TTIP : CARTA BLANCA PARA PRIVATIZAR
AGUA, SANIDAD O EDUCACIÓN
Un nuevo estudio del CEO advierte del peligro que supone el tratado comercial UE-EEUU para la “capacidad reguladora de los gobiernos” y para los derechos de los ciudadanos de acceder a servicios públicos. Hasta Hollywood presiona para incidir en la alianza.
No hay nada de qué preocuparse, pueden estar
tranquilos; pero no, no vamos a enseñar las cartas para no comprometer la
negociación. Este es el mensaje que Bruselas repite una y otra
vez ante las preguntas sobre el TTIP, el polémico tratado de libre comercio que
la UE y EEUU negocian con opacidad desde mediados de 2013. Es el argumento que
reutilizan en bucle, incluso cuando la luz baña una pequeña parte del acuerdo y
desata nuevas críticas.
El Observatorio Corporativo Europeo (CEO) ha
publicado este lunes un nuevo informe sobre el Transatlantic Trade and
Investment Partnership (TTIP) que denuncia la “confabulación secreta” entre las
multinacionales y los negociadores de la Comisión, y alerta del peligro
concreto que corren los servicios públicos si finalmente llega a ratificarse el
acuerdo.
El CEO cree que están “bajo la amenaza” de estas
negociaciones comerciales, que el tratado pone en peligro la capacidad
reguladora de los gobiernos, e incluso “los derechos de los ciudadanos de
acceder a servicios públicos como el agua, la salud o la energía, en aras de
los beneficios corporativos”.
“La agenda de los lobbies corporativos es agresiva,
y hay riesgo de que el TTIP sirva para impulsar privatizaciones”, asegura a
Público Pia Eberhart, portavoz del CEO. A su juicio, esta alianza no sólo
supondría dar nuevas cartas a las multinacionales, sino que los países europeos
que plantean remunicipalizar servicios de agua o energía podrían ver sus manos
atadas para acometer estas reformas.
Según el estudio Los servicios
públicos bajo ataque, el
TTIP y el CETA ( acuerdo UE-Canadá) podrían, “en el peor de los escenarios”,
“bloquear los servicios públicos llevándolos a una comercialización de la que
no podrán ser recuperados, sin importar cuán perjudicial resulte esto para el
bien común”.
Entre estos servicios públicos se encontraría
también la educación ya que, como recuerda Eberhart, la Comisión ha pedido
“flexibilidad a los 28” para que puedan “abrir la educación a los mercados”,
algo que tampoco ha gustado a los cientos de organizaciones críticas con el
acuerdo.
El informe es claro al respecto: TTIP y CETA pueden
ser utilizados para limitar las capacidades gubernamentales de producir,
distribuir o incentivar determinados tipos de energía, como las renovables, y
la oferta de servicios en el CETA recoge que al menos 11 estados, entre ellos
España y Alemania, ponen sobre la mesa de privatizaciones los servicios
hospitalarios.
Pero Bruselas no admite que haya peligro, no
reconoce riesgos: “En ningún momento las actuales negociaciones
comerciales con EEUU (TTIP) pondrán en peligro los servicios públicos ni
supondrán su privatización”, asegura la web de la Comisión al
respecto. La trampa está en que TTIP y CETA no necesariamente supondrán una
privatización forzosa, sino que abrirán la puerta a que estas privatizaciones
tengan lugar.
Y uno de los elementos clave para lograrlo es la
lista negativa: una enumeración de los servicios que no podrán ser privatizados.
“Lo que quede fuera, será susceptible de serlo”, explica Eberhart.
La lista negativa es ya una realidad en el CETA, y
la portavoz del CEO denuncia que la Comisión maniobra para que también lo sea
en el TTIP, en el que de momento trabajan con una suerte de “lista mixta”. En
esta línea, Eberhart reconoce que los gobiernos tendrán cierta capacidad de
decisión, pero que todo aquello que no figure en esta lista, incluidos nuevos
servicios o modelos de servicios, quedará al alcance de las empresas. “Es muy
difícil meterlos todos”. “Incluso si un Gobierno quiere proteger el sector
público, hay peligro”, apunta.
El anzuelo del nuevo ISDS
La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström,
presentó al inicio de septiembre una remodelación del
mecanismo de protección de inversiones o ISDS (Investor State Dispute
Settlement). En la práctica, la nueva herramienta de blindaje de las
multinacionales frente a los estados, denominada ICS (Investor Court System)
recurre a un pool de árbitros con formación de jueces, que sin embargo toman
sus decisiones en función de lo establecido en el TTIP.
Sólo las empresas pueden demandar a los estados, y
tienen la facultad de hacerlo siempre que consideren perjudicadas sus ganancias
o sus expectativas de beneficio como consecuencia de los cambios normativos que
determinen los estados.
El rechazo al ISDS de un 97% de los 150.000 europeos
que participaron en una consulta pública al respecto o el portazo de varios
partidos políticos llevó a Malmström a presentar esta reforma -que debería ser
aceptada por EEUU, y a priori no parece contar con muchas posibilidades-, pero
Eberhart aclara que en cualquier caso las multinacionales tendrán las de ganar.
“La demanda será la misma. Aunque sea tratado de
otra forma, el proceso es el mismo, el riesgo es el mismo, y los derechos de
los demandantes, iguales”, zanja.
Y, aunque no estuviera en lo cierto, la ratificación
del CETA permitirá a las multinacionales estadounidenses con filiales en Canadá
que demanden a los estados europeos. “Todas las que tengan sedes en Canadá
podrán acogerse a esta opción”, apostilla la portavoz del CEO.
También Hollywood presiona
Inicialmente los servicios audiovisuales debían
quedar fuera del acuerdo, pero Hollywood sigue jugando sus cartas para
cambiarlo. El informe alerta de cómo el gobierno de EEUU y la Motion Picture Association
of America (la Asociación de Productores y Distribuidores Cinematográficos de
América), presionan para acabar con las cuotas de pantalla europeas, así como
otras medidas destinadas a proteger las industrias locales en países como
España, Italia, Polonia y, muy especialmente, en Francia, particularmente fiera
a la hora de defender su producción cinematográfica ante la apisonadora de la
industria norteamericana.
Sin embargo, la cultura o los servicios públicos
serían sólo algunas de las patas a las que afectarían dos acuerdos que van
mucho más allá del comercio y de la inversión, ya que también podrían tener
efectos sobre las normativas de seguridad, las barreras ambientales, las
regulaciones sobre productos químicos… y un largo etcétera.
Ambas alianzas se encuentran hoy en fases muy
distintas: mientras el CETA está listo para ser ratificado en 2016, Washington
y Bruselas aún están negociando el TTIP, y EEUU comienza a mostrar su
decreciente interés por el acuerdo. La firma de un tratado con una docena de
países de Asia, Oceanía y Sudamérica (TPP) era un objetivo prioritario para
Washington, que tampoco ha visto con buenos ojos la reciente
sentencia sobre protección de datos dictada por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea.
El informe de 46 páginas, firmado por el
investigador en políticas económicas, desarrollo y medio ambiente Thomas Fritz,
y avalado por varias organizaciones además del CEO, señala que aunque ambos
tratados son aparentemente independientes, en ambos se pueden encontrar
“huellas claras” de la influencia de los mismos lobbies corporativos, entre
ellos la poderosa patronal europea, Business Europe, o el Fórum de Servicios
Europeo, donde se encuadran compañías como British Telecommunications o
Deutsche Bank.
El hecho de que el 83% de las reuniones -oficiales-
de la Comisión hayan tenido como interlocutores a las multinacionales, los
emails filtrados en los que Bruselas les pide “sugerencias” y aportaciones con
respecto al TTIP a las multinacionales, o las declaraciones públicas de estas
empresas, permiten al CEO afirmar que la relación de Bruselas con los lobbies
es bidireccional, y que la Comisión les “estimula de forma activa” para que participen
en la redacción del acuerdo.
La oposición al TTIP, CETA o al TiSA (Trade in
Services Agreement) sigue creciendo. Este sábado, entre 150.000 y 250.000 personas salieron a las
calles de Berlín para clamar contra el Acuerdo Transatlántico, y
esta misma semana Bruselas acogerá la llegada de las Euromarchas. Denuncian la
desigualdad existente en una Unión incapaz siquiera de acoger a los refugiados
que llaman a sus puertas huyendo de la guerra, contra el excesivo peso de los
mercados financieros en las vidas de todos los europeos…
Pero también claman contra la firma de acuerdos como
el TTIP, que consideran un arma de los poderes económicos y políticos para
blindar aún más a las grandes multinacionales, en detrimento de las soberanías
nacionales, los derechos de los trabajadores y los estándares de seguridad y de
protección del medio ambiente.
Por ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
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