CATALUNYA PUEDE ACABAR CON LOS
DESAHUCIOS
El Parlament previsiblemente aprobará a
finales de mes la ILP de Vivienda planteada por la PAH, pero las
administraciones catalanas ya tienen varias herramientas para hacer frente al
drama de la vivienda
La medida más polémica de la ILP es la
que defiende el alquiler forzoso de los pisos que pierdan las familias que no
puedan pagar la hipoteca, para que no se queden en la calle sino que puedan
seguir viviendo en régimen de alquiler social
"Avui es
pot" ("hoy se puede"). Este ha sido el lema de la campaña que ha
llevado al Parlament catalán la ILP sobre medidas urgentes para hacer frente a
la emergencia de vivienda y pobreza energética, que previsiblemente se aprobará
el próximo día 24 de julio, aunque el grupo parlamentario de CiU cuestiona algunas de sus
medidas. Como
explicaron ante el pleno sus impulsores –la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC– una vez el PP bloqueó con
su mayoría absoluta la ILP de la PAH a nivel estatal, sólo les quedaba buscar
respuestas a nivel autonómico para hacer frente a estas problemáticas. La
conclusión a la que llegaron fue que Catalunya tiene suficiente competencia
como para hacerles frente, y confían en que abra camino a otras legislaciones
autonómicas.
La verdad es que
muchas voces defienden que Catalunya no sólo tiene las competencias, sino que
también tiene la legislación que le permite actuar. "Hay mucho
instrumental, pero hay poca voluntad política de utilizarlo", apunta Carme
Trilla, secretaria de Vivienda de la Generalitat durante el gobierno del
Tripartit. El equipo de Trilla impulsó la Llei
del Dret a l'Habitatge de Catalunya(LDHC), que después de tres años de
negociaciones se aprobó a finales de 2007, "quince días antes de que
estallara la burbuja", recuerda. "Hicimos la Ley del Derecho a la
Vivienda poniendo todo el instrumental que veíamos en los países de nuestro
entorno para evitar la exclusión de una parte de la población al derecho a la
vivienda", explica la ex secretaria de vivienda, ahora en la Taula del
Tercer Sector.
El Observatorio
DESC, en el reciente informe Emergencia
Habitacional en Catalunya, considera que esta ley, aún vigente en la
mayoría de sus medidas, "fue una norma innovadora en muchos
aspectos". Apunta, sin embargo, que "hay preceptos que a pesar de ser
vigentes no han sido desarrollados". Muchos de ellos no se aplicaron ni
por parte del Tripartit ni por el gobierno de CiU, que la recortó nada más
llegar a la Generalitat con el apoyo del PP en la llamada ley Ómnibus.
La medida más
polémica fue la del alquiler forzoso de viviendas en situación de desocupación
permanente, a través de una expropiación temporal del usufructo. Ahora la ILP
de Vivienda quiere recuperar la medida para las familias que pierdan sus casas,
para garantizar así que se puedan quedar en ellas en un régimen de alquiler
social y no sean desahuciadas. "Cuando entró Convergencia retiraron esta
medida inmediatamente, cuando les hubiera ido de perlas para poder negociar con
los bancos", apunta Trilla. El jueves, ante las críticas del diputado de
ICV-EUiA Salvador Milà, que reivindicaba la medida, desde la bancada
convergente le respondieron que cuando llegaron a la Generalitat el gobierno
anterior no había iniciado ningún expediente de expropiación de usufructo.
El fantasma de la impugnación
En el pleno del
jueves, tanto el conseller de Territorio Santi Vila como la diputada
convergente Meritxell Roigé, hicieron planear sobre la ILP el fantasma de una
posible impugnación del Tribunal Constitucional, por lo defendieron reducir
algunas de las medidas propuestas. El diputado socialista Jordi Terrades
recordó al consejero que la LDHC "era constitucional y permitía la
expropiación de usufructo". De hecho, ante las fuertes críticas de la
oposición, un informe del Consejo de Garantías Estatutarias consideró que la
norma era constitucional y estatutaria, y que no suponía una afectación
desproporcionada del derecho a la propiedad.
El argumento de
los convergentes, sin embargo, hacía referencia a la legislación andaluza sobre
la función social de la vivienda, aprobada por el anterior gobierno de PSOE e
IU e impugnada por el gobierno del Estado ante el Tribunal
Constitucional. Esta
ley declaraba, de manera similar a lo que propone la ILP catalana, el alquiler
forzoso de la vivienda durante tres años en régimen de alquiler social cuando
se tratara de desahucios de familias vulnerables. En una entrevista el pasado abril en Catalunya Plural el secretario de vivienda catalán
Carles Sala enfatizaba la distancia entre la legislación andaluza y la LDHC que
había recortado su partido en Catalunya: "Aquí de lo que se hablaba era de
una declaración de alquiler forzoso de carácter universal para todos los pisos
que estuvieran vacíos, en cambio lo que declaraba Andalucía era un alquiler
forzoso de pisos que estaban ocupados, para evitar el desahucio".
A pesar de la
postura del ejecutivo, Carlos Macías, portavoz de la PAH, declaró el jueves que
no teme una impugnación de la propuesta de ley que han hecho llegar al
Parlamento y explicó que están negociando con los convergentes otras
posibilidades de redactado que conserven el espíritu de la propuesta: que
ninguna familia se quede en la calle tras ser desahuciada.
Sanciones a los pisos vacíos
En todo caso, el
alquiler forzoso es sólo una de muchas medidas enfocadas a garantizar el
derecho a la vivienda en Catalunya. La LDHC de 2007 contemplaba otras medidas
para incentivar la puesta en alquiler de los pisos vacíos. Una de ellas es la
posibilidad de que las administraciones locales puedan sancionar los pisos
largamente desocupados. El gobierno de la Generalitat, que reivindica las
medidas tomadas en los últimos meses en materia de vivienda, propuso también un
impuesto a los pisos vacíos, aprobado la semana pasada en el Parlament. La
propuesta convergente ponía sobre la mesa un impuesto anual de entre 500 y 1.650, aunque la ley
vigente establece multas de hasta 900.000 euros. Esta medida, sin embargo, también
quedó en un cajón desde su aprobación en 2007, hasta que la PAH comenzó a
reivindicarla.
Más de un
centenar de ayuntamientos catalanes han aprobado mociones impulsadas por la PAH
para aplicar estas sanciones. Según recoge el informe Emergencia
Habitacional en Catalunya, municipios como Girona y Santa Coloma, siguiendo la experiencia de Terrassa, han
iniciado las comprobaciones sobre la existencia de pisos vacíos y ya han
llegado a imponer multas coercitivas de entre 3.000 y 5.000 euros. El
informe recuerda, sin embargo, que el objetivo de las mociones de la PAH no son
las multas sino reconvertir los pisos vacíos en alquiler social, y Terrassa,
pionera en esta medida, ya ha movilizado más de 100 pisos. La ley apunta a que
la Generalitat también puede aplicar estas sanciones, pero el secretario Carles
Sala apunta, a pesar de los años que ha tardado en utilizarse la norma, que
sólo podría hacerlo "por inacción municipal".
Compra d'habitatges
La LDHC también
faculta a los municipios a establecer zonas de tanteo y retracto, es decir,
áreas en las que el ayuntamiento tiene preferencia ante cualquier otro
comprador a adquirir una vivienda por el mismo precio. Esta medida, pensada
sobre todo para evitar la especulación y la gentrificación en algunos barrios,
puede servir también para aumentar el parque de vivienda pública de que
disponen las administraciones.
A pesar de la
vigencia de esta medida, la Generalitat decretó el pasado mes de marzo el derecho a tanteo y retracto específicamente para los
pisos provenientes de desahucios. Esta
fue su respuesta a la amenaza de los fondos buitres, que estaban adquiriendo pisos por entre 5.000 y 20.000 euros. La semana pasada la Generalitat
formalizó la compra de 40 pisos por esta vía. Por su parte, la alcaldesa de
Barcelona Ada Colau ha expresado su voluntad de declarar toda la ciudad zona de tanteo y retracto con la LCDH para poder dedicar más
pisos vacíos, ahora en manos de particulares, al alquiler social.
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