UNA CASA PARA SIEMPRE, BARATA, DIGNA Y SIN HIPOTECAS
La fórmula de la cooperativa: desde 6.000 euros de depósito y 300 euros de cuota, sin depender del banco. Ya funciona en Dinamarca; una organización ha presionado durante 4 años para hacerla legal en Catalunya
Pagas como mucho un depósito de 6.000 o 12.000 euros por la casa. Sin bancos de por medio. Luego abonas una cuota de 300 a 700 euros mensuales, como un alquiler pero más barato y que te da derecho a usar la casa como quieras sin límite en el tiempo. No puedes venderla ni alquilarla, pero sí darla en herencia. Si te cansas, si te quieres ir, te vas; no hay hipoteca que te persiga. Dejas de pagar la cuota y, además, se te devuelve el depósito con la subida del IPC incluída.
No es ninguna ocurrencia trasnochada; es el proyecto de Sostre Cívic, una organización que lleva más de 5 años trabajando por encontrar un nuevo modelo de acceso a la vivienda que no dependa de la especulación y el abuso de inmobilarias, bancos y mercados. El modelo de Sostre Cívic no solo suena bien sino que ha pasado todos los filtros de rigor empresarial de Ashoka, una red internacional de filantropía que financia ideas de economía social con criterios muy exigentes. El modelo tiene precedentes en Dinamarca o Alemania y nombre propio: cooperativa de uso.
Eso significa trascender las cooperativas que se organizan solo para constuir y mantener la autogestión también durante el tiempo en que se vive en el edificio. Es una figura que no encaja bien en la mayoría de las leyes de vivienda que existen en España, con lo que Raül Robert, responsable de Sostre Cívic, se ha pasado los últimos cuatro años no construyendo y gestionando viviendas – como le habría gustado – sino “convenciendo a los técnicos de los Ayuntamientos y a los políticos de que esto tiene sentido, haciendo alegaciones a la actual ley de vivienda de Catalunya y promoviendo cambios en las normativas”. Su trabajo de pedagogía política dio frutos en marzo de 2010, cuando las leyes cambiaron para dar sitio al “derecho de uso” como fórmula que no es usufructo ni alquiler.
Volvamos al mecanismo. El esquema está pensado para funcionar en pueblos de 6.000 a 30.000 habitantes, más que en grandes ciudades. El Ayuntamiento cede el derecho de uso del suelo durante 35 años de manera que siga siendo patrimonio público pero gestionado por la cooperativa. “Nosotros somos los que soportamos el endeudamiento, no el usuario de la vivienda”, nos dice Robert. “Perdemos dinero con la construcción y la gestión y luego lo recuperamos con los depósitos iniciales y poco a poco con las cuotas, de manera que incluso podemos pagar un canon anual al Ayuntamiento”. De grandes beneficios, nada de nada. “Eso de que para tener una vivienda hay que depender del banco no es verdad en otros lugares de Europa; el banco es sólo una manera, pero hay otras”.
Sin embargo, con la ley a favor el viento se le ha puesto en contra. “Con la crisis se han congelado las ayudas y la construcción de viviendas públicas”, se lamenta Raül, porque entre ellas estaban algunas de las suyas. Como las 40 casas que tenían ya adjudicadas en un paquete de 4.000 que se proyectaron en 2006 en la localidad de Cerdanyola. La obra se detuvo “cuando se terminó de hacer la primera calle”. La construcción desmesurada incluso en pequeñas poblaciones ha dejado un cementerio de miles de casas vacías que por impago o falta de venta son propiedad de los bancos y cajas de ahorros, cómplices improbables del modelo de derecho a uso. Por ahora, solo 9 viviendas en Santa María d’Oló se autogestionan gracias a una cooperativa. Otras 25 familias están esperando casa para poder formar su propia cooperativa.
Como alternativa al boom inmobiliario y a la espera de que se hagan públicas las nuevas ayudas a la vivienda en Catalunya, Sostre Cívic afina el tiro para sobrevivir a la crisis. “Ahora mismo estamos apostando por la rehabilitación. Buscar viviendas que lleven 20 o 30 años vacías en pequeñas ciudades o pueblos, localizar al propietario, investigar con él el estado de la casa y calcular si podemos pedirle que nos la ceda durante un periodo largo de tiempo para poder formar una cooperativa. Además de pagarle un canon, como le pagaríamos al ayuntamiento, el compromiso es devolverle la casa rehabilitada”. Raül tiene claro que “ningún promotor inmobiliario perdería el tiempo en tan poca cosa. Lo hacemos como proyecto social, económico y ecológico”. De vocación, inmobiliario social.
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