Presencia de colectividades sociales en el gobierno de las empresas y organizaciones

DEMOCRACIA SIGLO XXI: La comunidad un poder separado

Se acepta la necesidad de la separación de los tres poderes políticos como fundamento de la democracia actual. Uno hace las leyes, otro gestiona la trayectoria política y acciona la maquinaria administrativa y un tercero vigila que ninguno de los otros dos se salga de la misión que le fue confiada. Es muy importante, para corregir las desviaciones en la misión de cualquier organización, la existencia de jueces externos, fundamentalmente, para rectificar la acción de la “ley de hierro de las oligarquías”, que enuncia que todas las organizaciones, sin excepción, tienden a ser desviadas de su misión por la oligarquía que inexorablemente acaba por controlarla, ejercer su poder y ponerla al servicio de sus intereses y de sus significaciones.

La desviación de una organización de su misión es, de acuerdo con Jorge Etkin en La doble moral de las organizaciones. Los sistemas perversos y la corrupción institucionalizada, la forma más generalizada y grave de corrupción en la sociedad actual. Restituir la organización (incluidas las administraciones de los Estados y de los organismos internacionales) al cumplimiento de su misión es como el “control de entropía” (rectificar la disipación, el desorden, las disfunciones) imprescindible para una organización y una sociedad sana. Claro que para eso es necesario también que la organización del poder judicial no esté desviada de su misión y controlada por su oligarquía.

Sin embargo, en los últimos 40 años se produjo una transformación de primera importancia en la dinámica de las sociedades que está convirtiendo este diseño de gobernanza de una sociedad democrática en una caricatura de su propósito.

Esta transformación consiste en la emergencia de una oligarquía global, esencialmente económico – financiera, densamente interrelacionada, con unos recursos formidables y con una cultura y construcción de significados bien potente, que se resuelve en una capacidad decisiva para imponer sus intereses y sus estrategias a todas las sociedades.

¿Choca esta oligarquía global con los intereses sociales y con los principios democráticos?

Estamos asistiendo a intentos de desposesión taimada de patrimonios y recursos sociales para privatizarlos y transferirlos a la riqueza privada de esas oligarquías; a intentos de descualificar las administraciones públicas para privarlas de la capacidad estratégica y decisional capaz de retar las decisiones oligárquico-globales; a protocolos en red para torcer y subordinar las administraciones públicas, con influencias indebidas sobre los funcionarios responsables o conseguidores, desde la atracción seductora a círculos relacionales diseñados por estas oligarquías hasta sobornos directos, pasando por todo un espectro de presiones a las que es muy difícil hurtarse incluso para el más probo funcionario o elegido.

También vemos negociaciones con los partidos políticos que aceptan en demasía:

-     Propuestas, financiaciones y presiones elaboradas por los terminales de estas oligarquías;

-     Formas de eludir, reducir y desviar la organización tributaria;

-     Organización y recurso a lobbies que acosan a las administraciones públicas;

-     Captura de significados, cultura, prensa y formas de comunicación que construyen discursos distorsionados y no-verdaderos, con recurso no infrecuente a la mentira;

-     Construcción de una red de entidades “no de lucro” que tienen por misión elaborar estrategias, discursos, narrativas y propuestas para decisiones gubernamentales, además de buscar ser rodeadas de círculos intelectuales, técnicos y de personas influyentes, red a la que Domhoff llamó documentadamente “red de planificación política” con la que la colectividad social no puede competir…

-     Y, destacadamente, las baterías de acciones destinadas a convertir en nada a los actores sociales con intereses y estrategias diferentes a las oligárquicas, destacadamente, claro está, la comunidad social.

El examen de los recursos y procedimientos empleados por la oligarquía global para conseguir que las administraciones públicas y los “tres poderes separados” de la democracia se sometan a sus intereses burlando las aspiraciones de la sociedad soberana no lo haremos ahora. Muchos de ellos son bien conocidos, aunque poco destacados en los actuales debates sociales.

Estamos viendo la lenta, progresiva y hasta ahora inexorable abducción de los poderes públicos por la oligarquía global, que va consiguiendo subordinar a su conveniencia los intereses de los colectivos sociales.

-       Destrucción de las Cajas de Ahorros —un patrimonio social colectivo que pasó a manos de la oligarquía global—; 

-       De viviendas directamente entregadas a la oligarquía con gran ruina colectiva, pero lucro privado;

-       De la sanidad pública, progresivamente entregada a los fondos y empresas transnacionales —con gran quebranto en los derechos a la salud, pero gran expansión de los segmentos de negocio de las empresas oligárquicas beneficiarias—; 

-       De las empresas públicas que pasaron a la oligarquía ibérica y global;

-       De la capacidad de organizar un acceso adecuado a la energía y un largo etc.

Estos lamentables resultados, que pueden ser aún peores, reclaman la presencia imperiosa de la sociedad, como titular del bien común y de los intereses colectivos, sobre todo el espectro de decisiones de los otros tres poderes como un actor separado y capaz de acción, sin la presencia del cual no podemos ya hablar de democracia en una sociedad moderna.

Cómo proponemos equilibrar 

El titular del patrimonio público y de las empresas y servicios públicos es la administración pública en las constituciones actuales. Hay también patrimonios colectivos, como la propiedad vecinal, servidumbres, montes comunales, ciertas corrientes de agua, ciertos derechos de acceso y explotación de franjas intermareales y pesca, las reservas de cooperativas, mutuas y asociaciones… Pero en la práctica las colectividades sociales tienen escasa capacidad jurídica de hablar, actuar y decidir en nombre propio, excepto que se lo permita la administración, si le conviene.

La colectividad social se presenta en asociaciones, colectivos que se movilizan para la acción colectiva o la eficacia de sus derechos y propiedades. De hecho, cuando las colectividades sociales se vieron expropiadas de su patrimonio con la aniquilación y posterior transferencia de las Cajas de Ahorros, por ejemplo, los depositantes individualmente sí reclamaron con mayor o menor eficacia sus depósitos. Pero la propiedad colectiva estafada no fue reclamada por nadie, a pesar de su importancia. Incluso en la propia orientación estratégica de las Cajas, antes de su destrozo no inocente, la colectividad en tanto que tal no estaba presente ni podía estarlo porque carecía de personalidad jurídica, de estructura y de forma organizativa o de personificación.

Nuestra idea consiste, en esencia, en que tenemos que proponer jurídica y legalmente que nuestro ordenamiento jurídico reconozca el patrimonio y la propiedad común, reconozca la persona común, es decir: la personificación comunitaria, y el gobierno del patrimonio común por los órganos de gobierno que emanen de la persona jurídica del común. Este reconocimiento de su personalidad presenta bastantes dificultades en este punto de partida, y podría incluso reconocerse una personalidad plural y multiforme, sea o no convergente en sus decisiones.

Ahora bien: me veo (nos vemos) muy verdes, muy tartamudos en esto. Nuestro punto de vista podría ser algo así como:

“Los servicios públicos no pueden ser totalmente confiados a las iniciativas de las administraciones públicas, pues no confiamos, fundadamente, en que no sean abducidas por intereses y presiones ajenas, y están funcionando desde hace 40 años por el sistema de presiones indebidas. Por lo tanto, la esfera de los servicios y el patrimonio común sólo puede ser preservado, poseído y gobernado por la comunidad”.

A esto hay que añadir que la presencia de los stakeholders o partes interesadas en los órganos de decisión estratégica de las empresas y organizaciones está siendo reclamado crecientemente, siguiendo las “modernas” tendencias de la responsabilidad social corporativa (RSC) y de las reformas en la gobernanza. Esto nos empuja más a reclamar la presencia de las colectividades sociales en los órganos de gobierno de las empresas y organizaciones, incluida la administración pública, para cuidar de que no se desvíen de su misión y que traten de armonizar y equilibrar sus decisiones con los intereses de las sociedades donde estas empresas moran o que se ven alteradas por su actividad y estrategia.

Ya en último lugar queremos hacer notar que la cogestión o co-determinación por la que optaron los países del norte de Europa, es decir, la presencia de los trabajadores de la empresa en su Junta de Vigilancia, significó un paso fundamental para la armonización y el equilibrio económico y social de las grandes y medianas empresas. Para nosotros, en este momento, nos parece fundamental ampliar esta cogestión / co-determinación a la colectividad social estructurada y con personalidad jurídica, e independiente de la Administración Pública que desde los años 80 se viene desmarcando del interés común para caer en los intereses de oligarquías económicas –globales y del país- así como en las oligarquías partidarias, que vienen abordando su labor de definir las estrategias políticas de forma crecientemente separada de la sociedad.

Iago Santos Castroviejo (Plataforma contra los fondos buitre)

https://www.elsaltodiario.com/autogestion/democracia-siglo-xxi-incorporar-comunidad-poder-separado