Por primera vez en España, un grupo de 100 expertos y
expertas en el desarrollo y contra la despoblación se unen bajo la óptica del
‘rural proofing’ para solucionar los problemas a golpe de BOE. Porque las
normas con óptica urbana no ayudan a impulsar el campo.
El pasado fin de semana se dieron cita en Soria la creme
de la creme de los políticos en España. En un momento muy crispado de la
actualidad legislativa sorprende ver que durante la IV Feria Nacional para la
repoblación de la España rural (Presura) todos los allí presentes
parecían tener un objetivo claro: detener la despoblación y aunar fuerzas en
torno al impulso del medio rural. ¿Es posible que los diferentes partidos
políticos se pongan de acuerdo en cuanto a un pacto de Estado rural cuando no
pueden hacerlo en otros asuntos como la educación o la pandemia?
“Por fin es un tema de Estado”, comenta Marina Fernández, consultora en innovación empresarial que estuvo en calidad de experta en Presura. Fernández es una de las protagonistas del plato fuerte de la feria, más allá de ver a Sánchez, Casado, Belarra o Zapatero en un mismo espacio en estos momentos: la presentación del primer avance de conclusiones del G100 sobre el rural proofing.
Traducido, se trata de las conclusiones 100 expertos han hecho de la legislación que se aplica en España que puede ser un lastre o una oportunidad para el rural. Una forma de ponerse las gafas no urbanitas de las leyes que se hacen desde los centros del poder y que nunca se había hecho hasta ahora de manera integral.“Hay que evitar que una mala legislación bloquee el futuro
de nuestros pueblos, no les deje crecer o, en el peor de los casos, acabe con
ellos”, reclama el director de Presura.
Estas conclusiones se complementarán con los agentes
sociales más amplios. Además, se presentará en la nueva edición de Presura en
noviembre y se lanzará el reto al Gobierno. “Será el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico quien tenga que poner en marcha
estas recomendaciones para seguir los pasos que otros países en el norte de
Europa ya llevan dados”, puntualiza Joaquín Alcalde, el director de la feria y
del Hueco, un espacio de encuentro y coworking por el
desarrollo rural en Soria. “Hay que legislar con las gafas de lo rural. Luego
hay que legislar haciendo microcirugía, el café para todos no sirve. La
realidad de las comarcas es muy diferente, un traje a la medida”, explica
Alcalde en referencia al rural proofing o mecanismo rural de
garantía, como se ha traducido. No es más ni menos que garantizar que las leyes
se hagan para todos y todas, independientemente de donde se viva.
Escuela, vivienda, licitaciones, ejemplos de discriminación
“Uno de los ejemplos de legislación pensada solo para lo
urbano y que más me impactó es la LOGSE”, comenta Fernández. La experta, que ha
participado en la parte de empleabilidad y emprendimiento, destaca que mientras
para una persona que vive en la ciudad no hay problema en que sus hijos de 12
años pasen del colegio al instituto, en el rural esto es un problema. O, mejor
dicho, dos grandes problemas. “Por un lado, que los niños abandonen antes los
colegios hace que en las escuelas rurales disminuya el número de alumnos y se
puedan cerrar. Y por otro, está la preocupación de los padres. Mientras en la
ciudad solo implica cambiar de edificio, en el rural significa que los niños y
niñas que con 12 años son aún pequeños tengan que recorrer todos los días
kilómetros para ir al instituto más cercano”.
“Con este trabajo que se hace te das cuenta de muchas
cosas”, comenta Ana Gómez, otra de las coordinadoras del G100 y participante
del Hueco también. “El sello ecológico, por ejemplo, no entiendo por qué tienen
que pagarlo los productores sostenibles. Es mucho más fácil poner una industria
contaminante que una sostenible y, encima, hay que pagar un sello”, comenta la
socióloga, que explica que su labor en el rural llegó a girar el foco de su ONG
de desarrollo para el Tercer Mundo a las zonas despobladas españolas.
“Con el crisis de 2008 decidimos que teníamos que poner en
práctica aquí todo lo aprendido de emprendimiento social fuera”, explica, y
avanza que se dieron cuenta que no estaban solos ni en la problemática ni en
las ganas de solucionarlo. “Vimos que en áreas extensas de EE UU, Alemania o
Finlandia, por poner solo algunos ejemplos, estaban con los mismos problemas”,
cuenta. Problemas de despoblación, de falta de servicios, de malos transportes,
mala conexión digital y falta de oportunidades.
Más ejemplos en la legislación que lastran el desarrollo
rural. “Por ejemplo, en la producción agrícola o ganadera. No puede ser que si
una persona quiere poner un gallinero con 25 animales para vender a pequeña
escala tenga que aplicarse la misma legislación que en una granja de 5.000
gallinas”, comenta Alcalde. Y es que el tema de la escala es algo que ya se ha
intentado cambiar a nivel autonómico —por ejemplo, en Euskadi— pero no siempre
es posible. El caso contrario sería la alfombra roja tendida a las macrogranjas,
denunciadas por contaminantes y por ser incluso más dañinas para los animales.
“Hay que evitar que una mala legislación bloquee el futuro de nuestros pueblos,
no les deje crecer o, en el peor de los casos, acabe con ellos”, reclama el
director de Presura.
La vivienda y las actividades mixtas, la clave
Otro de los ejes que recorre las conclusiones del G100
en rural proofing es el tema de la vivienda. “El rural ha
perdido la hegemonía cultural en favor del urbano”, comenta Serafín Pazos,
coordinador en el grupo de expertos y buen conocedor de la legislación europea.
Él ha propuesto en redes
sociales conocer en qué lugar se ha tomado una foto de viviendas
sacadas de Google Maps. En ellas es difícil distinguir una calle de Barcelona o
Alcorcón de otras de Talavera de la Reina, Pontenova o Haro. Eso es, en su
opinión, porque la legislación de promoción de la construcción favorece los
bloques y deja a un lado la arquitectura tradicional. “En la campiña francesa
no ves bloques de pisos igual que en París, sería hasta ilegal. Y en España
pasa”, indica.
Para él, otro de los males de la Administración española es
la ‘hiperlegislación’. Pone el ejemplo de la regulación propuesta por la Unión
Europa en materia de los restos de la ganadería. Mientras la ley es igual en
Francia, donde la han amoldado pensando en cómo hacer para no dejarlos en el
medio ambiente pero tampoco perjudicar a los animales carroñeros que vivían de
ellos, en España han sido “más papistas que el papa” y han sido más
restrictivos que lo que la propia Europa exigía. “Muchas veces pasa eso,
haciendo la vida imposible a la persona que tiene que ponerla en práctica”,
señala.
Respecto a las oportunidades de trabajo que se pueden
generar en el rural, Marina Fernández tiene claro que deben ser mixtas y que
hay que olvidarse de la contraposición trabajos de ciudad contra trabajos de
campo. “Existen la tendencia desde hace un par de años de buscar una
alternativa vital al medio urbano y, con la pandemia y el teletrabajo se ha
acelerado. Nosotros creemos que hay que aprovechar esa ola, pero seguimos
insistiendo que hay que seguir fomentando otras oportunidades”, comenta la
experta.
Tanto ella como Joaquín Alcalde coinciden en que esas nuevas
formas de empleabilidad y riqueza no pueden limitarse a la ganadería o la
agricultura, que además solo suponen un 5% del PIB. “Para ser sostenible, la
economía rural debe ir hacia un mix de sectores”, indica el director de
Presura. “Dentro del campo tecnológico —continúa Fernández—, estaría la
oportunidad de usar terreno extenso e infrautilizado para hacer tipos de
pruebas. Un ejemplo muy concreto sería los drones, si se quiere desarrollar hay
que probar en el rural y no es posible en lo urbano”. Marina Fernández va más
allá: “Hemos heredamos una cultura que viene del desarrollismo de los 60,
cuando se crean grandes entornos urbanos y se emigra a la ciudad. Se construye
un relato sobre el que se dice que el que se quedó en el campo era ‘tonto’. Eso
perdura en nuestro legado e incluso se sigue hablando de que si quieres
triunfar tienes que ir a la ciudad”.
El caso escocés, décadas luchando contra la despoblación
Precisamente el empezar a valorar lo que cada región, clima
o comarca tiene es lo que ha salvado del despoblamiento a otros países. También
el dotar de diversidad las actividades, introduciendo la cultura o la
tecnología en el campo. “El ejemplo de las Tierras Altas escocesas es muy
inspirador porque está lleno de lógicas. No es un milagro, es entender por qué
unas cosas de una determinada manera provocan un determinado efecto. No sirve
para todo los mecanismos, pero la lógica sí”. El experto Miguel Martínez Tomey
explica de esta manera la posibilidad que supone para España y otros países
entender cómo se logró revertir la despoblación en las Highlands. En 1965 el
Gobierno puso en marcha un programa para revertir una tendencia que venía de
1747, cuando empezó el éxodo rural. Partían de una situación complicada —ya que
las tierras estaban en manos de muy pocos propietarios— pero establecieron lo
que llamaron ‘territorios funcionales’. Aldeas, pequeños pueblos y otros
núcleos de población se unieron en algo como comarcas que juntas tenían todos
los servicios necesarios. “La comarca se considera como una ciudad rural, de
manera adaptada”, indica.
Un plan de movilidad adaptado al territorio como el
transporte a demanda, un desarrollo holístico en el que se mira caso a caso y
la implicación de las personas afectadas. “Cuando implicamos de verdad a toda
la población, hombres y mujeres, la implicación es que se aprovechan todos los
recursos, hay un plus de creatividad y se comprometen a atajar esos problemas
identificados”, comenta a la vez que indica que muchas de las empresas de
economía social que hoy triunfan en las Tierras Altas fueron en su inicio
asociaciones y el 67% de estas está dirigido por mujeres.
Además, la Administración contó con agencias repartidas por
todo el territorio y lo que ellos llaman ‘catalizadores’. “Son personas en las
que tienen confianza los demás. Si no existía ese detonante, no actuaban en las
Highlands. Esos pueblos, al ver los cambios en los otros, eran ellos quienes lo
pedían, sin provocarlo o forzarlo”, detalla. Estas agencias sobre el terreno,
cuenta, también tenían un valor al adaptar cualquier indicación al terreno. Por
ejemplo, las inversiones públicas. “Igual —ejemplifica Martínez— en la ciudad
no tenía sentido, pero invertir dinero en poner una peluquería en una aldea de
200 habitantes es estratégico. No solo para generar empleo, mantener las
escuelas, sino para que los ciudadanos se sientan mejor, valorados”.
De abajo arriba y con consensos sostenidos en el tiempo
Además del trabajo de análisis de la situación actual, el
G100 ha puesto sobre la mesa recomendaciones concretas que ayudarían al mundo
rural. “Una de las conclusiones de este rural proofing más
importante es muy clara: hacer las política de abajo a arriba”, explica Ana
Gómez. La socióloga y experta en desarrollo rural considera que hay
herramientas suficientes para lograr la participación de la ciudadanía, pero
otra cosa es que las personas sigan creyendo que al participar se tendrá en
cuenta su opinión.
Un ejemplo de por dónde deberían ir las cosas es la ley de
Castilla-La Mancha de desarrollo urbano territorial y contra el despoblamiento.
Se trata de una ley que intenta blindar los servicios públicos, ajustar la
fiscalidad, que la norma sea en función del territorio y no la población o
generar un pacto de las administraciones a todos los niveles. Una ley tachada
de pionera, que además ha llevado un
sistema de participación previo.
“Lo que hay que hacer es integrar todos estos análisis en un
mecanismo de coordinación o una agencia, que implique a los diferentes
ministerios, los consejos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos”,
explica Pazos, que además añade el elemento de la gestión profesionalizada y la
unión de territorios en entidades como la FEMP.
Pazos, pensando en las Highlands también recuerda que la
unión de los políticos de determinado territorio es crucial. También cuando la
ideología es diferente. “En Escocia les llamaban ‘la mafia’ porque iban de
camino al parlamento y, en el tren, llegaban a acuerdos. Luego, en sus asientos
se peleaban, pero habían llegado a acuerdos para sus vecinos”, explica.
“Escocia lleva desde 1965 trabajando en esto y no han
resuelto todos los problemas y otros nuevos”, advierte Martínez, que recuerda
el efecto del ‘Brexit’ en los planes de repoblación con extranjeros. “Somos
capaces de llegar a acuerdos —comenta el experto— y más cuando hablamos de la
sociedad rural. Nadie se puede presentar ahora en el medio rural y decir que no
merece invertir en esos lugares. Ahora debemos encontrar buenos anclajes,
consensos de Estado”.
https://www.elsaltodiario.com/rural/leyes-ponen-zancadilla-rural
No hay comentarios:
Publicar un comentario