EL DEFENSOR DEL PUEBLO:
Una institución al servicio del monopolio eléctrico
La reacción de la
sociedad española frente a lo que acontece merece un detenido examen. No sirven
los tratados sociológicos, ni las explicaciones interesadas de medios de
comunicación arruinados por no hacer bien su trabajo e interesados en contar
cuentos chinos a la voz de su amo, ni la de afamados tertulianos que están ahí
para representar un papel como representa un actor en una obra teatral. Unos y
otros, procuran por su interés en apaciguar a las masas por el método de
meterles el miedo en el cuerpo de lo que puede venir. Más vale pájaro en mano que ciento volando, este viejo refrán los
guardianes del reino lo reconvierten el atractivos eslóganes y aderezan con suculentas promesas
embellecidas de las más grandes mentiras. Sirva de ejemplo la promesa difundida urbe
et orbe por González
Pons en la campaña de las elecciones generales de 2011: “vamos a crear 3.500.000 de puestos de trabajo” Ahora, casi acabada la legislatura, en
lugar de crear se han "descreado" puestos
de trabajo.
No obstante, Pinocho Rajoy, en el debate del estado de la
nación, se atreve a adornar su discurso con la promesa de 3.000.000 de
puestos de trabajo para que los infelices vuelvan a picar el anzuelo. ¿Y la promesa de la campaña de 2011?
El descrédito de la política está más que justificado. A los actuales partidos
políticos ya nadie se los cree, tan solo hay que ver lo que ocurre con la
formación que brota de forma súbita y que las encuestas apuntan en convertirse
en alternativa de poder. El ataque a Podemos es espectacular, no voy a entrar en detalles pero la
acusación, que supera el insulto, es que son populistas. Vamos a ver, la raíz
de populista vendrá de popular y el PP es el Partido Popular. La letra O del PSOE proviene de obrero ¿Es
digno de un partido obrero modificar la Constitución en el sentido que antes de
las necesidades básicas de la población se debe de atender el pago de la deuda
pública y los intereses? Sin el apoyo del partido de los obreros los populistas
del PP no tenían la hegemonía de modificar la Constitución. Creo que es el
único país del mundo que ha introducido ese privilegio a favor de los bancos
acreedores. ¡Viva España!
Con el panorama de
unos partidos políticos descarriados, las instituciones, que son varias,
tendrían que actuar. Para empezar, el Consejo de Estado asesora, a petición del
gobierno, que es lo más correcto. Pero es el Defensor del Pueblo quien tiene que decir aquello que el
gobierno y la Administración hacen incorrecto. En definitiva,
el Defensor del Pueblo tiene la custodia de los derechos fundamentales
de los españoles. ¿Si
los derechos fundamentales y libertades públicas se extinguen en un goteo
constante, qué creen que puede pasar? Es aquí donde vuelvo al principio del
post ¿Cómo reaccionará la sociedad española frente a lo que acontece? Alguien se
ha percatado que con seis millones de parados, el 25% en edad de trabajar, el
Producto Interior Bruto (PIB) es el mismo que cuando era el 8% de desempleados.
Conclusión: sobra gente y la mayoría de ellos no volverá a encontrar un puesto
de trabajo en su vida. Mientras tanto, recortes y más recortes
sociales se aplican para pagar el endeudamiento de los bancos, sin una ley de
Segunda Oportunidad, que la tiene toda Europa, así como con la continua
exigencia de reducir los salarios, con una plaga de desahucios y así podría
llenar la página entera.
Permítanme que me aproxime a un pronóstico: revolución. Ya se que
suena extremo, pero
también sonaba extremo cuando en pleno auge del pujolismo, cuando actuaba de
bisagra y ponía y sacaba presidentes en España, me atreví a decir que él, su
familia y el partido estaban sumidos en la corrupción, facilitando pelos y
señales. Han tenido que pasar 16 años para que el asunto Pujol reventara, lo
mismo para que se consumara la certeza de que los bancos, tal como funcionaban,
esparciendo deuda sin control, acabara como acabó. Creo que no se trata de una
adivinación el pronunciarse por una revolución, se trata de un vaticinio. Votar
no sirve para nada. Después de amordazar a Syriza
y Podemos, sí que viene el caos. La sociedad, en busca de una solución,
lo proyecta por las buenas, pero después de por las buenas, que nadie dude,
será por las malas.
Con este preámbulo,
quizás demasiado largo, vamos a lo que nos ha traído hasta aquí: el disparatado
coste de la factura de la luz que corre inversamente a la dirección por la que
transita la sociedad cada vez con menos ingresos. En el archivo del blog hay
suficientes artículos en los que se pone de manifiesto que el coste de producir
energía eléctrica esta manipulado por las compañías eléctricas. Pero para
dirigirnos al Defensor del Pueblo vamos a obviar esta manipulación del precio y
nos centramos en lo que le compete sin lugar a dudas, los desvíos de la
Administración. El legislativo y ejecutivo han transformado la factura de la luz
en un vehículo para pagar impuestos que elevan los disparatados precios de la
electricidad en un 168%, al cargar peajes, rollos que nadie
sabe que son, como los costes regulados, y toda esta sarta de impuestos se
les recarga con un IVA del 21%, cuando en Europa lo más habitual, para la
electricidad, es el 5%.
Un disparate que no hay quien lo pueda entender: una
tasa se aplica por un servicio estatal. Esta práctica podría tener sentido
cuando las compañías eléctricas eran públicas, pero una vez privatizadas, no
tiene ningún sentido gravar con una tasa puesto que no existe un servicio
público. Ya es grave que nuestros gobiernos del bipartidismo rompan este
principio, pero más grave aún es no hacer caso de las sentencias del Tribunal
Constitucional y del Tribunal Supremo y que el Defensor del Pueblo no
intervenga de oficio. Más
grave aún es que ni tan siquiera registra una denuncia al respecto. ¿Se puede
mantener un estado democrático que no atiende las sentencias de los más altos
Tribunales de la nación?
PARA LAS ELÉCTRICAS SOMOS UNA
PIEDRA EN EL ZAPATO
Iniciamos el pasado
28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, el envío de una carta exigiendo
al Defensor del Pueblo (Soledad Becerril) que intervenga en el asunto del
insoportable robo descarado que practican las compañías suministradoras de
electricidad, al que se han unido unos inconstitucionales impuestos. En aquella
fecha cerramos con la recogida de firmas que acompañan el texto exigiendo
una rápida y eficaz intervención en defensa del pueblo, ya que el ejecutivo,
sometido a los intereses de la oligarquía, pisotea los derechos que están
amparados en la Constitución Española. El 28 de enero le volvimos a remitir una
nueva carta con firmas, y ahora con fecha del 28 de febrero le remitimos la
carta que tienes a la vista que totaliza 4579 firmas. Nos reafirmamos que de no
ser atendidos en esta institución competente para ello, elevaremos la exigencia
de intervención a instancias europeas, incluso al Tribunal de Justicia Europeo.
Dejo unido a este texto, con el fin que se pueda acreditar en los archivos del
blog, la relación de honor de ciudadanos comprometidos con su dignidad que
han firmado la carta. 28022015 Para que los rezagados se puedan adherir a esta relación de honor
queda este enlace https://docs.google.com/forms/d/1y6AXDK1RwhPn6qBGEjglYEZHbycEHj82yZMjKNN3cEI/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link y puedan incorporar sus datos que
remitiremos al Defensor del Pueblo solicitando que se unan a la que hoy se
cierra. Si ya has firmado pasa este enlace a un conocido o amigo. Necesitamos
de tu cooperación.
Carta al Defensor del
Pueblo
Defensor del Pueblo.
A la atención de Doña Soledad Becerril.
Paseo Eduardo Dato,
31 - 28010 MADRID - 28 de febrero de 2015
Señora Soledad
Becerril, como presidenta de la institución del Defensor del Pueblo se supone
que el nombre hace la cosa: defiende al pueblo de la mala administración. Para
ser más precisos conviene referirse a la definición que ustedes publican en su
web: “El Defensor del Pueblo es el
Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos
fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la
supervisión de la actividad de las administraciones públicas”. Observo
que en esta explicación oficial dice: la
supervisión de la actividad. Se entiende que su institución
puede actuar de oficio, o ¿Solo se pone en marcha cuando hay una denuncia? Los
incrementos en la factura de la luz se han convertido en una pandemia nacional,
se trata de un servicio básico que no tiene alternativa y afecta a millones de
españoles que mes a mes sucumben impotentes a incrementos disparatados en la
factura de la luz. ¿Qué
ha cambiado para que la factura de la luz se multiplique? ¿El precio del barril
de petróleo? ¿La falta de viento, de lluvia, el precio internacional del gas
….? Lo que ha cambiado es la privatización de las antiguas empresas
públicas. No sólo se ha privatizado, si no que además se ha liberalizado un
mercado que actúa en monopolio. Esto no
ocurre en ningún país del mundo y como resultado lo tiene usted a la vista:
precios de monopolio. ¿No ve usted aquí ninguna anomalía? ¿Su institución no
tiene nada que decir al respecto? De un mes a otro los precios en la subasta de
electricidad pueden pasar de 26€ Mkw al doble sin ninguna justificación.
2 - No solo tenemos
que soportar unos costes inflados por las compañías eléctricas, que tienen
bula, al reconocerles estos sin ningún tipo de auditoria. Me dirá que esto esta
refrendado por la inmensa mayoría de los diputados que nos representan. Bien,
tomamos nota, pero sobre las decisiones políticas están las resoluciones de los
Tribunales de Justicia. ¿Se
miran ustedes las sentencias del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo
cuando se manifiestan a favor del pueblo? ¿Compruebas ustedes si estas sentencias de los más altos
tribunales se cumplen? Si
no se cumplen ¿No le parece a usted que supera la mala gestión de la
Administración y entra plenamente en el atropello de los derechos fundamentales
de la población que usted dice defender? Vamos al grano: los
impuestos cargados en la factura de la electricidad son inconstitucionales. La
Sentencia 185/1995 del Tribunal Constitucional sobre Tasas y Precios Públicos,
precisa: “deberán
considerarse coactivamente impuestas (a la fuerza) no sólo aquellas
prestaciones en las que la realización del supuesto de hecho o la constitución
de la obligación es obligatoria, sino también aquellas en las que el bien, la
actividad o el servicio requerido es objetivamente o social de los
particulares…indispensable para poder satisfacer las necesidades
básicas de la vida personal … o, dicho, con otras palabras, cuando la renuncia
a estos bienes, servicios a actividades priva al particular de aspectos esenciales
de su vida privada o social”
Se
refiere el TC a los artículos 31.1, 31.2 y 31.3 de la Constitución Española.
3 - De esta sentencia
del Tribunal Constitucional ya tienen ustedes constancia desde hace casi un
año, y nuevamente, con fecha 28 de diciembre de 2014, les remitimos por correo
administrativo un escrito que lo acompañaban un buen número de firmas. Cuando se reciba este escrito con fecha 28 febrero, habrán
pasado ya dos meses y su organización no ha tenido tiempo de registrar la
entrada y remitirnos el número de referencia. Con el presente escrito y el que tiene
fecha del 28 de enero les hemos remitido 4579 firmas. Se lo toman ustedes con
cierta parsimonia, o las denuncias les llegan a sacas y no dan abasto. No
importa, ustedes sigan a lo suyo, hacer ver que trabajan, y nosotros iremos a
lo nuestro: a dejarles sin trabajo. Si se trata de hacer el paripé, lo
hacemos encantados. Ustedes sigan a lo suyo. Nosotros seguiremos dirigiéndonos
a su institución cumpliendo los requisitos que estipulan, presumimos que
acabaremos con la música a otra parte. Con este mismo argumento ya pasamos por
el Defensor del Pueblo europeo que nos derivó a ustedes, y su vicepresidente se
nos sacó de encima con un patético argumento. Estamos construyendo un historial que demuestre que con defensores
como su institución no nos hace falta tener enemigos.
Explícitamente, no nos importa que
sepan nuestras intenciones, nos estamos cargando de razones para interponer en los Tribunales
de justicia europeos una denuncia por la prevaricación del Gobierno de España,
al incumplir de forma flagrante la Constitución Española.
4 - Podemos pensar
que una sentencia del Tribunal Constitucional no tiene suficiente peso para que
ustedes se muevan como Alto Comisionado de las Cortes Generales, en defensa de
los españoles. Si es así, en ésta ocasión traemos bajo el brazo una
nueva sentencia del Tribunal Supremo, Sala Contencioso Administrativo en Pleno
de fecha 18/11/2013 que se reafirma a la pronunciada por la Audiencia Nacional
Sala Contencioso Administrativo sección 4ª. El TS dejó muy claro que tenían que
ser las compañías eléctricas las que financiaran a su cargo los intereses que
producía el Déficit de tarifa. Supuestamente, las
eléctricas, por orden del gobierno, no repercutieron en la factura de la luz
los costes que le correspondían y decidieron aplicarlos en años venideros. Todo
ello se hizo para dejar guapo al gobierno de turno por su buena gestión
económica. El Tribunal Supremo considera que las compañías eléctricas han
tenido, durante años, suficientes privilegios, y para paliar el monopolio les
toca financiar los intereses. Las
compañías eléctricas amedrentan al gobierno con bloquearle la puerta giratoria
y las prebendas al partido y colegas situados. Con este poderoso argumento
buscan una estrategia que soslaye esta piedra en el camino.
¿Qué solución encontraron estas
mentes perturbadas para esquivar la sentencia del TS? Tan sencillo como re – titularizar el
Déficit de Tarifa (las series 1 y 5 ya estaban liquidadas) con un importe de
26.000 millones de euros, al ofrecer unos intereses de escándalo y conseguir el
Aval del Estado para que el inversor (el bonista) lo considere atractivo y se
coloque rápidamente en el Mercado financiero. El gobierno autoriza que los bonos que vencen se paguen con cargo
a la factura de la luz. ¿Qué ocurre en cada vencimiento? El
bonista recibe el nominal y los intereses que le han prometido, ya que nuestro
insigne gobierno autoriza que el vencimiento sea cubierto con los recargos en
la factura de la luz. Es el pueblo, el mismo que ustedes están ahí para
defender, quien está pagando el nominal más los intereses. En definitiva, las compañías eléctricas y el gobierno, en su papel
de colaborador necesario, pasan, como si no existiera la sentencia del Tribunal
Supremo y le endosan los intereses, que suben unos cuantos miles de millones de
euros, a que los pague las familias españolas ¿Sabe usted señora Becerril que
se cargará, por este concepto, en la factura de la luz, este año 2015, 423€? La factura de este mes de enero ha sido de escándalo. Todo es un
sin sentido, la factura de la luz debe de recoger los costes de producir
energía con un margen de beneficio, pero saquear al pueblo en nombre del
capitalismo va un abismo. Estos impuestos deben de ir a los Presupuestos
Generales del Estado que los redistribuyen asimétricamente: los que más tienen
pagan más. Aplicados en el recibo de la luz, y en proporciones de delirio, los
que más tienen pagan lo mismo que el más pobre de los pobres, y la solución que
se le da para que no le corten el suministro es la caridad.
Atentamente. Firmado
Josep Manuel Novoa Novoa DNI 37.253.690 – S
y 177 personas que se adhieren a esta exigencia de intervención que
totaliza 4579 indefensos.
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