¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA ILP CONTRA LOS DESAHUCIOS?
La iniciativa legislativa popular impulsada por la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Observatorio de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y otras organizaciones sociales y sindicales,
ha sacudido el debate público. Y lo ha hecho por varias razones. Desde luego,
porque ha puesto en evidencia la frivolidad y la incompetencia de los partidos
mayoritarios a la hora de lidiar con la tragedia de miles de familias engañadas, expulsadas
de sus casas y condenadas a deudas inasumibles. Pero también porque ha sabido vincular
este drama concreto a un fenómeno más profundo: el de la patológica relación
entre el sistema de partidos y el concentrado poder económico y
financiero de nuestro tiempo. Esta relación, como denunciaba nuestra compañera Ada Colau,
es a menudo delictiva. Está en la base de la corrupción emergente y del
vaciamiento de derechos civiles y sociales básicos reconocidos en
constituciones y convenios internacionales. Y es una causa central del bloqueo
democrático de un régimen reacio a debatir a fondo cualquier demanda social que
pueda desbaratar este oscuro lazo entre política y dinero.
Este bloqueo no es del todo nuevo. Hunde sus raíces en la
transición y en el régimen constitucional que se generó luego. La lucha
antifranquista, en efecto, forzó a la constitución de 1978 a comprometerse con
un modelo de "democracia avanzada" que no se agotara en la
convocatoria de elecciones cada cuatro años. Sin embargo, dicho compromiso no
tardó en diluirse a favor de una democracia de representantes, controlada por
unos pocos partidos y tutelada, precisamente, por ese bloque de poder
financiero-inmobiliario-constructor que ha transitado sin mayores sobresaltos
desde la dictadura hasta nuestros días. La desconfianza con la que se
consagraron los instrumentos de participación ciudadana directa, como los
referendos o la iniciativa legislativa popular, es un reflejo de este modelo de
democracia de baja intensidad. Que no solo fue una imposición de los
partidos más conservadores, sino que contó con el
beneplácito de las izquierdas institucionales que esperaban beneficiarse de él.
La admisión a trámite de la ILP ha sido bloqueada por todas las vías
posibles
Casi treinta y cinco años más tarde, los afectados por la
estafa hipotecaria han sido víctimas calificadas de aquel "consenso"
original. Para hacer oír su voz en las instituciones, han tenido que atravesar
una feroz carrera de obstáculos. La propia admisión a trámite de la ILP, previa
a la recogida de firmas, fue bloqueada por todas las vías posibles. Una de las
más groseras fue la súbita aparición
de un extravagante partido "verde ecopacifista" que
intentó neutralizar la iniciativa presentando su propia propuesta y que al
final resultó ser una tapadera vinculada a promotores inmobiliarios. Superada
la admisión a trámite, la PAH y el resto de entidades promotoras de la
iniciativa tuvieron que asumir unos gastos que, si acaso, solo se compensarán
al final del proceso y de manera muy defectuosa, algo que perjudica claramente
a las iniciativas de colectivos con pocos recursos. Igualmente complicado era
superar la exigencia de las 500.000 firmas, un número muy superior al que se
requiere en países como Austria, Italia o Suiza. Solo la dimensión de la
tragedia y la admirable entrega de activistas y afectados explican que el
número final de firmas conseguidas haya bordeado el millón y medio. Una cifra
que triplica la cantidad
exigida por la ley y que no incluye las
simbólicamente recogidas a miles de familias migrantes (que fueron consideradas
"sujeto de crédito" cuando convenía a los bancos pero a las que ahora
se niega el derecho de iniciativa por no ser "ciudadanos").
Ni la PAH, ni ninguno de los promotores de la medida tendrán derecho a
explicarla y defenderla ante la Cámara
A pesar de los ingentes esfuerzos realizados, la ILP se topará
hoy martes con un escollo ulterior: la toma en consideración por parte del
Congreso, esto es, una votación global en la que se decidirá si la iniciativa
continúa su tramitación o no. Ni la PAH, ni ninguno de los promotores de la
medida tendrán derecho a explicarla y defenderla ante la Cámara (algo que la
reforma de la ley de iniciativas realizada por el gobierno de Rodríguez
Zapatero podría haber previsto de manera clara, pero no lo hizo). Esto
permitirá al Partido
Popular ejercer su anunciado derecho de veto y
arrojar a la basura el esfuerzo de todos estos meses sin tener que dar mayores
explicaciones. En realidad no haría falta. Cuando una iniciativa legislativa
popular se tramita como proposición de ley, los partidos pueden modificar e
incluso a distorsionar a placer la propuesta originaria, sin que los promotores
tengan el derecho a retirarla (solo la legislación aragonesa sobre iniciativas
populares legitima específicamente a la comisión promotora para solicitar la
retirada).
La PAH ha reclutado más adhesiones que muchos partidos con
representación parlamentaria
En defensa de su posición, el gobierno ha sostenido que una
minoría social no puede pretender imponer su punto de vista a mayorías
parlamentarias apoyadas por millones de personas. Este argumento, empero,
presenta varios problemas. De entrada, la PAH ha reclutado más adhesiones que
muchos partidos con representación parlamentaria. Y todo ello sin recurrir a
las turbias fuentes de financiación a las que recurren los más poderosos de
entre ellos. Según las encuestas, la adhesión a la causa de los desahuciados
alcanza al 90 por ciento de la población, incluidos muchos expertos y jueces.
Para conocer el alcance real de este porcentaje, la PAH podría convertir su propuesta en una
iniciativa de consulta al conjunto de la ciudadanía.
En países tan disímiles como Suiza o Ecuador esto sería perfectamente viable.
Pero no en España, donde la democracia de baja intensidad pergeñada tras la
transición otorga al gobierno la llave exclusiva de la convocatoria de
referendos consultivos.
Si rechaza la toma en consideración de la ILP, el gobierno
podrá anotarse una victoria. Pero será una victoria pírrica. Desde la guerra de
Irak, de la que pronto se cumplirá un nuevo aniversario, nunca la distancia entre mayoría legislativa y
mayoría social había parecido tan grande. También
entonces, el gobierno del Partido Popular se enrocó en su posición, alegando
que los votos obtenidos le autorizaban a seguir adelante. Tiempo después, ya no
estaba en el gobierno. Sea cual sea el resultado de lo que ocurra este martes,
habrá que tener presente aquel episodio. Porque lo que la PAH ha puesto en la
calle no es solo la injusticia de una nueva guerra emprendida contra los
desahuciados. Es la injusticia y la violencia de una guerra emprendida contra
la mayoría de la ciudadanía, que no cesará hasta que el régimen político y
económico heredado de la transición no sea democratizado de la cabeza a los
pies. La manifestación del próximo sábado 16 debería servir para avanzar en esa
dirección.
Gerardo
Pisarello y Jaume Asens @jaumeasens
Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entidad promotora de la ILP
Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entidad promotora de la ILP
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