EL
DERECHO A VIVIR EN NUESTROS PUEBLOS
En
nuestro XX Congreso del PCE, realizábamos un análisis de la
situación actual, para poder intervenir en la misma y manifestábamos
lo siguiente “El
ecosistema terrestre, en el que tenemos nuestro hábitat y forma de
vida y que a lo largo de la historia nos ha mantenido, esta
amenazado por la sobreexplotación de los recursos naturales y por el
exceso de vertido de contaminantes a la tierra, al aire y al agua.
Esta crisis ecológica nos plantea un gran reto en todos los ámbitos,
pues se une a la brecha, cada vez más grande entre países ricos y
países pobres, entre primer y tercer mundo, entre regiones
favorecidas y regiones abandonadas, entre centro y periferia, entre
capital y trabajo”.
El
desequilibrio brutal, entre la calidad y condiciones de vida
actualmente existente entre el medio rural y el urbano, esta
íntimamente ligado al modelo de producción impuesto en el reino de
España, al sometimiento a los mercados por parte de los diferentes
gobiernos que se han alternado en el estado, y a una visión alejada
de la realidad de las necesidades presentes y futuras de las personas
que no viven en las grandes urbes.
Desde
el año 1987 y a instancias de la Comisión Europea para lograr una
presunta competitividad de nuestro campo, palabra usada para
justificar expolios continuados en la renta de nuestros
agricultores y agricultoras, se impulsaron una serie de medidas para
que ese 20% de la población española que estaba trabajando de forma
activa en el sector ganadero y agrícola, no sobrepasara el 14%.
Fueron
los años donde se impulsaron iniciativas con un único objetivo,
lograr que esa población emigraran a las ciudades una generación
entera de jóvenes que veían como el poder seguir trabajando en sus
pueblos, resultaba inviable Fueron los años donde se pagaba
con dinero público del Estado y de Europa, el arrancar olivos,
dejar de producir leche, o arrancar viñedos. En vez de realizar
políticas públicas para potenciar el mantenimiento de las pequeñas
explotaciones agropecuarias que habían pasado de generación en
generación , se potencio el modelo que se impuso por los mercados
europeos, con la complicidad, salvo honrosas excepciones de la
mayoría de fuerzas políticas que veían esas ayudas millonarias
como el mana en el desierto. Craso error.
El
desmantelamiento de los servicios públicos durante este periodo, fue
directamente proporcional a la disminución y envejecimiento de la
población, con el cierre parcial o total de consultorios
médicos, escuelas, estafetas de correos y bancos, o estaciones de
ferrocarril. Una lógica perversa que solo la visión economicista de
los Servicios Públicos, podía justificar.
Era
la tormenta perfecta para conseguir que las generaciones más jóvenes
tuvieran que emigrar y así satisfacer las necesidades de mano de
obra de los centros industriales que resistían el proceso que
también se estaba produciendo en diferentes regiones españolas con
la reconversión industrial. Un ejercito de mano de obra joven, para
poder seguir construyendo el modelo económico español que la Europa
del capital necesitaba.
El
gravísimo problema que esta forma de intervencionismo , no en pro de
un modelo sostenible, sino en la conquista de un modelo agrícola y
ganadero al servicio de los intereses de los mercados europeos, se
prolongo hasta finales de siglo, y si se decidió revisar estas
políticas destructoras de la vida en el mundo rural con mas del 90%
del suelo, fue para imponer un modelo basado en grandes productores
terratenientes y corporaciones transnacionales que a través de
un complejo entramado controlaran el sector primario y con ello se
garantizaran el control sobre uno de los pilares básicos para
facilitar la justicia social,
la soberanía alimentaria de los pueblos.
El
abandono del mundo rural por parte de las administraciones públicas,
de una manera consciente y deliberada, ha supuesto que la mitad de
los municipios españoles se encuentren actualmente en riesgo de
extinción, tal y como recoge el estudio de la FEMP,(Población
y despoblación en España 2016),” la mitad de todos los municipios
españoles se encuentran ya en riesgo de extinción; en 14 provincias
españolas más del 80% de todos sus municipios no pasan de 1000
habitantes, en apenas década y media, 358 municipios han pasado a
engrosar la lista de localidades que no superan los 100 empadronados,
siendo 1286 municipios en esta situación, y que durante el 2016, 36
provincias han perdido población por una dinámica de regresión
demográfica que sigue cebándose mayoritariamente en las áreas
rurales.”
Este
modelo agrícola y ganadero basado en la competitividad económica,
frente a la cooperación armónica entre el medioambiente y las
personas, es la misma confrontación histórica entre el modelo de
explotación capitalista de los recursos naturales y la
soberanía alimentaria de los pueblos. Los resultados más inmediatos
son fácilmente reconocibles, una concentración de la riqueza en
pocas manos, el abandono de explotaciones familiares agrícolas y de
ganadería extensiva, ante el derrumbe de los precios impulsado por
los intermediarios para mantener su margen de beneficio, y unos
pueblos envejecidos, mal comunicados y con unos servicios públicos
degradados en grado superlativo. Una de las medidas que han influido
de forma muy importante, ha sido la Política Agraria Común, pero
eso será motivo de otro análisis en profundidad.
Esta
breve radiografía de la realidad, no nos debe llevar al desanimo,
sino todo lo contrario. Es el momento de impulsar un modelo de
desarrollo en nuestros pueblos, que garantice la igualdad de derechos
al mismo nivel que los habitantes de las urbes. Existen medidas a
tomar a diferentes niveles, aunque para nosotros,
la posibilidad de que en una economía capitalista, con leyes y
normas elaboradas y preparadas por los poderes económicos y
sancionados por los parlamentos de los diferentes países
formalmente, es imposible, tenemos la obligación de impulsar medidas
que garanticen la supervivencia de nuestros ecosistemas, en los
cuales la raza humana es uno más de sus moradores. Ni más ni menos.
Raul
Ariza
Comité Regional PCE Aragon. Coordinador Área Protección Animal IU Aragon
Comité Regional PCE Aragon. Coordinador Área Protección Animal IU Aragon
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