vivienda para multiplicar los precios un 100%, un 200%
o incluso un 300%; los casos Sant Joan Despí, Argumosa o Rivas son
tan solo algunos ejemplos de esta situación.
Así,
con todo esto, la inseguridad habitacional se ha establecido como
algo cotidiano en la vida de las ciudadanas de nuestro país. Las
cifras nos describen una situación realmente angustiosa. Entre 2014
y 2017 los precios del alquiler se han disparado un 25% en el
conjunto del país, un 33% en Madrid y un 54% en Barcelona. Además,
en el primer trimestre de 2018 ya hemos registrado un incremento de
casi el 9%.
La
dificultad de hacer frente a los pagos de la vivienda es ya
insoportable para los hogares, cuya tasa de ahorro ha caído a su
mínimo histórico —5,7%—, y se les está abriendo, de nuevo, la
puerta del endeudamiento. Sin embargo, quienes tienen que
ocuparse de aportar soluciones a este despropósito nos dicen, como
si de un azar meteorológico se tratase, que todo se debe al accionar
natural de la ley de la oferta y la demanda.
Pero
no es cierto. Eso que algunos ha decidido llamar libre mercado, no es
más que especulación con un bien de primera necesidad, la vivienda.
Las razones que alimentan la burbuja del alquiler poco o nada tienen
que ver con las leyes de un mercado autorregulado. Muy al contrario,
es el control oligopólico ejercido por unos cuantos
especuladores lo que les permite generar escasez artificial,
retirando viviendas del mercado del alquiler residencial y
originando, así, una discrepancia irreal entre la oferta y la
demanda que provoca que los precios se incrementen a un ritmo
desorbitado.
Ya
no solo se trata de que la especulación no se persiga y se permita
el uso antisocial de un bien con función social, sino que, además,
desde las instituciones se ha facilitado la acción de bancos, fondos
de inversión y grandes capitales extranjeros, poniendo en el centro
de las políticas y del modelo productivo el rendimiento del suelo y
la vivienda, y legislando para dar viabilidad jurídica y fiscal a
las operaciones inmobiliarias a costa del bienestar ciudadano.
Lo
que algunos han decidido llamar “problema del alquiler” no es una
cuestión aislada ni ajena. El oligopolio inmobiliario de los grandes
tenedores constituye el sostén fundamental de los mecanismos de
acumulación por desposesión, es decir, de la transferencia de
rentas de los de abajo hacia los de arriba. ¿De dónde salen sus
rentabilidades astronómicas? De nuestros precarios bolsillos.
Que
el boom de la subida de los precios del alquiler se esté produciendo
ahora no es casualidad. En 2013, el Gobierno del Partido Popular
reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), reduciendo la
duración de los alquileres de cinco a tres años, agilizando el
procedimiento de desahucio por impago de la renta, eliminando el
derecho al tanteo y el retracto, y desvinculando la actualización de
la renta del índice de precios al consumo (IPC), con lo que el
propietario puede aumentar la renta por encima del coste de vida si
así lo desea.
Si
el decreto Boyer, que liberalizó completamente el mercado del
alquiler, supuso que el arrendamiento fuese visto como un régimen de
tenencia inestable, precario y transitorio, la reforma de la LAU de
2013 nos ha llevado a una agravada situación de permanente
inseguridad y emergencia habitacional. ¿Para qué vas a alquilar si
pueden echarte al cabo de tres años o multiplicarte la renta un
200%?
La
LAU responde a las exigencias de los fondos de inversión y de los
grandes tenedores de vivienda, que pretendían que el mercado del
alquiler se flexibilizase para que especular y obtener altas
rentabilidades fuese mucho más sencillo. Esto se tradujo en que en
2016, tres años después de la reforma de la LAU, el precio del
alquiler se disparara en torno a un 16% en Madrid y Barcelona, lo que
nos ha conducido a que, en este último año, el 60% de los
desahucios —35.666— se hayan producido por impago de la rentas
del alquiler, porcentaje que se eleva hasta rondar el 80% en Madrid y
Barcelona. Esto sin contar a todas esas personas que se marchan sin
hacer ruido de su vivienda ante la imposibilidad de hacer frente al
incremento de la renta, eso que llamamos desahucios invisibles.
La
asfixia de las inquilinas es evidente. Cada vez más personas se
están viendo obligadas a pagar precios inasumibles para no verse
expulsadas de su barrio. Sometidas a una suerte de nomadismo
habitacional, un número creciente de arrendatarias transitan de una
vivienda a otra dentro de su mismo municipio, tratando de permanecer
próximas a su entorno residencial de origen y asumiendo, para ello,
el pago de unos alquileres absolutamente desorbitados.
La
característica fundamental de la actual fase de la burbuja del
alquiler no es el éxodo periférico de las vecinas expulsadas del
centro de la ciudad, sino el insostenible esfuerzo económico que
tratan de hacer para evitar ese fenómeno. Así lo demuestran algunos
datos: el 37% de la población española que vive de alquiler dedica
más del 40% de su renta al pago de la vivienda, el 53% dedica más
de un 30% y, entre el 20% con menos ingresos, un 75% dedica más del
40% de su renta, siendo estas las cifras más altas. Miemtras, la
OCDE recomienda que el esfuerzo salarial no supere nunca el 30% y ve
prudente mantenerlo entre un 20% y un 25%. En el caso de Madrid el
41% del salario bruto mensual se dedica a pagar las rentas
inmobiliarias, cifra que se eleva al 46% en el caso de Catalunya.
Además, para el caso de Barcelona contamos con un dato muy
esclarecedor: la tasa de autocontención residencial —porcentaje de
personas que cambian de vivienda dentro de un mismo municipio—
se mantiene por encima del 70%.
Como
vemos, el estrangulamiento económico de las residentes es el paso
previo que pone en marcha unos procesos de gentrificación que se
desarrollan durante ciclos más largos. La conclusión es mucho más
cruda, los precios han subido más o menos al mismo ritmo en todos
los sitios, lo que demuestra que la burbuja y el negocio especulativo
no se circunscriben al centro de la ciudad, sino que también inundan
las periferias y están generando un insoportable ahogamiento
financiero sobre las vecinas.
Durante
todo este tiempo, han intentado imponernos un relato según el cual,
para dinamizar el mercado inmobiliario y generar seguridad a los
propietarios —para que éstos introdujesen sus viviendas en el
mercado del alquiler— era necesario proporcionar facilidades
legislativas y beneficios fiscales. Sin embargo, la realidad lo
contradice, ya que los activos que se pretenden movilizar en el
mercado del alquiler no están en manos de pequeños particulares,
que dependen de ese inmueble para obtener una renta y, por tanto, no
pueden mantenerlo fuera del mercado, sino que son las entidades
financieras, los fondos buitre, los multipropietarios y, ahora, un
nuevo actor, las socimis, que monopolizan los activos inmobiliarios y
los utilizan para especular y obtener rentabilidades
desorbitadas a costa del ahogamiento financiero de las ciudadanas.
Así
lo demuestra que, de las 90.060 compraventas acreditadas en el mes de
enero, 60.282 fueran pagadas al contado. ¿Conocéis muchos
particulares que puedan permitirse esto? Yo tampoco, los únicos que
se lo pueden permitir son esos grandes tenedores que se dedican a
extraer rentas a través del parasitario método de la especulación.
Entre
el elenco de especuladores que se acaba de enunciar, las socimis son
las que mayor relevancia están tomando en el momento actual. Las
sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado
inmobiliario (SOCIMI), que nacen en 2009 bajo la ya mencionada excusa
de dinamizar el sector, se dedican principalmente al alquiler de
activos inmobiliarios y cuentan con un régimen fiscal especial que
les exime de pagar, entre otras cosas, el Impuesto sobre Sociedades
—esto ha sido la razón por la que, por ejemplo, la inmobiliaria
Colonial dejase de pagar 100 millones de euros al convertirse en
socimi—. El verdadero motivo de su existencia reside en posibilitar
que los bancos puedan derivar aquellos activos que no les
reportan beneficios en su balance de cuentas y sacarles, así, una
mayor rentabilidad sin tener que venderlos a unos fondos buitre que
los compran por el mínimo precio posible.
Así,
podemos encontrarnos con que los grandes tenedores de vivienda, desde
las entidades financieras a los multipropietarios, pasando por los
propios fondos buitre, son inversores principales de múltiples
socimis. Son ellos quienes más beneficio están sacando de una
burbuja del alquiler que está estrangulando económicamente a las
vecinas, tanto en el centro como en la periferia.
La
actual situación de permanente emergencia habitacional no es, por
tanto, producto de un azar meteorológico o de la acción natural de
un mercado autorregulado. Ni tan siquiera se debe principalmente a la
desregulación del alquiler turístico, que permite que se abran 330
ofertas nuevas cada mes en Airbnb —cuyo impacto es importante, más
todavía si tenemos en cuenta que un 51% se abren en distrito centro,
algo insostenible para la población local—, pero que no constituye
el único ni el mayor problema habitacional en nuestro país.
Es
la especulación y el rentismo inmobiliario, al que se dedican los
capitales extranjeros y los fondos de inversión, que incluso han
invadido Airbnb —el grueso de la oferta de la plataforma está
controlada por grandes tenedores de vivienda—, lo que supone el
gran problema habitacional que viven nuestros barrios.
LA
BATALLA POR EL RELATO DE LAS SOLUCIONES
En
medio de esta situación, en la que los alquileres se incrementan a
un ritmo desmedido y están reactivando la compraventa —en tres
distritos de Madrid los precios de compraventa ya superan los de 2008
y el BBVA está rebajando sus requisitos y concediendo hipotecas del
100%—, se está produciendo una fuerte disputa por ponerle voz y
darle sentido a lo que ocurre.
Si
la realidad fuese eminentemente objetiva, los datos hablarían por sí
solos y no tendríamos la necesidad de politizar lo cotidiano, pues
no se produciría el litigio que da lugar a la política. Pero esto
no ocurre nunca así, la política no es más que la constante
disputa por “crear” una verdad, por lograr que los esquemas
lógicos y morales, a través de los cuales nos dotamos de un sentido
concreto acerca de lo que ocurre a nuestro alrededor, definan la vida
a nuestra manera. Por tanto, ante la necesidad que toda sociedad
tiene de proveerse de un orden concreto que rija los ritmos de la
convivencia social y otorgue seguridad y tranquilidad a la comunidad,
no podemos quedarnos parados esperando a que los datos convenzan a
quien todavía no piensa como nosotras.
No
tenemos que mirar lejos para encontrar una referencia, la propia
historia de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) nos
muestra ese camino. Antes de la irrupción de la plataforma, el drama
de los desahucios era vivido como un problema individual que
respondía a la irresponsabilidad de unas ciudadanas que habían
vivido por encima de sus posibilidades. Sin embargo, tras su
aparición, la subjetividad que define esta problemática cambia
sustancialmente y los desahucios pasan a concebirse como una cuestión
concerniente al conjunto de una sociedad que había sido estafada por
los de arriba.
Se
produjo, en ese momento, una sensibilización que cambió
radicalmente el régimen de visibilidad de los desahucios en nuestro
país. Un cambio generado a través de la intervención en el espacio
público, de la politización de un dolor antes silenciado. A través
de las luchas a pie de calle, pero, también, de la capacidad de
generar todo un imaginario, atravesado por un potencial discursivo de
consignas y lemas, que modificó exponencialmente el relato que
condiciona la forma de exponer los planteamientos y la disputa
mediática.
Necesitamos
medidas concretas que nos permitan empezar a revertir la situación
actual, que
conviertan el alquiler en un régimen de tenencia asequible y
estable,
que eliminen los privilegios fiscales de las socimis o que pongan fin
a los desahucios sin alternativa habitacional. Pero, sobre todo, para
lograr que estas medidas sean realmente funcionales y exitosas,
tenemos que ser capaces de articular un imaginario que haga deseable
vivir de otra manera. La lucha está en transitar
hacia un modelo de sociedad que conciba que poner orden no es
legislar para los bancos, sino para las personas.
Queremos una comunidad que vuelva a cuidarse.
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