LA RENTA DE CIUDADANÍA como indemnización por el coste social de la crisis
A los costes
sociales de la última crisis del capitalismo local, hay que añadir que la
ciudadanía española, en tanto que contribuyente, lleva décadas pagando costes
privados sobre los que no posee ni control ni beneficio: quiebras bancarias,
bancarrotas de autopistas, cierres de centrales nucleares, sondeos fallidos de
fracking… Es justo, pues, reclamar una contrapartida a este esfuerzo nacional.
Esta indemnización social refuerza el argumento político y moral para
reivindicar un Ingreso Ciudadano. Aunque Podemos renuncie a empoderar a la
gente y se conforme ahora con algo tan viejuno como el humillante artefacto del
ingreso de inserción.
El listado de
ayudas, socorros y rescates al tinglado financiero y gran empresariado del país
es demasiado extenso como para hacer inventario en esta página. A las ayudas
registradas en el Boletín Oficial del Estado hay que añadir los casos de
corrupción que afloran día a día, apestando el ambiente con su nauseabundo
aroma Cada una de esas corruptelas suponen un doble coste: lo que se embolsa el
corrupto más lo que se lleva el corruptor en forma de adjudicaciones de
contratos de la Administración.
Un recentísimo
ejemplo de ayuda pública con dinero del Estado es el acuerdo del Consejo de
Ministros mediante el cual la empresa Enagás, participada por el Estado y con
varios ex dirigentes del PP en su consejo de administración, deberá indemnizar
con 1.350 millones de euros a la compañía Escal UGS, participada en un 67 por
ciento por ACS, la constructora que preside el mandatario del Real Madrid,
Florentino Pérez.
Esta compañía ha
recibido ya esa astronómica indemnización por el fracaso de la planta de
almacenamiento de gas Castor cuya operación empezó a causar terremotos en las
costas de Tarragona y Castellón debido a las deficiencias de ingeniería y
construcción de la obra. Esta astronómica cantidad se irá repercutiendo en la
tarifa del gas de los consumidores durante los próximos 30 años. Todo un canto
al revés al tan cacareado riesgo empresarial que glorifica la iniciativa
privada.
Esta última ‘estafa
legal’ —estafa política y moral legalmente instrumentada— del Gobierno coincide
en el tiempo con la intensificación del debate sobre la oportunidad de instaurar
una Renta Básica de Ciudadanía (RBC). Debate
incentivado en la opinión pública por Podemos, el recién nacido partido
político cuyos líderes han agitado la bandera del ingreso ciudadano como forma
de ganar popularidad en la opinión pública. Vean si no, este
vídeo en el que Pablo Iglesias junior explica, con aparente
convicción, principios idénticos a los que llevamos defendiendo
desde hace muchos años desde el Observatorio de Attac y la Red de Renta
Básica.
No obstante, Podemos
acaba de descartar la Renta Básica de su programa de gobierno. Lo cual era previsible
tras encomendar la redacción del mismo a los economistas Viçens
Navarro y Juan Torres, ambos manifiestamente opuestos al
ingreso universal. En su lugar, proponen algo tan viejuno como ¡una renta de inserción!
para quienes no tengan trabajo. Lo que implica, a la postre, situar al
desempleado bajo la eterna sospecha de holgazanería y convertirlo en víctima
propicia para ese afán de vigilar y castigar al que tan aficionada es la derecha
pura y dura.
Aparte de las habituales truculencias con que los
voceros del Orden Establecido denostan la RBC, no faltan en este debate quienes
opinan que el ingreso garantizado sólo
serviría para apuntalar el capitalismo impidiendo
avanzar hacia el socialismo. Opinión muy respetable que se derrumba ante un
pequeño detalle: ahora mismo, el socialismo ni está ni se le espera.
No sólo no estamos
en vías de construcción de una sociedad organizada de acuerdo a un modelo de
socialismo. Antes bien, huelga recordar que nos hallamos bajo el aplastante
dominio de un capitalismo sin trabas. Sin que haya una fuerza de izquierda
capaz de hacerle contrapeso. Ni siquiera como la encarnada en su día por la
socialdemocracia coherente con el Estado del Bienestar, a la que Podemos
declara imitar.
Más allá de los
apriorismos ideológicos, la realidad es que vivimos en una sociedad con una
elevadísima tasa de desempleo y, lo que es todavía mucho peor, con una gran
masa de trabajadores pobres. Es decir, un precariado sometido al más absoluto
dominio por parte de los empleadores.
Al creciente sector
de ciudadanos que se encuentran sometidos a las servidumbres del desempleo, la
precariedad y la pobreza le importan poco las especulaciones de salón sobre si
la implantación de la RBC desembocaría en el fortalecimiento aún más de un capitalismo
desenfrenado. Y yo, que vengo de ese mundo, lo que sé es que, aquí y
ahora, con una RBC cuya cuantía fuera de un céntimo por encima del umbral
de pobreza, dejaría de haber pobres y working poors en nuestra
sociedad. Y, por tanto, aumentaría la libertad real de las personas, o sea, de
su derecho a decidir. Expresión que está de moda hoy referida a una abstracción
nacionalista, no al derecho universal de las personas de carne y hueso a
decidir qué hacer hoy, mañana y pasado, con su vida.
¿Por qué una renta
de ciudadanía no ha de significar progreso? ¿Acaso reivindicar un ingreso
mínimo es tan diferente de exigir servicios de Salud y Educación
públicos? Hablamos, claro está, de una renta de ciudadanía, no de esa
humillante renta de inserción ante la cual se ha rendido las propuestas de
Podemos. Una renta de inserción condicionada es un factor de servidumbre,
un artefacto de dominación sobre las personas. Un ciudadano de pleno
derecho es parte integrante de la comunidad política en la que vive y por tanto,
no necesita ser insertado en lugar alguno. Es el Sistema el que ha fallado y
es, pues, al Sistema, a quien corresponde indemnizar al ciudadano a cuenta de
los daños causados por la avería.
Frente a inserción,
insurgencia. A la ciudadanía perjudicada y no indemnizada le asiste el
legítimo derecho a la rebelión.
En su Preámbulo, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (1948) considera esencial que los derechos humanos sean
protegidos por un régimen de Derecho “a fin de que el hombre no se vea
compelido al supremo recurso de la Rebelión contra la tiranía y la opresión”.
Lo que en buena lógica significa que la rebeldía es legítima si el Estado que
la haya suscrito no cumple las garantías especificadas en la Carta.
José A. Pérez - ATTAC Madrid
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