Tenemos,
en muchos sentidos, necesidad de abrir un proceso
constituyente.
Es decir: reflexionar y esbozar un proyecto de convivencia de
futuro, casi presente, y lo necesitamos imperiosamente. En ese
necesario proyecto me gustaría que todas pudiésemos hablar de
España y de Europa, como algo nuestro. Desde lo emocional. Desde el
sentimiento. Sólo si sentimos como nuestro el territorio que
pisamos, no por poseerlo, sino porque nos acoge, tendremos un
proyecto que valga la pena y que consideremos nuestro.
Ese
proyecto debe estar ligado al territorio, pero no entendido éste
como superficie y divisorias sino como continente del paisaje y de
las personas que lo habitan. Paisaje que, mientras perdura, es
testimonio de pasado y esperanza de futuro, y que debemos cuidar. Por
otro lado, las/os ciudadanas/os somos sujetos titulares de derechos
políticos a la vez que, como tales sujetos, estamos sometidos a las
leyes autonómicas, estatales y de instituciones supraestatales como
la Unión Europea, además de otros marcos normativos globales como
los tratados de libre comercio, limitadores de soberanía, sin duda.
Porque la soberanía tiene distintas escalas.
Prefiero
usar el término soberanía
ciudadana en
lugar de soberanía popular para evitar las connotaciones que tiene
el concepto pueblo en el contexto que estamos viviendo.
La
Soberanía ciudadana está menos delegada y es asequible cuando los
derechos y los deberes se concretan en un espacio próximo o local.
Es más fácil ejercer nuestra soberanía y sentir como nuestro lo
que conocemos en primera persona, lo que nos afecta y lo que afecta a
nuestros prójimos y vecinas. Por eso, el municipalismo es
una herramienta esencial y ese Contrato
Constituyente del
que hablo, debe incluirlo y protegerlo. Es imperativo potenciar y
hacer efectiva la soberanía a nivel municipal, asegurando la
representación y la participación de los vecinos (munícipes) para
evitar lo que se padece en la mayoría de ciudades grandes o
pequeñas, donde se limita la aplicación de políticas sociales
reclamadas, no teniendo en cuenta la opinión vecinal. Así que
la Constitución que
propongamos debe potenciar las herramientas de participación y
corresponsabilidad vecinales.
El
debate general sobre el encaje
territorial actual,
se completa considerando la Soberanía.
Una parte significativa de los ciudadanos catalanes reclama
independencia, porque quieren ser
soberanos y no depender de
autoridades superiores, especialmente del Estado Español, aunque
curiosamente, si manifiestan aceptación del marco normativo europeo
que, objetivamente, en la actualidad, controla muchos aspectos,
especialmente de índole
económica,
que les limita su plena Soberanía. Todos los Estados de la UE, en
mayor o menor grado y a pesar de que la soberanía que prima todavía
es la soberanía nacional, han cedido una parte de ella a esta
Institución que, lamentablemente, todavía carece de un parlamento
que haya alcanzado la mayoría de edad. Recordad que como europeos no
tenemos aún una constitución.
No
somos ni parcialmente soberanos, a
pesar de contar con instituciones de gobierno autonómicas y una
administración descentralizada. Desde un punto de vista económico
nos ha tocado jugar el papel en que, el dinero que generamos es el
resultado de vender y estropear los recursos de los que disponemos,
hipotecando nuestro futuro y el de nuestras/os hijas/os. En este
sentido está justificado decir que somos una tierra sin soberanía y
que en el contexto socioeconómico global nuestra situación
territorial es la de colonia del siglo XXI (colonizadas por el poder
financiero, así, en abstracto). Y asumo que los ciudadanos, somos
poco conscientes de ello.
No
se trata de un “España
nos roba”,
ni de pelearnos por balanzas fiscales desiguales, tampoco de si somos
una nación o no, se trata de que el Contrato
Constituyente que
hagamos, defina los mecanismos y formas de gobierno territoriales que
permitan y aseguren a la ciudadanía unos mínimos para disfrutar de
vida digna en libertad y ejerciendo la solidaridad. Asegurar el
disfrute efectivo de derechos como la educación, la sanidad, el
techo, acceso a la energía, al agua y a alimentación sana, el
cuidado de los mayores y los refugiados entre otros.
Esto
significa concretar en el marco constituyente otras soberanías más
específicas, como la alimentaria o la energética. Algunos de estos
derechos se pueden concretar desde el ámbito municipal, pero otros
encuentran mejor encaje en estructuras de gestión de nivel
autonómico, federal o confederal, según sea la forma que resulte
del proceso constituyente. Más importante que la forma final que se
proponga de encaje territorial, es asegurar los derechos y el
bienestar de las personas allí donde vivan, es decir facilitar que
sean soberanas.
De
nuestro propio pasado reciente y el de estados como Portugal y,
especialmente, Grecia ha quedado claro que, en una
Europa sin constitución y con un parlamento limitado,
la soberanía ha estado en manos del poder económico y que los
Estados se han plegado a él, supeditando los derechos de la
ciudadanía a dar «prioridad absoluta» al pago de la deuda, algo
que lamentablemente se incluyó en la constitución vigente, sin
preguntar a los depositarios directos de la soberanía que somos los
ciudadanos.
Así
que en los binomios Soberanía Ciudadana/Soberanía Económica y
Soberanía Nacional/Soberanía Económica la balanza está, sin duda,
del lado de la Soberanía Económica que ejerce con mano de hierro el
poder económico de las élites mundiales y no los ciudadanos.
La globalización ha potenciado aún más este hecho y los tratados
internacionales de comercio lo están normalizando. Hay un Gobierno
Global Soberano sin rostro, nada representativo, que ostenta cada vez
más poder y resta soberanía. El hecho de que la riqueza a
nivel mundial se acumule cada vez en menos manos es la manifestación
clara de este hecho.
Y
lo que estamos viviendo es que tanto la UE, como el Reino de España,
están más a favor de que todo siga igual que de plantar cara a esta
situación profundamente injusta. Hay pues que levantar un muro de
contención que frene y dé respuesta a esta globalización económica
injusta. Globalización que permite intercambios financieros y
comerciales sin límites de fronteras, pero que impide los
movimientos de las personas y deja que se mueran los pobres y los que
huyen de situaciones dramáticas, conflictos bélicos, gobiernos
injustos o escasez de recursos básicos.
Hay
que romper el paradigma de que el crecimiento económico permanente
sea condición necesaria e incuestionable para el gobierno y la
economía. No se puede crecer ilimitadamente en un planeta finito del
que ya hemos extraído y consumido bienes, que nunca más volverán a
estar disponibles. No podemos seguir
extrayendo soberanamente recursos
finitos para impulsar la economía asumiendo que es la única manera
de generar empleo. La Economía debe estar supeditada a los derechos
de los ciudadanos que viven hoy, a los que están por llegar y a los
límites planetarios.
No
estaría de más que nuestra nueva constitución (la que propongo que
se debata) y los tratados europeos que vengan, incluyeran algunos
aspectos que facilitaran una transición ordenada hacia un modelo
de economía
estacionaria donde
impere sobre todo el bien común.
En
conclusión, hay que recuperar la soberanía económica para los
ciudadanos. Supeditando la economía a dar respuesta a la crisis
social y ambiental que enfrentamos. ¿Cómo? Incluyendo en el nuevo
marco constituyente, que no se antepongan los intereses comerciales y
financieros a los derechos de las personas. Un Anti
135,
dicho sin rodeos. Para conseguir objetivos de este tipo se requiere
que el marco constituyente también se dé a nivel europeo, no solo
estatal. Al menos, un nuevo tratado que complete el poder del
parlamento, y con un núcleo de países que realmente crean en esa
Europa con identidad ciudadana y no sólo de los mercados.
Resumiendo,
planteo un marco constituyente que potencie la soberanía a distintos
niveles, desde lo más local hasta lo europeo, acercándola lo más
posible a las personas. Un marco enfocado al aseguramiento de los
derechos de todos los ciudadanos/as y la preservación de los
recursos naturales de los que dependemos, por encima de los intereses
comerciales y financieros. Es decir, blindar los derechos y potenciar
las Soberanías Alimentaria y Energética.
Prefiero
que sea una constitución de los ciudadanos españoles a una
constitución del pueblo español y evitar, en alguna medida, el
componente identitario, que supone para algunos el uso de la palabra
pueblo y el choque de soberanías que puede suponer. Sería más un
marco de gestión, que un marco identitario con componente
territorial, que también existe y al que hay que dar respuesta.
Este
componente identitario-territorial y los derechos que implica deben
ser reconocidos y explicitados, incluyendo un desarrollo que permita
la expresión en libertad de los intereses identitarios por parte de
la ciudadanía que viva en cada territorio, pero no debe ser el
principal objetivo del nuevo marco constituyente. Aunque sea un
problema muy importante a resolver.
Lo
relevante será generar un proceso constituyente que permita
construir una realidad que trascienda el actual marco socio-económico
neoliberal, depredador de recursos que es insostenible ambientalmente
y está en la base de la injusticia e inequidad que padecemos y que
no para de crecer. Este marco también debiera definir la Europa que
deseamos, una Europa por y para las/os ciudadanas/os.
La
presente crisis europea con el Brexit, las demandas independentistas
de Escocia, Cataluña y norte de Italia, así como las tensiones que
generan los países del Este de la UE debe ser la oportunidad para
poder decidir si queremos seguir construyendo una Europa de las
personas, o vamos a dejar que sea la Europa de los bancos y de los
mercados.
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