PENSIONES
PUBLICAS: Un crimen a cámara lenta
Bancos
y aseguradoras trabajan para transferir los ingentes ahorros de la
población española al sector privado.
Todo
crimen tiene un móvil. Para descubrirlo y, de paso, desenmascarar a
sus responsables solo hay que seguir el rastro del dinero. En este
caso, es difícil encontrar un botín más atractivo. En España, los
actuales planes de pensiones privados llevan ahorrados 109.244
millones de euros, una décima parte del PIB. Un monto que
representa, sin embargo, una minúscula muestra de lo que podría ser
el negocio de las pensiones para los grandes bancos y aseguradoras si
desaparece su principal competidor: las pensiones públicas. Ya lo
han hecho en muchos países de América Latina. Ahora quieren
terminar el trabajo iniciado en España.
La
estrategia utilizada por los lobbies de los planes de pensiones no
puede ser más vieja: convencer de que el sistema público no tiene
futuro, y garantizar que no lo tenga, dejándolo sin recursos, de
forma que la primera previsión se cumpla.
EL CUENTO DEL LOBBY
O
cómo te convencen de que las pensiones públicas no son una buena
idea
Los lobbies y think tanks de la banca y las aseguradoras, titulares de la mayoría de los planes de pensiones, han conseguido convertirse en la referencia a la hora de describir el futuro de las pensiones públicas. Y también a la hora de influir en las leyes que definen su futuro.
Una figura que sirve de ejemplo del vínculo entre los fondos de pensiones privados y el futuro del sistema público es Rafael Doménech, subdirector de la Oficina Económica del presidente del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero y actual responsable de análisis macroeconómico del BBVA, entidad que lidera el mercado de las pensiones privadas en España y buena parte de América Latina.
En
2013, Doménech fue seleccionado por el Gobierno de Mariano Rajoy
como uno de los 12 ‘sabios’ que definieron el llamado ‘factor
de sostenibilidad’, es decir, cuánto se recortarán las pensiones
a partir de 2019 para compensar que viviremos más años. De entre la
docena de expertos, la mayoría estaba vinculada con bancos o
aseguradoras y solo tres tenían una visión distinta a la del
Gobierno. Es también el caso del presidente de esta comisión,
Víctor Pérez-Díaz, vinculado con FAES, la Fundación Caixa Galicia
o Unespa, la patronal de las aseguradoras. Actualmente, en el
Congreso se dice que Doménech pasa más tiempo allí que algunos
ministros.
A
través de think tanks como Civismo, Fedea o IEE —el grupo de
estudios de la CEOE—, mediante páginas web ‘blancas’,
contenido patrocinado, gabinetes de estudio, encuestas, seminarios y
tertulianos en medios de comunicación, el lobby de las pensiones
privadas defiende su principal tesis: ante la persistencia de la
crisis y el envejecimiento de la población, se debe aumentar la edad
de jubilación, recortar las prestaciones y apostar por vías
alternativas de ahorro, es decir, por planes de pensiones privados.
Estos
grupos de presión también han hecho lo imposible, con buenos
resultados hasta ahora, por mantener fuera de la agenda política la
propuesta de financiar las pensiones por otras vías, a través de
los presupuestos generales del Estado, como ocurre con otros gastos
sociales y en otros países europeos. La otra opción defendida por
diversos sectores sociales para asegurar el futuro de las pensiones
públicas —aumentar los salarios o las cotizaciones por parte de
las empresas— permanece todavía más relegada por el lobby que
quiere dejarte sin pensión —y que tengas que contratar otra con un
fondo privado, si puedes permitírtelo—.
LA PROFECÍA AUTOCUMPLIDA
O
cómo convierten en realidad el fin del sistema público
No
basta con asustar, aunque ayuda. La noticia de que 2016 había
terminado con el déficit más abultado de la historia de la
Seguridad Social —unos 19.000 millones— dio buenos titulares al
lobby de las pensiones privadas. El “saqueo”, como lo llama la
Marea Pensionista, viene de lejos.
En
el año 2000, momento de excedente presupuestario, el Gobierno de
José María Aznar creó la llamada ‘hucha de la pensiones’, un
fondo de seguridad en previsión de tiempos peores. Para prevenir
malos usos en el futuro, el Gobierno fijó en un 3% el límite del
que se podría disponer en caso de necesidad.
En
2012, el fondo de reserva llegó a su máximo, con 65.000 millones de
euros. Ese año, el mismo en el que Luis de Guindos anunciaba el
rescate bancario por una suma equivalente, el presidente Mariano
Rajoy suspendía ese límite y decretaba que el Gobierno podría
disponer en adelante de este fondo, sin más trámite que una
notificación previa al Congreso.
A
partir de entonces, el Gobierno del PP ha retirado una media de
13.500 millones de euros cada año. En diciembre de 2017 apenas
quedaban 8.000 millones, lo justo para pagar una mensualidad más. La
principal causa de este déficit en las arcas de la Seguridad Social
es el aumento del gasto en pensiones por el envejecimiento de la
población. Un factor casi tan determinante como la caída de los
ingresos de las cotizaciones sociales, con las que se financia todo
el sistema público, un fenómeno fácilmente explicable por la
crisis, el paro y las más de dos millones de personas que tuvieron
que dejar el país por razones económicas. Tampoco ha ayudado que la
“recuperación” de la que habla el Gobierno se haya cimentado en
los bajos salarios, con una caída media del 12,8%, y en el empleo
precario, con el doble de contratos temporales que en 1995.
Las
plataformas de defensa del sistema público defienden que lo que está
en crisis es el Pacto de Toledo, firmado en 1995, no las pensiones
públicas. “Es mentira que haya alguna razón para pagar las
pensiones con las cotizaciones”, afirma Ignacio Zubiri, catedrático
de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco. La economista
Elena Idoate critica desde el seminario de economía Taifa la
excepcionalidad de las pensiones públicas: “No hay ninguna otra
partida presupuestaria que esté vinculada a una determinada fuente
de financiación. ¿Por qué preocupa el equilibrio presupuestario de
las pensiones, y no el de la Monarquía, el Ejército o la
Policía?”.
DEJAR MORIR
O
cómo consiguen que pasarte al sistema privado no parezca tan mala
idea
Desde inicios de la crisis, el lobby de los planes de pensiones incrustado en el Gobierno ha encontrado en la Comisión Europea un aliado ideal. Frente al desfase entre los gastos e ingresos de la Seguridad Social, la receta de los sucesivos gobiernos ha sido recortar prestaciones y alargar el tiempo de trabajo necesario para acceder a una pensión en vez de abordar la caída de los ingresos del sistema público con políticas redistributivas.
Desde inicios de la crisis, el lobby de los planes de pensiones incrustado en el Gobierno ha encontrado en la Comisión Europea un aliado ideal. Frente al desfase entre los gastos e ingresos de la Seguridad Social, la receta de los sucesivos gobiernos ha sido recortar prestaciones y alargar el tiempo de trabajo necesario para acceder a una pensión en vez de abordar la caída de los ingresos del sistema público con políticas redistributivas.
En
2010, el ultimátum de las instituciones europeas al Gobierno de
Zapatero llevó a la congelación de las pensiones contributivas y,
un año después, a la ley de reforma de la Seguridad Social, que
retrasaba la edad de jubilación de 65 a 67 años, entre una batería
de medidas que hacían mucho más complicado acceder a una pensión o
a cobrar la pensión máxima.
En
2013, Rajoy ponía las cosas todavía más difíciles con el Real
Decreto 5/2013, que endurecía las condiciones de acceso a la
jubilación anticipada. Y para quienes ya cobraban una pensión, el
PP garantizó ese mismo año, mediante la Ley 23/2013, una merma
constante de su poder adquisitivo al desvincular la actualización de
las pensiones de la inflación.
Gracias
a las reformas de las pensiones realizadas por Zapatero y Rajoy en
2011 y 2013, los pensionistas han perdido 1.200 millones de euros
solo en 2017, una media de 200 euros por cada uno de ellos. La
introducción del factor de sostenibilidad a partir de 2019 supondrá
que “se cobrará menos al mes pero durante más años”, afirma
una de las web de pensiones del BBVA. Después de comparar los
sistemas de todos los países europeos en su informe Las pensiones en
España, el catedrático Zubiri concluye que el PP “ha introducido
unos de los ajustes por envejecimiento más severos de la UE”. El
think tank de la patronal, el IEE, recomendaba hace un año aumentar
la edad de jubilación a 70 años para “salvar” las pensiones. Si
los planes de pensiones fueran lo que cuenta el aparato de
comunicación de la banca y las aseguradoras, pasarse a uno de esos
fondos quizá no sea tan mala idea. Ese es el problema.
EL TRUCO FINAL
O
cómo consiguen que no se hable de la crisis de los planes de
pensiones
El caso argentino es revelador. En 1994, con la recomendación del FMI y el Banco Mundial, el Gobierno de Carlos Menem impulsó la privatización del sistema de pensiones, siguiendo el modelo chileno, el mismo que sirve hoy de ejemplo en España. Una de las tres entidades más beneficiadas por esta operación fue la filial del BBVA, Consolidar, que se quedó con el 14,1% del mercado. Un negocio con grandes ventajas para el banco español: una vez dentro, la ley te impedía volver al sistema público.
El caso argentino es revelador. En 1994, con la recomendación del FMI y el Banco Mundial, el Gobierno de Carlos Menem impulsó la privatización del sistema de pensiones, siguiendo el modelo chileno, el mismo que sirve hoy de ejemplo en España. Una de las tres entidades más beneficiadas por esta operación fue la filial del BBVA, Consolidar, que se quedó con el 14,1% del mercado. Un negocio con grandes ventajas para el banco español: una vez dentro, la ley te impedía volver al sistema público.
En
2008, el Gobierno argentino nacionalizó los fondos de pensiones ante
el riesgo de quiebra de un sistema que había invertido 1.059
millones de euros en mercados a futuro, a las puertas de la mayor
crisis financiera desde 1929. Unas “apuestas de casino” –según
el sociólogo Sergio Fiscella– donde los ahorradores tenían la
obligación de seguir apostando.
El
lobby de las pensiones en España ha conseguido centrar los debates
en la “insostenibilidad” del sistema público, pasando por alto
la falta de garantías y la grave crisis que atraviesan los planes
privados de pensiones, según la prensa económica.
Lejos
de lo que puede parecer, las pensiones privadas no son precisamente
un negocio boyante. El diario Cinco Días situaba la
“edad dorada” de los planes de pensiones entre 1997 y el comienzo
de la crisis. Con una pérdida de 580 millones de euros, 2017 se ha
convertido en el primer año en el que se producen más retiradas que
aportaciones en el sistema privado. Jesús González, uno de los
máximos expertos en previsión social de UGT, calificaba en este
periódico el formato de los planes de pensiones de “moribundo” y
“catatónico”.
Al
rescate acude el Gobierno de Rajoy, que prepara actualmente una
reforma del reglamento de los planes y fondos de pensiones que
reducirá las comisiones que tienen que pagar los ahorradores y da
facilidades para retirar el dinero a los diez años, algo que ahora
solo pueden hacer en casos excepcionales. Una operación interpretada
por los analistas financieros como un intento por incrementar el
atractivo de los planes privados de pensiones, especialmente para el
público más joven. Dicho de otra manera, mientras el herido se
desangra, en vez tapar la herida el médico le extrae más sangre.
Para
el sindicato CGT, la “quiebra premeditada y metódica” de la
Seguridad Social y el sistema público de pensiones por parte de
todos los partidos gobernantes desde 1980 y “por casi todo el arco
parlamentario desde 1995” tiene un objetivo “para nada
escondido”: entregar a los mercados privados el 45% de la partida
del gasto social que actualmente se dedica a las pensiones públicas.
Un crimen a cámara lenta, en vivo y en directo, sin spoilers, cuyo
descenlace está todavía abierto.
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