Los ciudadanos españoles son los
que más protestan de toda Europa. ¿Por qué? Las protestas son más frecuentes
cuando los poderes públicos son poco receptivos a las demandas ciudadanas
formuladas por otras vías y pueden ser vistas como un síntoma de baja calidad
democrática. Si el Gobierno de verdad quisiera reducir la frecuencia de las
protestas sería más efectivo escuchar a los manifestantes que multarles.
El Gobierno piensa que los ciudadanos protestan demasiado. En los
últimos meses ha contrapuesto repetidamente los movimientos sociales a una
supuesta “mayoría silenciosa” y ha intentado actuar por la vía penal contra los
organizadores de protestas como Rodea el Congreso o los escraches. La futura Ley
de Seguridad Ciudadana prevé multas de hasta 600.000 euros para actividades
perfectamente pacíficas tales como concentrarse ante un parlamento o “zonas de
seguridad” definidas por la Policía, convocar por redes sociales una
manifestación o grabar la actuación de las fuerzas de seguridad.
Hasta cierto punto, hay que reconocer que el Gobierno lleva razón.
España es el país europeo en que más se protesta con diferencia. El siguiente
gráfico muestra el porcentaje de entrevistados en la Encuesta Social Europea
que dice haber participado en una manifestación en los últimos 12 meses en
2004, 2008 y 2012 en 10 países. La elevada participación en el estado español
no se debe a la crisis económica; la participación ya era muy elevada antes. En
concreto, entre el 12 y el 16 por ciento de los encuestados dicen
haberse manifestado.
haberse manifestado.
¿Por qué protestamos tanto? Aunque la respuesta a esta pregunta es
compleja, una explicación propuesta por la profesora de Ciencias Políticas de
la UPF Mariona Ferrer es que la protesta y la política convencional funcionan
como actividades sustitutas. Si un ciudadano pretende influir sobre el proceso
político entre elecciones tiene, simplificando mucho, dos opciones: participar
en una asociación que haga presión por canales oficiales establecidos
(incluidos los partidos) o participar en actividades de protesta. La actividad
que escoja será la que perciba como más efectiva. En contextos en que los
poderes públicos tienen abundantes canales de comunicación abiertos y son
receptivos a las propuestas de la ciudadanía, la forma de participación más
efectiva será la institucional. En cambio, si el sistema político es poco
permeable a la participación ciudadana queda la acción de protesta que puede
influir de forma indirecta a través de la opinión pública. La investigación
existente da apoyo a esta idea: la correlación negativa entre la tasa de
participación en actividades de protesta y actividades más convencionales es
negativa.
Que haya muchas manifestaciones, desde esta perspectiva, es un síntoma
de baja calidad democrática y de poca apertura del sistema político a las
opiniones de la ciudadanía y la voluntad del Gobierno de incrementar las
sanciones económicas confirma este diagnóstico. Es difícil entender de qué
manera una manifestación pacífica, esté o no comunicada, puede comprometer
seriamente la seguridad ciudadana. Cabe destacar que la represión económica,
aunque poco visible, ya se usa de forma habitual en contra de movimientos
molestos. Por poner un ejemplo, varios asistentes a una asamblea pública (¡que
ni siquiera cortó el tráfico!) convocada por la PAH en la plaza de Santa
Bárbara de Madrid en abril recibieron multas de entre 300 y 1.500 euros. La
nueva legislación permitiría imponer multas de hasta 600.000 euros. Claramente,
la lógica de imponer sanciones económicas desorbitadas a actos perfectamente
cívicos como este no es defender ni la seguridad ni ningún derecho fundamental.
Estas medidas no
sólo muestran intolerancia por parte del Gobierno a opiniones que no coinciden
con las suyas y poco respeto a derechos fundamentales como el de manifestación
sino que acrecientan el problema de fondo de la bajísima receptividad del
sistema político. Como si no hubieran ya bastantes, las medidas dan nuevos
motivos para protestar.
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