DESAHUCIOS
Y AMENAZAS A LA BANCA
La reacción de las autoridades europeas y del
gobierno español contra el decreto de la Junta de Andalucía que pretende
limitar el drama social de los desahucios es una de las más miserables y
vergonzosas que hemos vivido a lo largo de la crisis. Y eso que hay muchas de
este tipo para elegir. A mi juicio es una reacción miserable y vergonzosa de
Europa y del Gobierno de Rajoy justo porque llevan razón en lo que dicen.
¡Claro que ese decreto amenaza a la banca y
supone un peligro para la inversión inmobiliaria que predomina hoy día!
Es evidente que -en la situación actual de la
banca- si de un día para otro se generalizase la dación de pago o se permitiese
que las personas más humildes que han perdido su puesto de trabajo y sus
ingresos no tuvieran que hacer frente a sus deudas bancarias en las condiciones
pactadas, los balances bancarios se resentirían y que incluso podría provocarse
un auténtico caos en el sector.
Tampoco hace falta ser un gran experto en
negocios inmobiliarios para entender que la inversión cortoplacista que mueve
el dinero buscando simplemente ganancias especulativas se sentiría igualmente
amenazada si se obliga a que los derechos de propiedad que lleva consigo
respeten una función social de elemental satisfacción humana. Por supuesto que
todo es así y que las autoridades que combaten el decreto tratando de que el
Tribunal Constitucional lo anule llevan toda la razón: es una amenaza. Pero lo
que ocurre es que ese no es el verdadero problema que se debe resolver.
El decreto de la Junta de Andalucía es una
amenaza para la banca porque la actividad que ésta lleva a cabo últimamente es
materialmente incompatible con la justicia más básica, con la función económica
de financiación a empresas y consumidores que se supone debe desempeñar y con
el equilibrio económico elemental que se debe guardar en toda sociedad para que
el conflicto no estalle y todo se venga abajo.
Es verdad, como digo, que tratar en estos
momentos de evitar que las familias pierdan sus viviendas porque dejan de pagar
unos cuantos cientos de euros al mes a los bancos es una amenaza para estos.
Pero si eso es así no es porque la pretensión del decreto sea desmesurada sino
porque la banca se ha situado por decisión propia, buscando niveles de beneficio
desorbitados a través de una multiplicación compulsiva y artificial de la
deuda, en una situación de mínimos en cuanto a solvencia y seguridad. Porque ha
querido situarse durante demasiado tiempo en el filo de la navaja para obtener
ganancias y poder extraordinarios a costa de su propio equilibrio financiero y
patrimonial y de la estabilidad de todos y del sistema económico en su
conjunto.
La cuestión, pues, no puede consistir en
limitarse a constatar, como hacen los dirigentes europeos y los del Partido
Popular español que trabajan para la banca, que frenar los desahucios tan
injustos que se vienen produciendo es una amenaza. Lo que hay que hacer es
determinar por qué la justicia amenaza a la banca y por qué ésta es
incompatible con una reivindicación ciudadana tan ampliamente apoyada.
Por el contrario, imponer unilateralmente el
principio de que el interés de los banqueros ha de prevalecer sobre la justicia
y las preferencias sociales mayoritarias no solo es dictatorial sino algo muy
perjudicial para la vida de las empresas y del conjunto de la economía.
Las consecuencias de que los bancos actúen con
plena libertad, sin apenas restricción legal o moral alguna, ya las estamos
viendo: no solo llevan a situaciones límites a las personas físicas y a las
empresas sino que paralizan a las economías porque dedican los recursos a la
especulación y a lograr tasas desproporcionadas de beneficio que, para colmo,
conllevan un poder político excesivo que tiende a desmantelar las democracias.
La banca actual, cuya actividad principal consiste en alimentar la inversión
especulativa recurriendo para ello a todo tipo de fraudes, a los paraísos
fiscales y a la utilización opaca y delictiva del dinero, es el principal
obstáculo para salir de las crisis permanentes y para generar empleo y
estabilidad económica. Esa es la verdadera amenaza que hay que evitar.
Por eso, cuando se detecta que un decreto
justo, ampliamente deseado por la población (ni siquiera el grupo parlamentario
del Partido Popular votó en su contra en el Parlamento andaluz) y que resuelve
un grave problema social, amenaza a la actividad bancaria lo que hay que hacer
es conseguir que la banca sea compatible con él y no al revés. Es decir,
corregir los defectos en la actividad de la banca y no obligar a la sociedad a
tener que sufrirlos.
La banca de nuestros días es la que ha
provocado las crisis financieras en las que nos encontramos. Es la culpable de
que miles de empresas cierren y de que tantas familias pierdan injustamente sus
viviendas. Ella misma es la responsable de que los bancos estén quebrados, de
que sean auténticos zombis que no hacen nada más que absorber sin descanso
miles de millones de euros que entonces no pueden destinarse a crear empleo y
bienestar social. Y todo eso lo ha provocado sin necesidad. O mejor dicho,
porque gracias al poder político acumulado por los banqueros se ha conseguido
convertir en sacrosanta necesidad social lo que simplemente es el interés
particular de unos pocos.
Eso es lo que hace que el decreto de la Junta
de Andalucía sea una amenaza y, por tanto, la respuesta no puede ser paralizar
su aplicación para dejar tranquila a una banca que no funciona y cuya actividad
irresponsable paraliza la economía y cada día nos cuesta más dinero.
Si la banca española estuviera funcionando
bien, si se dedicase a financiar a las empresas y consumidores ayudando a crear
empleos, si estuviera actuando al servicio de la creación de riqueza
sostenible, entonces quizá alguien podría criticar que un decreto fuese
excesivamente socializante (que ni siquiera lo es) o que una sensibilidad
social exagerada del gobierno andaluz pusiera en peligro ese funcionamiento.
Pero lo que sucede es justamente lo contrario:
lo que se busca con este decreto es que la banca cumpla con su función
económica y social genuina y que sirva para que la economía funcione como un
sistema de satisfacción de las necesidades humanas y no como un cataclismo
constante en aras de beneficiar a una proporción ínfima de la población.
Yo sé que se trata de una expresión fuerte,
desacostumbrada y que hace que algunos me califiquen de radical o exagerado.
Pero es que creo firmemente que lo que sucede es que la banca, además de actuar de forma claramente anti social, anti
empresarial y anti económica, se ha convertido en una actividad criminal porque
atenta ya contra el bienestar, el patrimonio, la seguridad e incluso la vida
misma de millones de personas, de la inmensa mayoría de los seres humanos. Solo
eso puede explicar que se sienta amenazada por medidas como las que trata de
poner en marcha la Junta de Andalucía. Por tanto, lo que hay que corregir es la
naturaleza de su negocio, y no los intentos de paliar el daño que hacen los
banqueros.
Finalmente no quiero terminar este artículo
sin mencionar que el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse próximamente
sobre el decreto puesto que éste ha sido recurrido por el gobierno central.
Conociendo cómo se ha elegido a sus miembros y
cuáles son su militancia y servidumbres no tengo muchas dudas sobre el
veredicto. Quisiera equivocarme, pero me atrevería a aventurar que estamos a la
puerta de otro escándalo vergonzoso que supeditará la justicia y la voluntad
social a las imposiciones de los banqueros. Hay que esperar a su sentencia pero
si finalmente el Constitucional sacrifica el decreto, es decir, si supedita la
justicia social al beneficio bancario, tal y como ha pedido la Troika, no
quedarán más dudas de que la corrupción
se ha adueñado de todas las instituciones y es imposible convivir con este
régimen institucional y con el sistema financiero que tenemos, en manos de
auténticos irresponsables.
Juan Torres López, en 'publico.es'
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