LOS ALIMENTOS NO SON
MERCANCÍA
Si bien desde hace décadas, en instancias internacionales, los gobiernos han asumido compromisos para lograr un planeta que garantice una alimentación digna para todos y todas, el hambre perdura como un asunto crítico irresuelto. En 1974, la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Alimentación, precisamente, estableció como objetivo: “dentro de una década ningún niño se irá a dormir con hambre… ningún ser humano se verá afectado por la desnutrición”.
Hoy, alrededor de 795 millones de
personas padecen hambre en el mundo. Más de 34 millones son de América
Latina y el Caribe, región que produce y exporta más alimentos en el planeta,
pero también donde hay mayor desigualdad e injusta distribución de la riqueza.
Según declaraciones de José Graziano da Silva, Director General de la FAO, en
la XXXIV Conferencia Regional de este organismo, realizada en México del 29
febrero al 3 marzo de 2016, se acordó “acabar con el hambre y la malnutrición
en menos de diez años”.
Buenos propósitos, magros
resultados. ¿Por qué? Por insistir en soluciones erradas, pero que
benefician con creces a los grandes intereses que se mueven en este campo sobre
la base, entre otros, de dos mitos: la escasez y el incremento de la producción
y la eficiencia. La realidad es que no hay falta de alimentos, pues el
sector campesino está en capacidad de producir alimentos para todo el mundo,
pero sí abundantes intereses mercantiles en la alimentación que se traduce en
una distribución inequitativa.
En los años ’60, como “solución” se
impulsa la llamada revolución verde de la agricultura que con el tiempo terminó
por establecer un reparto cada vez más injusto, la pérdida de diversidad
biológica y de suelos fértiles, y una creciente dependencia alimentaria
supeditada al agronegocio. Y, hoy, como relevo, se pretende dar
continuidad a lo mismo a partir de una nueva revolución tecnológica: la
biotecnología asociada a la ingeniería genética, impulsada por un puñado de
corporaciones que busca el control monopólico del sistema alimentario global.
De hecho, desde la década de los ’90
asistimos a una nueva fase del capitalismo hegemonizada por el capital
financiero y las corporaciones transnacionales[1], que pasan a controlar la
producción y el comercio mundial de las principales mercancías. Situación
que repercute en cambios estructurales en la producción agrícola, debido al
despliegue de un nuevo modo de producir basado en el monocultivo, con el uso
extensivo de la tierra y la búsqueda de la mayor escala posible, el empleo
intensivo de agrotóxicos y de la mecanización, y la imposición de semillas
propietarias y transgénicas.
En esta nueva fase, se va diluyendo
la distinción entre banca y empresas comerciales de materias primas, al tiempo
que los bienes comunes –como la tierra, el agua, la energía, los minerales,
etc.- se tornan en meras mercancías. Y es así que la presencia de actores
financieros en el sistema alimentario global ha dado pábulo para que se monte
la manipulación especulativa del mercado de alimentos, porque ahora éstos se
transan en las bolsas de valores internacionales. ¿Se acuerdan de la crisis
alimentaria que explotó en 2008?
Una alternativa político-estratégica
Reivindicando el principio que la
alimentación es un derecho humano y no una mercancía más, el movimiento
internacional Vía Campesina propone la noción de la soberanía
alimentaria como alternativa político-estratégica al agronegocio
y su matriz socialmente injusta; económicamente inviable; subordinada a grandes corporaciones (cuyo propósito es el incremento de
sus ganancias), insustentable para el medio ambiente; y con una producción de
alimentos con graves consecuencias para la salud[2].
Esta propuesta aborda cuestiones
estructurales para impulsar un modelo de producción alternativo, como el uso de
la tierra y el territorio, la apropiación y gestión de los recursos, la
agroecología, el comercio local e internacional, el desarrollo sostenible, la
acción participativa, derecho a la alimentación, etc.
Específicamente, para la Vía
Campesina, la soberanía alimentaria es el derecho de la población a producir y
consumir comida saludable y culturalmente adecuada, obtenida con métodos
ecológicamente sostenibles; lo que solo es posible si se fortalece la
agricultura campesina y sus sistemas de producción. En tal sentido,
abarca y supera el concepto de seguridad alimentaria planteada por la FAO –que
hace referencia sólo a la disponibilidad y acceso a los alimentos para combatir
el hambre– y el derecho a la alimentación.
Es decir, no se trata únicamente de
producir una cantidad de alimentos que permita dar de comer al conjunto de la
población, tal como se define la seguridad alimentaria, sino también de
contemplar la calidad de esa producción, es decir, definir qué, dónde, cómo y
cuánto se produce, que son las preguntas que hay que responder a través de la
construcción de la soberanía alimentaria.
Por lo mismo, la soberanía
alimentaria incorpora el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas
y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos
que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en
la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la
diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción
agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los
cuales la mujer desempeña un papel fundamental.
Integra, igualmente, componentes
multiétnicos y culturales, la gestión del territorio, la prioridad a la
alimentación de la población local y de los sectores más vulnerables, la
reforma agraria, la agroecología, comida sana, la protección de las semillas criollas, políticas de distribución de
alimentos no sometidas a las exigencias del mercado, rescate de saberes
tradicionales, capacitación, y mucho más.
Principios clave
La soberanía alimentaria, en
síntesis[3], se expresa en los siguientes principios:
• Los alimentos no son mercancía;
deben ser suficientes, nutritivos y culturalmente adecuados para los pueblos y
las comunidades.
• Los/as productores/as de alimentos,
mujeres, hombres, pequeños agricultores, pueblos indígenas, pescadores
artesanales, habitantes de los bosques y trabajadores/as agrícolas, deben ser
revalorizados/ as por ser actores y actrices claves para su construcción; no
deben ser subestimados por políticas ni programas que los/as colocan sólo como
destinatarios/as de políticas asistencialistas.
• Quienes producen y consumen alimentos
deben ser el centro de la toma de decisiones sobre las cuestiones alimentarias,
rechazando los acuerdos y prácticas que otorgan poder a las corporaciones
transnacionales para decidir sobre nuestra alimentación.
• La producción de los alimentos debe
ser localizada para evitar enormes desplazamientos hasta llegar a los/as
consumidores/as y el control del sistema alimentario debe ser local. Los/as
productores/ as y la propia comunidad tienen que tener el control sobre el
territorio, las semillas y demás bienes comunes, con el propósito de evitar su
privatización y preservar la biodiversidad
• La soberanía alimentaria recupera
las habilidades y los conocimientos tradicionales del campesinado y las
comunidades indígenas, favoreciendo su transmisión a las generaciones futuras.
• El sistema alimentario debe
interactuar con la naturaleza, respetando sus ciclos, para lo cual son
necesarios métodos de producción agroecológica que maximizan las funciones
beneficiosas de los ecosistemas. Esta característica implica un claro rechazo a
los monocultivos, las explotaciones ganaderas de factoría y la
industrialización a gran escala.
Las organizaciones del campo
identifican, a la vez, diversos factores que limitan el avance en la práctica
de este modelo alternativo. Éstos incluyen, entre otros, las distancias
entre producción y consumo, en las ciudades, junto a la cultura consumista
centrada en los centros comerciales y los supermercados. Además, los
sectores sociales urbanos de bajos ingresos no siempre están en posibilidad de
permitirse pensar en una buena alimentación, cuando lo primordial es llenar el
estómago, y al menor costo.
Mientras las experiencias de
construcción de la soberanía alimentaria han avanzado principalmente en
comunidades locales u organizaciones sociales, en la mayoría de casos aún no se
han desarrollado suficientes estrategias específicas, instrumentos jurídicos ni
infraestructura que permitan pensarla a niveles geográficos más amplios,
provinciales o nacionales.
Por ello, la soberanía alimentaria implica
considerar a la alimentación no como una cuestión personal y dependiente del
poder adquisitivo, sino como un sistema alimentario que implica un proceso
complejo que abarca la producción, el transporte, la comercialización, el
consumo, las políticas económicas, sociales y científicas y las acciones de los
movimientos sociales y de consumidores, que hacen que el alimento sea
considerado un derecho.
Desde hace más de dos décadas, la Vía
Campesina y otras entidades aliadas han venido desarrollando este concepto
desde la teoría y la práctica, a nivel mundial, proceso que se ha plasmado en
una serie de planteamientos y posiciones de consenso que se han venido afinando
y que se ve reflejado en los acuerdos sucesivos de una serie de eventos
internacionales.
Un logro importante en el escenario
internacional es que se ha colocado el tema de la soberanía alimentaria en las
Naciones Unidas e incluso en las constituciones y políticas públicas de algunos
países. Sin embargo, como suele suceder en tales casos, el sentido mismo
del término “soberanía alimentaria” está en disputa, en vista de que las
instituciones que lo adoptan luego pueden tratar de vaciar el contenido
político, como está sucediendo en la FAO, cuando se lo pretende equiparar al
concepto de agricultura familiar.
– Texto introductorio de la edición
de abril 2016 de la revista América Latina en Movimiento (No. 512) de ALAI,
titulada “Por los caminos de la soberanía alimentaria” http://www.alainet.org/es/revistas/512
Notas:
[1] João Pedro
Stedile y Osvaldo León, Reforma Agraria Popular: “Una alternativa al modelo del
capital”, En el año de la agricultura familiar: Políticas y alternativas en el
agro, Revista América Latina en Movimiento Nº 496, ALAI, junio 2014.
[2] Basta constatar
las cifras de la población afectada por la desnutrición, por un lado, y las
referidas a quienes crecientemente padecen obesidad, por otro; y bien se puede
añadir también las que dan cuenta del desperdicio de alimentos. Según la
FAO, con los alimentos que se pierden en la región se podría alimentar al 37%
de quienes sufren hambre.
[3] Patricia Agosto
y Marielle PalauHacia la construcción de la Soberanía Alimentaria. Desafíos y
experiencias de Paraguay y Argentina, Asunción, BASE-IS, Equipo de Educación
Popular Pañuelos en Rebeldía, CIFMSL, diciembre 2015.
Ecoportal.net
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